México es un país (muy) violento, pero es un país menos inseguro hoy de lo que era hace un año. Y hace cinco. Y hace diez. ¿Una paradoja? No, una realidad.

Esta semana el INEGI publicó la edición 2023 de su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el mejor instrumento que tenemos para estimar el número de víctimas y delitos que ocurren en el país. Es una muestra monstruosa: 102 mil viviendas en todo el territorio nacional. Un ejercicio como ningún otro para entender dinámicas criminales, percepción de inseguridad en la población y (des)confianza en las autoridades; una ventana al mundo del crimen y la impunidad en nuestra nación.

Las encuestas de victimización y percepción de seguridad ofrecen luz ahí donde los números oficiales no pueden llegar. En un contexto en el que solo el 10.9% de los delitos se denuncia ante el Ministerio Público o Fiscalía, resulta baladí contar carpetas de investigación. La cifra negra —los delitos no reportados— es demasiado grande como para poder trabajar con los números. En cambio, encuestas como la ENVIPE, con su muestra probabilística, sí nos permiten comparar, estimar y medir el estado de la seguridad pública en el país. Que la realice el INEGI es siempre una garantía.

El hallazgo principal de la ENVIPE: en 2022 la tasa de prevalencia delictiva fue de 22 mil 587 víctimas por cada 100 mil habitantes. Se trata de la tasa más baja desde que tenemos registro (2012). El punto más alto data de 2017, último año completo de la administración de Enrique Peña Nieto, en que la tasa de prevalencia se ubicó en 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes. Estamos frente a una reducción de 24%.

En 2022 se cometieron, siempre según la encuesta, 26.8 millones de delitos en todo el país, casi 7 millones menos que los ocurridos en 2017 (33.6 millones). Esto es, un 20% menos de delitos. Para sorpresa de muchos, la cifra de 2022 también es menor a la de 2020 y 2021 cuando la pandemia y las jornadas de sana distancia provocaron una caída de la movilidad. Son buenas noticias.

Las variaciones regionales son fundamentales para comprender estos cambios. La ENVIPE presenta una buena radiografía de las entidades federativas que mejoraron y empeoraron sus números. El Estado de México (-18.5%) y Guanajuato (-30.9%) presentaron las reducciones más significativas en su tasa de prevalencia. El Estado de México, en específico, pasó de tener una tasa de 46 mil víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a una de poco más de 31 mil en 2022. No es un logro menor en un territorio tan complejo.

Los estados perdedores de la edición 2023 de la ENVIPE son Campeche (+28%), Durango (+16.3) y Sonora (+15.3%), donde sí hubo aumentos estadísticamente significativos en la tasa de víctimas estimada el año anterior. Mucho por hacer en esas tres entidades.

Los números de la ENVIPE son consistentes con las cifras que mes a mes presenta el gobierno federal en sus informes de seguridad. Aun con los problemas metodológicos que supone confiar en datos provistos por las fiscalías, lo cierto es que, si comparamos diciembre de 2018 con julio de 2023 (último mes del que tenemos cifras completas), vemos una reducción importante en la incidencia de delitos del fuero federal (-24%), homicidio (-20%), robo total (-26%) y secuestro (-70%). Las cifras de la ENVIPE también son consistentes con la tendencia de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), un ejercicio trimestral del INEGI sobre percepción de seguridad enfocada en 75 zonas urbanas. Tal como lo mostró su última edición, desde hace tres años hay una continua y sustancial caída en la percepción de inseguridad de la población urbana en el país. No solo se comenten menos crímenes en México. La gente también lo percibe así, algo igual de importante.

No hay que dejarse deslumbrar demasiado por los números. Las cifras siguen siendo enormes, rabiosamente enormes. Si hay que elegir, recomiendo ser más cauteloso que optimista en esto temas. El número de víctimas y delitos es pavoroso. El grado de impunidad es abominable. Tanto adjetivo, sin embargo, no debe impedirnos ver las mejoras que hay frente a nuestros ojos. Ahí están los números.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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