Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, seguramente está satisfecho con los resultados de la votación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde su partido obtuvo 30 votos a favor, contra 21 de la oposición, en la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que, recordemos, es uno de los objetivos estratégicos de final de sexenio.

Y está contento por una doble razón: queda bien con el Presidente López Obrador, quien es el factótum de poder en Morena, y por ello da un paso firme a su nominación como candidato a la gubernatura de Puebla.

Ahora, el dictamen se discutirá en el pleno de la Cámara donde Morena y sus aliados tienen mayoría absoluta. Y es altamente probable que se ratifique lo votado en la Comisión, sin embargo, como veremos más adelante, esto no se acaba ahí porque algunos de estos fideicomisos son constitucionales.

El argumento para justificar está extinción viene de cuando el Presidente López Obrador en una postura irreductible inició una cruzada contra el Poder Judicial, y en particular contra los ministros de la Suprema Corte, a los que en distintos momentos llamó “corruptos y casta de privilegiados” y ahora, los considera el “copete de los privilegios”.

No es casual, entonces, que Morena y aliados hayan actuado en consecuencia diciendo que esos fideicomisos “son usados, en su mayoría, para el pago de lujos, privilegios y excesos de los altos funcionarios”.

Cierto, se cumple la regla de la mayoría en democracia, esos 30 votos habrán de ampliarse a la hora de la votación y, si no sucede otra cosa, el dinero del presupuesto y de los fideicomisos probablemente se destinará a los fondos de la Tesorería de la Federación para de ahí, muy probablemente, se disperse en las obras insignia y programas sociales de este Gobierno que buscaran convertirlos en votos en 2024.

Y es que hoy todo lo que hace el Gobierno federal –mejor, los gobiernos de distinto color– está pensado en clave de elecciones y conservación del poder.

Sin embargo, también, aunque resulte exagerado, para cumplirle a la animosidad que el Presidente tiene contra los miembros del Poder Judicial y es que, se parte del argumento político de que quitándole presupuesto y los fideicomisos este Poder tendrá menos margen para la buena aplicación de la ley.

Es decir, la apuesta del Presidente y su mayoría es crearle problemas al Poder Judicial de manera que jueces y ministros estén entretenidos en la discusión sobre los efectos que tendrían estas modificaciones a su estructura administrativa y los compromisos laborales con sus 55 mil trabajadores cosa que está por verse.

“La extinción de los fideicomisos –dice la Suprema Corte– SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF. Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, además, “estos derechos adquiridos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, así como en instrumentos legales”.

O sea, los mexicanos nuevamente seremos testigos no sólo de un choque entre poderes sino, también, de una discusión sobre la constitucionalidad estos actos de la mayoría morenista que todo indica enfrentarán acciones de inconstitucionalidad que deberán resolver los ministros de la Corte.

Incluso, veremos, más temprano que tarde, la movilización de los 55 mil trabajadores en defensa de lo conquistado y quizá, eso explique, la expresión incierta de López Obrador y Mier Velazco de que “los servidores públicos y trabajadores de este Poder están protegidos y salvaguardados”.

No obstante, ya está el llamado de los líderes del Sindicato Nacional del Poder Judicial a un Paro Nacional para los próximos días.

Y es que estos coinciden con el argumento de la Corte que expresamente señala las afectaciones laborales destacando la presunta mentira presidencial: “Los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros. Ninguno de los 14 fideicomisos cuenta con recursos que se destinen a pagar alguna prestación para las ministras y los ministros de la Corte. El fideicomiso relacionado con casas habitación de las personas magistradas y juezas, cubren gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones, como es el apoyo para contar con un lugar para residir cuando cambian de adscripción en cumplimiento de las necesidades de la Judicatura”.

No hay duda de que para el proyecto transexenal del Presidente López Obrador el Poder Judicial es un estorbo, un enemigo a vencer y eso, ha creado animadversión por ese colectivo de ley y haya puesto en marcha una estrategia para minarlo, reducirle sus competencias y capacidades para hacerlo inoperativo. Lo extraño es que lo haga ahora cuando no cuenta con los votos necesarios para una reforma constitucional y, tampoco, de la mayoría de los ministros sobre la función de los fideicomisos.

Con este tipo de acciones políticamente el proyecto del Presidente avanza unos pasos, sin embargo, cuando se discuta sobre la constitucionalidad de la extinción veremos a la oposición combatiendo estas decisiones que terminara resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene, pues, un futuro claro.

Y es que no hay vuelta de hoja, está decisión que asume la mayoría de la Cámara de Diputados y que atiende a las necesidades y humores del Presidente López Obrador, está llamada a estallar en medio de las campañas electorales lo que significa que el voto de este segmento de trabajadores muy probablemente lo pierda Morena en las elecciones de 2024.

En definitiva, el paso que se ha dado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y que buscara consolidarse en el pleno de la Cámara de Diputados, es el preámbulo de un objetivo ya anunciado dentro del llamado plan B que busca, recordemos, ganar con sus aliados la mayoría calificada de ambas cámaras para desde ese “mundo ideal” obradorista realizar una reforma al gusto no de la diversidad expresada en el Poder legislativo sino, al de un solo hombre, el del presidente de la República.

Y la nominación para Puebla quizá esta envenenada.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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