Dos convenios implicados en el desvío de millones de pesos, atribuido por su supuesta omisión a Rosario Robles Berlanga, se ejecutaron bajo la gestión de José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Desarrollo Social. Si bien los heredó, su ejecución estuvo bajo su responsabilidad: se trataba de proyectos justificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en las regiones vulnerables de México por pobreza extrema, cuyo impacto jamás se conoció.
Rosario Robles Berlanga está vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y parte medular de su defensa es negar que haya sido omisa. En este sentido, su equipo jurídico, integrado por tres litigantes, presentó 32 datos de prueba. Uno de esos elementos de descargo es la carta entrega-recepción de la Sedesol a Meade Kuribreña en la que se le informó que algunas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no habían sido solventadas y se le hizo saber sobre los convenios que aún tenían vigencia.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Dos convenios implicados en el desvío multimillonario detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el cual, Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, se efectuaron durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), consta en los registros que dejaron ambos funcionarios de sus administraciones en el Portal de Obligaciones y Transparencia, así como Compranet.
Si bien fueron autorizados cuando Robles Berlanga era la titular de la Sedesol, parte de los servicios contratados a través de ambos convenios se efectuó entre agosto y diciembre de 2015, cuando en la silla principal de la dependencia se encontraba Meade Kuribreña, quien después fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña electoral por la Presidencia de la República en 2018.
Se trata de los convenios 102293 y 102294 con la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, respectivamente. Ambos, fueron signados para “coordinar proyectos con otras instituciones académicas” en regiones vulnerables por carencia alimentaria justificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar para disminuir la miseria del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los dos convenios, que suman 57 millones 298 mil 440 pesos, están mencionados en las carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) abrió el año pasado, derivadas de 14 auditorías a la gestión de Rosario Robles en la Sedesol por el presunto desvío de 831 millones 141 mil 905 pesos.
De acuerdo con el informe “Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionados con la Simulación de Reintegros” de la ASF en 2015, estas universidades no cumplieron con los entregables acordados con la Sedesol en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Además, esas instituciones académicas se encuentran en el complejo esquema de triangulación para justificar recursos, detectado por la ASF en la Sedesol mientras se aplicaba la Cruzada. La dependencia convenía servicios con una universidad y esta contrataba a otras empresas. Así, tanto el dinero como los resultados de los servicios contratados se perdían en el último eslabón del mecanismo. El sitio informativo Animal Político localizó empresas fantasma en esta trama y desde entonces, el asunto es conocido como “la estafa maestra”.
LA ENTREGA
Hace cuatro años, el mediodía del 27 de agosto de 2015, el momento de Rosario Robles era otro. Iba a entregarle la administración de la Sedesol a José Antonio Meade Kuribreña, otro personaje clave –como ella– del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Estaban serios, pero esbozaron sonrisas cuando se dieron la mano. Rosario Robles sostuvo en el micrófono que dejaba una institución sólida, sustentada en una mejora continua de sus políticas públicas, eficaz y transparente.
Meade le respondió: “Para mí va a ser un privilegio hacer equipo con Rosario Robles, continuando esta Cruzada (Cruzada Nacional contra el Hambre), este desempeño, en una Secretaría que se ha distinguido por su entusiasmo, cariño y entrega por los que menos tienen. Es un privilegio, Rosario, que sigamos siendo equipo del Presidente Peña Nieto”.
Cuatro años después, Robles Berlanga está vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y también en Sedatu y parte medular de su defensa es negar que haya sido omisa.
En este sentido, su equipo jurídico, integrado por tres litigantes, presentó 32 datos de prueba. Hay, en la carpeta de defensa de Robles Berlanga, oficios, declaraciones de testigos, dictámenes periciales en contabilidad y la propia declaración de la ex funcionaria.
Uno de esos elementos de descargo es la carta entrega-recepción de la Sedesol a Meade Kuribreña en la que se le informó que algunas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no habían sido solventadas y se le hizo saber sobre los convenios que aún tenían vigencia.
Si la historia se ve a través de los contratos registrados en los mecanismos de Transparencia, en efecto, Meade Kuribreña continuó con algunos de los convenios signados en la administración de Robles Berlanga hasta su último día.
Más allá del probable desfalco, después de la Cruzada Nacional contra el Hambre –anunciada en enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas– en agosto de 2019 hay más personas en carencia alimentaria en México. Según un informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval), la población en pobreza extrema pasó de 27.4 millones a 28 millones de mexicanos.
EL CASO CONTRA ROSARIO ROBLES
Ayer martes, el Juez Jesús Delgadillo determinó que se comprobó la afectación al patrimonio público por parte de Rosario Robles, que los actos fueron cometidos por terceras personas pero en sus dos secretarías, y que la ex funcionaria tuvo conocimiento de todo lo que encontró la ASF, que se afectó a las dependencias y que ella no lo evitó y no avisó.
También dijo que por el desfalco ya hay varios autos de vinculación a proceso a sus ex funcionarios, a ex rectores de las universidades con las que se firmaron contratos; que es evidente que lo que se hizo corresponde a una operación organizada para bajar recursos, que son la responsabilidad de los titulares de las secretarías.
El juez continuó: las normas se violaron en las dos secretarías, los preceptos de la Sedesol y la Sedatu se vieron afectados, no informó a su superior, estaba obligada a vigilar el gasto y soltó: “no se requiere una afectación, basta con poner en riesgo el dinero público”.
Rosario dijo que avisó a Peña Nieto, pero no presentó oficios de prueba, por lo que el Juez señaló que si no presenta una prueba entonces lo estaría encubriendo a él, de que a pesar de tener conocimiento tampoco actuó.
El juez le dijo que ella era autora material, que lo hizo de manera continúa, que tuvo un propósito delictivo, que hubo un delito continuado, omisión, falta de acción, que sabía que continuaría el daño al no dar aviso, que no quiso actuar y que permitió todo.
Y también señaló que José Antonio Meade estaba enterado y él no le avisó a Peña Nieto, del que tienen que demostrar si efectivamente sabía o no.
Finalmente, el juez consideró que Robles afectó dos ramos de la Hacienda Pública Federal, por lo cual le imputó auto de vinculación a proceso por el ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y también en Sedatu. Dos cargos, agravados por ser delitos continuados.
El Ministerio pidió medidas cautelares de prisión preventiva justificada porque otras medidas serían insuficientes. Y el juez aceptó. Luego, Robles Belanga fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla donde permanecerá al menos dos meses.
