La Ministra presidenta aseguró en su discurso que las y los juzgadores deben ser muy conscientes del ejercicio de sus funciones, no sólo jurisdiccional, sino cualquier función.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, pidió ayer en una reunión con personas juzgadoras de Mérida, Yucatán, que se usara la misma voz en el Poder Judicial.
En la reunión, la Ministra presidenta de la Suprema Corte señaló que el Poder Judicial “no tiene nombre ni apellido”, pues la institución trasciende a las personas. “Un poder del Estado no tiene nombre ni apellido. […] El Poder Judicial Federal somos todos y ninguno en particular”, apuntó.
“Nuestra institución trascenderá a nuestros cargos actuales, a las personas que actualmente lo conformamos. Sin embargo, hoy ustedes y yo con cada actuación, con cada determinación, con cada contacto ciudadano somos la voz del Poder Judicial Federal”, dijo.
En reunión con personas juzgadoras de Mérida, Yucatán, la ministra presidenta del #PJF, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que “los poderes judiciales tenemos el compromiso de guiarnos por la razón, nunca por la fuerza o la discordia dirigida”.
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— CJF (@CJF_Mx) August 13, 2023
Piña Hernández solicitó a las y los juzgadores ser muy conscientes del ejercicio de sus funciones, no sólo jurisdiccional, “sino cualquier función”.
“Con nuestra voz judicial bordamos, día a día, la confianza de la ciudadanía para que nos permita resolver sus conflictos, con apego a derecho y respeto a la dignidad de las personas involucradas. No tenemos nombre y un apellido, pero sí una misma voz”, complementó.
La Ministra lamentó que sólo se identifique al Poder Judicial en ministros y ministras, pues existen consejeros y consejeras, magistrados y magistradas, así como jueces y juezas, “cuyos rostros se exhiben en el intento por ponerle un nombre a la función jurisdiccional”.
“En México y en muchas partes del mundo, los integrantes de los poderes judiciales enfrentamos desafíos definitorios, no sólo para la permanencia de los Estados constitucionales y democráticos de derechos, sino fundamentalmente para garantizar que los conflictos sociales se resuelvan por los principios que guían la razón y los derechos humanos. Nunca por la fuerza o por la discordia dirigida”, finalizó.