La expareja de Florence Cassez, que no ha recibido sentencia en 16 años, no será parte del primer grupo de presos liberados, ya que en un segundo proceso por supuesto secuestro no se ha podido acreditar tortura ni violaciones al Protocolo de Estambul.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de México confirmó este martes que Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez y sin sentencia hasta ahora, no estará en el grupo de cientos de liberaciones de internos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves que se encuentran en penales locales y estatales.
“El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura, ésta se acreditó con dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul, en el proceso seguido por presunto secuestro. Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro presunto secuestro en el cual no se ha acreditado la tortura, por lo tanto no puede beneficiarse del decreto“, señaló Adán Augusto López Hernández, el Secretario de Gobernación, durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Israel Vallarta no podrá beneficiarse del decreto de preliberación.
Además del caso en el cual acusa que se montó un operativo para su detención, hay otro proceso de secuestro en su contra, en el cual no se acreditó que fuera víctima de tortura. pic.twitter.com/e0A8Ul3jJS
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El Gobierno mexicano otorgará este miércoles la libertad al menos a 681 internos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves que se encuentran en penales locales y estatales, informó López Hernández.
Chiapas es la entidad federativa con el mayor número de preliberaciones con un total de 198, seguida de Durango con 100; Baja California, 63; Zacatecas, 57; Veracruz, 50; Oaxaca, 48; y Ciudad de México, 40, según se dio a conocer este día.
Vallarta, en cambio, no será beneficiado de momento con estas liberaciones que ha anunciado el Gobierno federal.
Al menos 4 mil 233 personas podrían ser preliberadas con el decreto de proliferación publicado ayer, informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Para mañana, 681 personas ya deben estar liberadas. pic.twitter.com/YAILBZwFMe
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El Gobierno federal entregó a su vez al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República (FGR) al menos cuatro mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva, por delitos federales, que pueden cumplir con los requisitos para ser liberadas.
“Lo que anunciamos hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes”, señaló López Hernández en la conferencia mañanera de este martes.
El encargado de la política interna del país informó que ya se publicaron los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente que se encargará de dar seguimiento a las acciones para la gestión de solicitudes de liberación.
Ya el lunes, López Obrador urgió al Poder Judicial a que “agilice” la liberación de presos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves, como demanda su decreto del 25 de agosto.
Mañana, 14 de septiembre, presentarán el decreto para liberar a personas privadas de su libertad mayores de 70 años y que fueron víctimas de tortura, adelantó el presidente @lopezobrador_.
El 29 de julio dijeron que estaría listo en 15 días. pic.twitter.com/pxvx0nbOLW
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El mandatario anunció que gestionará con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para cumplir con la excarcelación, que él había prometido para antes del 15 de septiembre.
“Se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el Fiscal con el propósito que se agilicen los trámites, que se liberen a muchas personas”, indicó en su rueda de prensa matutina sin detallar cuántos presos se han beneficiado hasta ahora por la medida federal.
El Presidente se refirió al decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordena un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.
