El gobierno federal usó 128 empresas fantasmas para desviar más de 3 mil 433 millones de pesos del erario público a través de 11 dependencias federales como Sedesol y Pemex. El esquema de fraude fue a través de 6 universidades públicas. Las empresas fantasmas parecen ser el sello de la casa de la administración de Enrique Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la cuenta pública de 2013 y 2014, detectó diversas irregularidades que indicaban un desvío de fondos públicos en un esquema de “movimientos irregulares” de dinero público por parte de dependencias federales. Estos movimientos se hacen a la hora de contratar a universidades públicas que, cobraban una millonaria comisión por triangular el dinero, por servicios deficientes o inexistentes. Juan Manuel Portal, Auditor, calificó lo hallado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como un “fraude millonario” por parte del gobierno federal.

El reportaje La Estafa Maestra da cuenta del sistema de corrupción más grande en el país en los últimos 40 años. Con información emitida por la ASF, nos dimos a la tarea de seguirle la pista al dinero y confirmar el estado de las 128 empresas usadas regularmente para llevar a cabo el fraude. Ciento veintiséis tienen serios cuestionamientos fiscales y legales o simplemente se crearon para defraudar.

Los resultados del reportaje La Estafa Maestra no son un escándalo nacional por dos razones: 1. Porque la mayoría de los medios de comunicación hicieron un vacío informativo a la información. A pesar que el movimiento en redes y en medios no tradicionales logró brincar el cerco informativo de alguna manera, la ausencia de una verdadera discusión pública y procuración de justicia contra los responsables del desvío ilegal se debe a la falta de presión mediática. El dinero público en los periódicos, radio y televisión fue sumamente eficiente, una vez más. 2. La procuración de justicia en este país es una simulación. El procurador pertenece a la camarilla de funcionarios como Rosario Robles, Alfredo del Mazo y Emilio Lozoya, todos involucrados en La Estafa Maestra.

El reportaje aun se quedó corto en determinar dónde terminaron los miles de millones de pesos que las empresas fantasmas recibieron. El robo del dinero público pudo haber sido para campañas políticas, para Casas Blancas, para ranchos y lujos o simplemente para amasar la fortuna personal. Determinar esto le correspondería al SAT y la Secretaría de Hacienda. Es prácticamente imposible que hagan algo al respecto.

Robar dinero público está mal y es un delito. Pero robar dinero público destinado a los más pobres de este país debería ser un delito agravado. Ese es el caso de Sedesol bajo el mando de Rosario Robles. En 2013, la Secretaría tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para comprar paquetes alimenticios para la Cruzada contra el Hambre. De acuerdo a la ASF solo el 7% de ese presupuesto se usó para dicho objetivo.

La Sedesol en 2013 y 2014 firmó 10 convenios por 2 mil 224 millones de pesos. Lo hizo con 20 empresas fantasmas. Los convenios implicaban que ese dinero –destinado al desarrollo social y combate a la pobreza- fuera triangulado con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México. Por dicha triangulación las universidades se quedaron con 200 millones de los cuales tampoco se sabe el destino final. Una vez en poder de las universidades el dinero de la SEDESOL éstas contrataron a 11 empresas que la gran mayoría no tuvo nada que hacer por el dinero. Pero ahí no termina el fraude. Las 11 empresas depositaron más de 683 millones de pesos a la empresa ESGER SA de CV sin haber firmado ni un solo contrato, mucho menos rendir cuentas por ese dinero.

Otro ejemplo de acuerdo al reportaje “en abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil. La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el Hambre. S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER, aunque la Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.”

No dejará de sorprendernos la simulación y cinismo de la clase política gobernante. No puede dejar de asombrarnos cómo una evidencia periodística de gran calado como La Estafa Maestra pasó prácticamente inadvertida por la oposición y medios de comunicación. Aquellos medios que luego critican a los Duartes y Borges pero que lastimar políticamente a Robles o Peña no es conveniente debido a su rentabilidad por estar cerca del poder.

En este caso el periodismo de interés público hizo su parte. Lástima que lo que le corresponde a la procuración de justicia esté secuestrada por intereses políticos. Y así, miles de millones de nuestro dinero (que bien podría ser usado para educación, salud, carreteras, etcétera) desaparecen de la manera más mágica y sin ninguna consecuencia.

Pero hay periodismo en resistencia en México. Y aunque por momentos se ve cuesta arriba el panorama, periodistas y organizaciones de la sociedad civil se convierten en esenciales diques que hacen que los corruptos se sientan vigilados. Ahí es donde hay que poner los esfuerzos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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