Por Charlie Punzo

Hablar de transición energética, precisa una amplia comprensión de que no existe tal cosa como energía renovable; existen flujos de energía renovables como el Sol, viento o agua, pero la tecnología que requiere para la generación y almacenamiento de energía, no lo es, pues para su producción y desarrollo, necesita de minerales y metales extraídos mediante minería altamente invasiva y destructiva de los suelos, vegetación y cuerpos de agua, como lo es la minería a cielo abierto; sin mencionar la innegable dependencia de la energía fósil, como el gas, para el funcionamiento de las centrales generadoras.

Y es la extracción de este último, una de las principales batallas para cientos de pueblos y comunidades de nuestro país, debido al fracking o fractura hidráulica que impacta considerablemente el equilibrio ecológico del territorio donde se realiza, contaminando irremediablemente sus suelos y aguas, y afectando la vida de las personas que lo habitan. Mientras tanto, la minería a cielo abierto, que se utiliza para la mayoría de los llamados minerales críticos, va devorando lenta y monstruosamente los cerros y montañas que resguardaban la existencia de nuestros ancestros, transformando sus aguas en ríos de muerte, y volviendo la tierra infértil.

Dados los impactos adversos de ambas actividades, y su necesaria inclusión en la política de protección ambiental, el 05 de febrero de este año, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentó dentro de su paquete de 18 iniciativas de reforma, la propuesta de prohibición a nivel constitucional tanto de la fractura hidráulica como de la minería a cielo abierto. No obstante, continúa a la espera de ser discutida y aprobada en Pleno, a pesar de que, en agosto, el dictamen de reforma fue avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tras asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum retomó en su discurso los “100 pasos para la transformación”, que dio a conocer durante su campaña, y los cuales presentó de manera formal al confirmarse su triunfo. No obstante, su discurso, así como el documento mismo con los compromisos adolecieron de dos grandes omisiones: el fracking y la minería a cielo abierto, lo que mantiene la incertidumbre frente a una realidad climática que rebasa el discurso político. Tan sólo este año en México se han experimentado temperaturas cálidas sin precedentes, con sequías que alteraron los ciclos del campo en la producción de alimentos amenazando la seguridad alimentaria de todo el país; aunado a la llegada de huracanes y tormentas que volvieron a devastar parte de las costas mexicanas, damnificando a miles de personas de estas regiones.

Estos impactos se exacerban en la medida que se rebasan los límites planetarios, los cuales delimitan la capacidad de la biosfera para recuperarse de las perturbaciones (ocasionados principalmente por las actividades humanas) y que se encuentran asociados, precisamente, a los actuales modelos extractivos que reducen la capacidad de regeneración de los ecosistemas, y con ello cualquier posibilidad de la reproducción de la vida en el planeta. Estas actividades extractivas, como la minería a cielo abierto, tienen una fuerte presencia en México que, adicional a los daños ambientales, fracturan los sistemas, cultura y los derechos de los pueblos y comunidades que habitan los territorios.

Recientemente la omisión fue reiterativa. Con la acostumbrada velocidad en la aprobación de las iniciativas presidenciales, fue aprobado en la Cámara de Diputados, el dictamen en materia de Empresas Públicas del Estado, en la que se incluyó la reforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, para establecer que “el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales.”

En notoria contradicción al propio texto de la minuta con la esencia de la protección ambiental, “se perdió” la oportunidad de retomar la propuesta de prohibición del fracking y de la minería a cielo abierto, y dar continuidad a aquella promesa que parecía representar una luz en los largos y extenuantes procesos de resistencia de pueblos y comunidades afectados por estas actividades extractivas.

Si bien nos encontramos en el primer mes del inicio del nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum, citando a la misma Presidenta: “sólo lo que se nombra existe”, y tanto la política energética como la climática se encuentran estrechamente relacionadas con gran parte de los procesos de defensa del territorio y los derechos de las poblaciones indígenas, no indígenas y afromexicanas que históricamente se han visto afectadas por los megaproyectos extractivos y energéticos, por lo que no puede perderse ninguna oportunidad para nombrarles, incluirles, pero sobre todo hacerles partícipes de las decisiones legislativas y administrativas que ineludiblemente afectan y afectarán su esfera de derechos y cualquier esperanza de la reproducción de la vida.

* Charlie es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

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