La enérgica reacción pública, así como de legisladores y del equipo de transición, logró suspender el programa Conagua Digital, que hubiera permitido iniciar el otorgamiento automático y masivo de concesiones de aguas nacionales y zonas federales a solicitantes privados, desde octubre pasado. La ciudadanía está mostrando músculo.

El rechazo frente a cualquier medida percibida como “privatizadora” del agua ha hecho caer uno tras otro, a lo largo de éste sexenio, cinco intentos de permitir mayor control corporativo del líquido vital, estos son: las iniciativas de Ley General de Aguas de David Korenfeld (ex director de la Conagua) y del Diputado Ignacio Pichardo; la “ley Mancera” para la Ciudad de México; la iniciativa de ley estatal de Kiko De la Vega en Mexicali y los 10 Decretos levantando vedas de Enrique Peña Nieto.

En el transcurso de estos intentos, han surgido voces que intentan explicar que estas medidas no convierten el agua en propiedad privada, y que intentan convencernos de que no podremos cumplir con el derecho humano al agua sin inversiones privadas. A la mayoría de quienes sufrimos las crisis del agua, nos queda cada vez más claro que las aguas nacionales y los recursos federales están beneficiando a una poderosa minoría, mientras que los pobladores en general pagamos el costo económico, social y ambiental, que incluye desde altos desembolsos, enfermedades por la contaminación hídrica, hasta la criminalización de los defensores del agua. Quienes controlan el agua y toman hoy las decisiones son los beneficiarios de este modelo de gestión hídrica, los afectados por él, son excluidos de la capacidad decisoria.

El debate para responder a la pregunta: ¿privatización o democracia? apenas se inicia. Necesitamos entender que la privatización se basa en el control de las concesiones, el otorgamiento de concesiones para megaobras hidráulicas, el desvío de recursos públicos para subsidiar a las empresas, la privatización de sistemas municipales de agua y saneamiento, el acaparamiento de posiciones consultivas del agua por grandes corporativos y sus representantes.

El control privado sobre las aguas de los pueblos y de la Nación se ha ido consolidando bajo la actual Ley de Aguas Nacionales (1992) que sometió su administración a un sistema de concesiones, objeto de compra y venta. Mientras que desde 1917 hasta 1992 fueron otorgadas dos mil concesiones bajo esta ley, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha otorgado 500 mil concesiones de aguas nacionales desde 1992, ello con vigencia de hasta 30 años, renovables, sin revisión pública y en violación de las vedas, de los derechos de pueblos originarios y de la disponibilidad hídrica. Actualmente, 104 acuíferos y 106 cuencas se encuentran sobreexplotados y el 7 por ciento de los titulares controlan más de 70 por ciento del volumen concesionado.

La reforma a la LAN en 2004 expandió la participación privada para incluir el concesionamiento de las grandes obras hidráulicas del país, dando lugar a obras extraordinariamente caras y mal concebidas como son la megaplanta de tratamiento Atotonilco, la desaladora de Rosarito, el fallido acueducto Monterrey VI y la anunciada expansión del Sistema Cutzamala, entre otras. Empresas extranjeras en quiebra, como Abengoa, a cargo de la presa y acueducto El Zapotillo, han sido rescatadas por el Estado mexicano, en este caso a pesar del incumplimiento y la demanda millonaria de esta empresa contra México por la cancelación del confinamiento de residuos en Zimapán, Hidalgo.

Mientras tanto, una serie de leyes estatales han sentado las bases para la privatización parcial o total de sistemas municipales en Aguascalientes, Saltillo, Ciudad de México, Quintana Roo, Puebla y Veracruz. Estos sistemas, escogidos por su rentabilidad, han sufrido alzas de tarifas por encima de las acordadas (Saltillo), sobrecargos en los servicios (Ciudad de México), incumplimiento con compromisos de inversión, arreglos secretos con las autoridades en turno, e incluso un pago exorbitante (1080 millones) al gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, quien se fugó llevándose con el recurso. Dinámicas como éstas han llevado a la desprivatización y democratización de sistemas del agua en 235 ciudades del mundo, incluyendo a Buenos Aires, Montevideo, Cochabamba, París, Berlín, Atlanta y, aquí en México, de Ramos Arizpe, Coahuila.

La participación del sector privado predomina, así mismo, en las instancias “participativas” previstas por la LAN. Los Consejos de Cuenca son conformados casi exclusivamente por representantes de los grandes concesionarios del agua en cada región, y en el Consejo Consultivo del Agua se sientan representantes de los grandes intereses: Suez, Aguas de México, Constellation Brands, Nestlé, Coca Cola, FEMSA, Heineken, Peñafiel, Petrobal, Morgan Stanley y Grupo BAL de Alberto Bailléres, entre otros.

Esto va a cambiar. La reforma al 4º Artículo Constitucional del 8 febrero 2012 dio un plazo de 360 días para remplazar las actuales leyes del agua con un nuevo marco legal e institucional centrado en el derecho humano al agua, en el cual la ciudadanía y los tres niveles de gobierno tendremos que participar conjuntamente para lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido, en un contexto de respeto por los derechos de los pueblos originarios a las aguas en sus territorios.

Pueblos originarios, investigadores, organizaciones campesinas, sindicatos, ambientalistas, empresarios preocupados por la impunidad ambiental, defensores de derechos humanos y afectados por la sobreexplotación, la contaminación y cortes y tarifas injustas llevan seis años y medio consensando y recolectando firmas para la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. El proceso ha sido abonado por amplias experiencias en la gestión de sistemas locales de agua, la construcción de comisiones ciudadanas-gubernamentales de gestión de cuencas, el diseño de sistemas para la captación de aguas pluviales y tratamiento y reúso local de aguas residuales y la elaboración consensada de planes hídricos para la sustentabilidad con equidad.

Afortunadamente, los planetas se están alineando. Los pueblos, la ciudadanía, el gobierno electo y ambas cámaras del Congreso de la Unión han expresado su compromiso de poner fin al incumplimiento por parte de la LXII y LXIII legislaturas y lograr, a través de un profundo proceso nacional, una Ley General de Aguas que abra una nueva etapa de buen gobierno del vital líquido en el país, por la vía de la democratización de la gestión del agua.

Elena Burns y Pedro Moctezuma

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