La inercia de la destrucción ambiental y de la salud de la población global tiene una de sus principales causas en las grandes corporaciones transnacionales que, a través de su enorme poder económico, superior al de varias naciones, han logrado imponerse sobre gobiernos, organismos internacionales y la sociedad en general. Las regulaciones ambientales, las políticas antimonopolio, las protecciones a la salud pública se han debilitado en un entorno jurídico que protege las prácticas depredadoras de estas corporaciones.  De esta manera, en la práctica, sexenio tras sexenio, estas corporaciones generan graves daños en la salud y el medio ambiente, que deben enfrentarse con millonarios recursos públicos y a través del bolsillo de los consumidores, estableciéndose, en la práctica, un “subsidio multimillonario” del Estado a estas corporaciones.

Es así que los derechos humanos, el bienestar de la población y el medio ambiente quedan a merced de estas grandes corporaciones, que actúan protegidas por leyes, reglamentos y normas elaboradas a su conveniencia, dictadas bajo su influencia. Los daños en salud, la calidad de vida y al medio ambiente generados por estas corporaciones los sufren las poblaciones más vulnerables, principalmente, de las naciones de ingresos medios y bajos. Y, por otro lado, la riqueza generada por estas corporaciones, que va en aumento, se dirige al bolsillo de los directivos de las corporaciones y a sus accionistas, quienes se encuentran en su gran mayoría en las naciones ricas.

El estudio “La doble carga de la mala distribución: un análisis descriptivo de la riqueza corporativa y la distribución del ingreso en cuatro industrias de productos básicos poco saludables”, publicado en Critical Public Health, revisó el destino de los recursos de 20 grandes corporaciones globales desde los años 80 hasta nuestros días en las áreas de los combustibles fósiles, el tabaco, el alcohol y la comida no saludable. El estudio señala que se ha prestado atención a los daños ambientales y de salud que generan estas empresas, pero muy poco a la riqueza que extraen de las poblaciones y a dónde se dirige esa riqueza. No se trata solo de los daños a la salud y el entorno generados sobre la población más vulnerable, sino también de la extracción de sus recursos económicos y su traslado a los accionistas, propietarios y directivos de las corporaciones. La tendencia es la transferencia masiva de estos recursos del llamado Sur Global al Norte Global. El reporte publicado en Critical Public Health explica: “El estudio aporta pruebas de que las empresas activas… crean una «doble carga de mala distribución»: sus daños sociales y ecológicos externalizados afectan de manera desproporcionada a los grupos de población desfavorecidos y a los gobiernos de los países de ingresos bajos y medios; al mismo tiempo, están transfiriendo cada vez más riqueza e ingresos a un grupo sobrerrepresentado por una élite pequeña y privilegiada”, ubicada principalmente en las naciones ricas.

La lógica de todas estas empresas, que generan daños a la salud y al medio ambiente, tiene similitudes con las corporaciones mineras: llegan, extraen riqueza y se van, dejando destrucción. En la práctica, el marco jurídico existente y la lógica actual del mercado permiten que corporaciones como Coca-Cola lleguen al país, tomen el agua, inunden de desechos plásticos, enfermen a la población y se lleven la riqueza. Lo mismo puede decirse de Nestlé, PepsiCo, Philip Morris, British American Tobacco, etc. En ese sentido, se trata de corporaciones extractivas, que dejan daños y se llevan la riqueza.

La falta de evaluación de estos procesos —generar daños ambientales y a la salud, transferir la riqueza a accionistas, directivos y dueños de corporaciones, dejar las externalidades negativas en las poblaciones vulnerables y trasladar los beneficios económicos a sectores privilegiados— no aparece en los reportes de organismos que evalúan el desempeño económico de un país. Estos organismos aplauden el aumento de inversiones extranjeras sin considerar sus efectos sociales y el destino de las ganancias que muchas de estas inversiones generan.

Sexenio tras sexenio, miles de millones de pesos subsidian a estas empresas, sus prácticas, los daños en salud que provocan en millones de personas en nuestro país, y sus impactos en el medio ambiente. Se subsidia su extracción de recursos naturales y se les entrega el agua de vastas regiones. Sin embargo, o los funcionarios públicos no ven esta realidad, o no quieren verla. Habrá que ponérselas en la cara si es que no la ven.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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