La frase se la atribuyen a Carlos Salinas de Gortari en su periodo como Presidente de la República (1988-1994). Que la decía y con conocimiento de causa: “En México no se mueve la hoja de un árbol sin que el Presidente tenga conocimiento de ello”.

Se refiere al poder todopoderoso que suelen tener los presidentes en el sistema de Gobierno mexicano. El ejercicio del presidencialismo que trasciende las fronteras del Poder Ejecutivo y llegas hasta el Legislativo y al Judicial. Además, es una clara referencia a que los actos de Gobierno y los perpetrados por funcionarios no son desarrollados de manera unilateral, sino con el conocimiento del mandatario nacional o por lo menos en su conocimiento.

Tal máxima sale a colación en cada caso -o por lo menos en los de alto impacto- de corrupción que se presume sucedió durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Particularmente en tres. La corrupción exacerbada en la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya cuando este fue miembro del equipo de campaña del futuro Presidente y después director de Petróleos Mexicanos (Pemex); y el desvío de recursos en dos secretarías, la de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando la titular de ambas fue la ex perredista Rosario Robles.

Existen sin duda otros casos como el de desvío de recursos del Gobierno de Chihuahua cuando lo presidió César Duarte y que implicó a un ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera como lo es Alejandro Gutiérrez, donde también se presume que los actos ilícitos se realizaron con la venia de quien ocupara la Presidencia en el sexenio anterior; o la transacción para la adquisición de “La Casa Blanca” en un claro caso de tráfico de influencias, pero los casos más llamativos son los tres primeros.

En los tres casos se iniciaron investigaciones que han resultado en la generación de órdenes de aprehensión y la detención de dos de los tres implicados principales. A Javier Duarte lo aprehendieron en tierras extranjeras y fue rápidamente extraditado a México, Rosario Robles ya no salió libre de la comparecencia ante un juez, y Emilio Lozoya es prófugo de la justicia.

El común denominador en los tres casos no solo es el ex Presidente Enrique Peña Nieto, también su partido, el PRI, a donde se presume mucho de ese dinero desviado o recibido a partir de sobornos, fue a parar.

Invariablemente a la consignación de actividades ilícitas en estos casos de corrupción, la referencia en México es que el siguiente en caer será el ex Presidente Peña. Pero el ex Presidente ni se inmuta. Continúa haciendo su vida pública entre este país y otros, con alardes de tranquilidad, armonía familiar y personal, además de una estabilidad física, y económica que pocos saben en qué se sustenta.

Enrique Peña Nieto sigue siendo el más impune en este entramado de corrupción que representó en la nación el pasado sexenio.

A la aprehensión de Javier Duarte, muchos previeron que éste, en su malestar por la encarcelación, hablaría ante las autoridades ministeriales y delataría a la administración peñanietista como la estructura detrás de los desvíos en Veracruz, y las muchas irregularidades. De su equipo liberaron en más de una ocasión, la versión que otros caerían junto al ex Gobernador. Pero no fue así. Hace unas semanas incluso fue filtrado un video tomado previo a la detención del ex mandatario veracruzano, donde da a entender que su aprehensión fue parte de un acuerdo con el entonces Gobierno federal de Peña. Además, presume una negociación para que se dejara a su familia fuera de las investigaciones ministeriales y judiciales, lo cual se intuye fue parte de un pacto de impunidad.

Pero Javier Duarte de Ochoa no ha incriminado al ex Presidente y su familia, ahora encabezada por su esposa, sigue viviendo tranquilamente en Londres, como lo planeó.

Cuando la nueva Fiscalía General de la República titulada por Alejandro Gertz Manero amplió las indagaciones sobre los sobornos de la compañía Odebrecht hacia el ex director de Pemex, las cuentas de este fueron congeladas, y se iniciaron investigaciones a sus familiares por depósitos irregulares de dineros, de las primeras declaraciones que dio su abogado fue que todo lo que Lozoya firmó en Pemex, adquisiciones y contratos, contaban no solo con la venia del Secretario de Hacienda, sino también del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quienes “de ser necesario”, aseveraron, mandarían a comparecer para “limpiar” el nombre del ex funcionario.

Incluso hace una semanas filtraron la información que en la primera quincena de este agosto su cliente Emilio Lozoya grabaría y haría público un video para dar a conocer su versión de los hechos, y donde –se presume- se implicaría al ex Presidente y a otros de sus colaboradores más cercanos.

Nada de eso sucedió. De la madre de Lozoya, quien fue aprendida en Europa, pero después fue beneficiada con un amparo, y del ex director de Pemex poco se sabe de su paradero. La amenaza del video quedó en eso, en una amenaza.

Ahora con la encarcelación de Rosario Robles por ejercicio indebido de funciones, entre otros delitos que presumiblemente cometió –su juicio apenas iniciará-, a petición del juez Jesús Delgadillo, según las notas de los periodistas que estuvieron en la audiencia donde la ex Secretaria fue vinculada a proceso, los abogados de la ex Secretaria cuentan con una semana para presentar los documentos que acrediten que, efectivamente, Rosario Robles hizo del conocimiento de su superior, de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y que fueron centro del reportaje de La Estafa Maestra de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Esto significaría, en caso de comprobarse que efectivamente el ex Presidente Peña estuvo al tanto de los desvíos e irregularidades -lo mismo que José Antonio Meade, quien sucedió a Robles en la Secretaría de Desarrollo Social- una participación que ameritaría la investigación sobre el proceder del ex Presidente, superior inmediato de Robles, y por supuesto también del ex candidato presidencial.

En todo caso, ambos habrían también afectado el patrimonio de la nación al actuar por omisión, como lo hizo presuntamente Robles, sobre las anotaciones de desvíos de la Auditoría Superior de la Federación. El juez Delgadillo, después de todo, vinculó a proceso a Robles por la afectación al patrimonio, acciones que la ex funcionaria realizó varias veces, y de las cuales no advirtió ni avisó, aun tratándose de desvíos por arriba de los 5 mil millones de pesos entre las dos secretarías que tituló la ex perredista.

A pesar de las súplicas de Robles, el juez le negó la posibilidad de continuar su proceso en libertad –para lo cual está facultado–, y le decretó la prisión por un periodo de dos meses en los cuales se seguirá el juicio.

Una vez más, como en el caso Duarte, o como en el caso Lozoya, hay quienes presumen que ahora sí, el ex Presidente Peña Nieto será tocado por la justicia, a pesar que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hacia el final de su campaña presidencial, y lo ha confirmado en su calidad de mandatario, que no lo investigaría y que no lo encarcelaría. Considerando ese dicho, la hebra parece y, como es clásico en la política y la justicia mexicanas, se reventará por lo más delgado, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Javier Duarte, sin llegar a Enrique El Impune.

Aunque bueno, la encarcelación de dos de tres, ya es ganancia.

Adela Navarro Bello

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