Documentos de la Sedena, filtrados por el grupo de hackers “Guacamaya” y a los que tuvo acceso SinEmbargo, muestran cómo esta dependencia solicitó a la Consejería Jurídica de la Presidencia información sobre quiénes se ampararon contra el Tren Maya a la par que advirtió que los opositores de esta obra “omitían información” como el hecho de que se trata de una zona “ya impactada”.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Al menos desde 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le ha seguido los pasos a organizaciones locales e internacionales y a civiles que se han amparado contra tramos del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la información filtrada por el grupo de hackers “Guacamaya” a la que SinEmbargo tuvo acceso.
Desde septiembre de ese año, en el que las suspensiones de los tramos del Tren Maya se agudizaron, y antes de que surgiera el colectivo de artistas “Sélvame del Tren”, este 2022, la Sedena realizó un panorama sobre las problemáticas en la zona y elaboró una lista de las asociaciones opositoras y sus representantes legales.
En esos días, el entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, hoy en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), calificó a esas asociaciones como de “extrema derecha”, aunque desde 2019 había asegurado que sólo “querían joder” al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Los grupos opositores omiten la explotación desmesurada de los recursos, a consecuencia de las invasiones irregulares y cambios de uso de suelos, manteniendo una actitud obstinada, con opiniones intransigentes y exaltadas, que están alejadas de la exactitud, debido a que plantean panoramas extremos sobre el probable impacto ambiental que ocasionará el Proyecto del Tren Maya, omitiendo que es una zona ya impactada”, expone un documento de la Sedena denominado “Panorama de Tren Maya”.
Por ello planteó como indispensable “una intensa campaña de información, por especialistas de la comunicación, para socializar el Proyecto y los Estudios de Impacto Ambiental, ofreciendo las Medidas de Mitigación como solución que permitan no sólo corregir los daños, sino mejorar el medio ambiente de la Selva de forma sustentable”.
Asimismo, la Defensa Nacional solicitó en abril del año pasado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) nombres de los ciudadanos quejosos que habían interpuesto amparos.
De 2020 hasta abril de 2021, la Consejería —que representa jurídicamente a Presidencia— le desglosó los expedientes de los juicios de amparo en proceso contra la construcción del Tren Maya promovidos por medidas sanitarias ante la COVID-19, contra desalojos, trabajos previos, asignación, Manifestación de Impacto Ambiental, consulta indígena, entre otras causas.
En la tabla expone los nombres completos de los quejosos, el juicio de amparo, el juzgado, el juez o jueza, los actos reclamados, el estatus de la suspensión y contra qué autoridades se presentó la queja.
El documento de la Sedena identifica al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) con sede en Campeche, como la asociación que interpuso un amparo contra el tramo 7 (Bacalar-Escárcega), recurso por el que no se han iniciado los trabajos de construcción por parte de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Aún no ha iniciado ningún trabajo sobre el tramo 7, además de que el proyecto está considerado sobre pasos ya construidos y no se considera destrucción de la selva”, observa al corte de septiembre de 2021.
Respecto a los integrantes del CRIPX del municipio de Calakmul se describe: “Han manifestado su oposición al paso del Tren Maya por la Biósfera de Calakmul, Camp., por considerarla una amenaza ‘Ambiental y Cultural’ al señalar que impactará ambientalmente destruyendo los corredores biológicos, la fauna y la cultura”.
Sobre quienes realizan activismo dentro del Consejo afirma: “Busca acaparar la cobertura geográfica de 24 comunidades del municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con un número aproximado de 800 personas de la población indígena, pero se ha observado que únicamente 20 de estos seguidores llevan a cabo activismo social. La formación del Movimiento Municipalista pretende incrementar su capacidad de convocatoria a 15 comunidades más”.
En torno al abogado que los asesora señala que radica en la Ciudad de Mérida, Yucatán, y no labora ni tiene propiedades en Campeche. “Algunas autoridades lo consideran de la ‘Izquierda Romántica de los años 60’ y que, además de los intereses económicos que pudiera tener, actúa y se adhiere a los principios ambientalistas de la organización y no a sus convicciones. Sus actividades siguen la inercia de la crítica puntual y concurrente contra todo proyecto que toque áreas susceptibles de su campo de estudio o áreas protegidas, es decir, que fundamentan sus principios, más no sus convicciones, en los del gremio”, plantea.
Respecto al tramo I Palenque-Escárcega, el documento de la Sedena expone que —a septiembre de 2021— sólo llevaba 1.9 por ciento de avance por un amparo que no permite la construcción de obras nuevas, el cual fue promovido en Chiapas por pobladores de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo asesorados por la “Asociación Civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” debido a la actual pandemia, ya que, argumenta, los trabajos de la obra podrían ocasionar contagios entre los pobladores.
Ante ello, al corte de septiembre de 2021, se advirtió: “no se han iniciado trabajos en el Mpio., de Candelaria, Camp”, por lo que “FONATUR realiza actividades administrativas e informativas con autoridades y población afectada para la liberación del derecho de vía y la reubicación de viviendas en el municipio de Candelaria y Escárcega, sin que se pueda continuar el avance del material de la construcción”.
La Sedena también enlista al Colectivo Tres Barrios, integrado por vecinos de las colonias La Ermita, Camino Real y Santa Lucía, en Campeche. Expone que el colectivo “rechazó evacuar viviendas para que avance el proyecto del Tren Maya y reiteró su planteamiento de que se reubiquen las vías férreas para que no crucen por la zona urbana de la ciudad debido a los conflictos viales y la contaminación auditiva que generaría”.
“El avance que presenta el tramo II corresponde al 4.06 por ciento en comparación al 30 por ciento que se tenía programado para esta fecha (septiembre 2021), según lo declarado a nivel nacional por el titular de FONATUR; el retraso se debe a diversas complicaciones como el amparo del Colectivo Tres Barrios en la Ciudad de San Francisco, Camp., que se oponen a ser reubicados, falta de eficiencia en los procesos de liquidación y liberación del derecho de vía, aunado a la suspensión de los trabajos en los ejidos de Miguel Colorado, 5 Febrero, Xbacab pertenecientes al municipio de Champotón, Camp”, advertía.
El 24 de agosto de 2021, el entonces director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, anunció la modificación de la ruta en San Francisco de Campeche, por lo cual las vías ya no ingresarán al centro de la ciudad. La estación será construída en la periferia, a las afueras de la mancha urbana.
Sobre el Colectivo de Locatarios de Escárcega, Campeche, la Sedena los describe como habitantes del Centro de esta localidad, que están en contra del proyecto ferroviario porque “afectará sus ingresos pues sus locales se encuentran cerca de las vías ferroviarias y que hasta la fecha no han recibido respuesta de los funcionarios a cargo de la obra en este tramo y temen que sus negocios se vean afectados”.
A nivel internacional, el documento de Sedena señaló “injerencias” de la asociación civil “Salva la Selva” que ha tratado “de acaparar firmas a través de las redes para oponerse al proyecto del Tren Maya” y expuso que obtiene su financiamiento “a través de donaciones”.
También fichó al Organismo Internacional ONU-Habitat, respaldado en el convenio firmado el 20 de mayo de 2019 con FONATUR con vigencia al 31 de mayo 2021, el cual tiene por objeto “Contribuir en la Ejecución” del Tren Maya mediante el programa de las Naciones Unidas para lograr el equilibrio social, reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades rurales y urbanas.
DOCUMENTAN OBSTÁCULOS
Pese a esta detección de opositores como el CRIPX e Indignación, la instalación de un Centro Coordinador para documentar “obstáculos” desde el municipio Othón P. Blanco e implementar operativos de seguridad en los tramos, en agosto de este año la Defensa Nacional advirtió al director general de Fonatur Javier May el retraso en los tramos 5 norte, 6 (Tulum-Bacalar) y 7 (Bacalar-Escárcega) por falta de liberación total del derecho de vía, por lo que solicitó agilizarla para entregar las obras “en tiempo y forma” como lo ha instruido el Mando Supremo, es decir, diciembre de 2023.
En el operativo de vigilancia de la primera semana de agosto de 2022, conformado por personal de Sedena, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad, se detectó en el tramo 3 (Cacalchén-Hoctún, Yucatán), un bloqueo de ejidatarios de Cacalchén por el pago de sus tierras. Ese lunes 1 de agosto un abogado de Fonatur dialogó con ellos y posteriormente llegó un subdelegado de la Segob sin llegar a un acuerdo, por lo que la manifestación se repitió días después.
“Un grupo como de 30 campesinos de Cacalchén tenían cerrado el paso con piedras (…) están reclamando el pago por el paso del Tren Maya en sus tierras”, dice el reporte. “Reclaman aumento en el pago de indemnización por venta de tierras y piden no ceder 41 mil metros cuadrados adicionales a Fonatur”.
El jueves 4 de agosto por la mañana, de manera pacífica volvieron a bloquear el tramo carretero Cacalchén-Hoctún en el kilómetro dos. Un grupo de 50 ejidatarios de Cacalchén, expone el informe de seguridad, no permitía el tránsito libre de camiones y vehículos pertenecientes a la constructora ICA y cualquier vehículo que presta servicio a la contratista para la construcción del Tren Maya.
“Tienen la inconformidad de que el comisario ejidal de nombre Rufino López Canché ha recibido el pago por la venta de terrenos ejidales ocupados en la construcción del Tren Maya y no ha repartido como se debe. Asimismo, refiere ese grupo de ejidatarios, Fonatur quiere comprar más terrenos ejidales pagándolos en 15 pesos el metro cuadrado y ellos están en desacuerdo, ya que ellos quieren que se pague a 80 pesos el metro cuadrado”, plantea el reporte.
Ante este tipo de conflictos de compra-venta de terrenos, el General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, escribió en un correo electrónico al titular de Fonatur Javier May sobre la “preocupante” problemática para iniciar los trabajos de los tramos 6 y 7 del Tren Maya en vísperas de una de las visitas del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Península de Yucatán para revisar avances del megaproyecto.
“Con fecha 2 de agosto 2022 se dio inicio de obra, sin que a la fecha (24 de agosto) se tenga avance en los trabajos por la falta de disponibilidad de predios en los tramos 6 y 7, situación que ha ocasionado un atraso de 24 días a la fecha, situación que es por demás preocupante debido al corto tiempo otorgado por el Mando Supremo para ejecutar mencionado proyecto (diciembre de 2023)”, escribió desde el Campo Militar no. 37-D “Gral. Div. P.A. Alfredo Lezama Álvarez” Santa Lucía, Estado de México.
El 18, 22 y 25 de agosto, el General de Brigada Ingeniero Constructor también le solicitó en varios correos a Javier May liberar “a la brevedad posible” el derecho de vía en los “cinco predios invadidos” del tramo 5 norte porque “son de vital importancia para el desarrollo”, así como liberar para el tramo 6 los predios en los ejidos de Tulum, Chunyaxche, Felipe Carrillo Puerto, Buenavista, Aaron Merino, Chetumal y Juan Sarabia.
Al 29 de agosto, el tramo 5 norte llevaba 2 por ciento de superficie liberada; el 6, un 29.16 por ciento y el 7, un 46 por ciento, de acuerdo con los avances enviados por Fonatur al General de Brigada Intdte. D.E.M. Óscar David Lozano Águila.
Un mes antes, el 26 de julio, en una minuta enviada por el director de Fonatur Javier May al Secretario de Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval se expone la falta de liberación de un terreno para un camino en el municipio Felipe Carrillo Puerto, donde se planea la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum. “Después de la visita del Presidente, se retomará la mesa de negociación con el ejido. Se planteará la construcción del camino, con el apoyo de Consorcios Mota Engil e ICA”, dice la minuta.
