Tres de las cuatro entidades que lideran el robo de combustible a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) están gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), mientras que las entidades bajo administraciones priistas se ubican también en la lista del mayor número de tomas clandestinas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dice que las pérdidas se estiman en miles de millones de pesos, que Pemex no brinda información confiable y que se presume que en el negocio están metidos trabajadores de la compañía coludidos con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Los analistas afirman que se trata de un asunto de seguridad nacional y energética, un negocio donde “todos están metidos”.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Los ocho estados líderes en la ordeña de combustible en México son gobernados actualmente por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), revelan los datos más recientes sobre tomas clandestinas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el Reporte de Tomas Clandestinas 2018, un acumulado que comprende de enero a junio y que incluye los ductos de terceros mantenidos y operados por Pemex, durante ese periodo se han detectado 7 mil 590 tomas clandestinas en operación.
“Es un delito que implica una industria, pero da una idea del Estado de Derecho fallido que tenemos en México, consensuado con Petróleos Mexicanos, porque con alguien de Pemex empezó la idea de robar combustible, pues dieron acceso de la ubicación de la infraestructura, aunque ahora ya no la necesitan”, planteó la doctora Miriam Grunstein Dickter especialista en el sector energético mexicano y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting.
El estado de Puebla, gobernado por Antonio Gali Fayad del PAN, lidera la ruta del huachicol con mil 175 tomas clandestinas.
En segundo lugar se ubica Hidalgo, gobernado por Omar Fayad Meneses del PRI, con 909 tomas clandestinas. En tercero y cuarto lugar están entidades administradas por panistas.
Guanajuato, gobernado por Miguel Márquez Martínez, y Veracruz, por Miguel Ángel Yunes Linares, se ubican en un tercer lugar con 865 y en un cuarto con 844 tomas clandestinas.
Le siguen Jalisco, bajo el mando de Aristóteles Sandoval Díaz del PRI, con 758, y el Estado de México, gobernado por el priista Alfredo del Mazo Maza, con 731 tomas reportadas hasta junio.
El reporte de Pemex indica que la séptima entidad con más tomas es Tamaulipas, administrada por el panista Francisco Garza Cabeza de Vaca con 626, y en un octavo sitio se encuentra Sinaloa, gobernado por Quirino Ordaz Coopel del PRI, con 345.
El resto de las tomas clandestinas se divide en las entidades federativas donde hay infraestructura de Pemex susceptible al robo de combustible.
Durante 2017 se detectaron 10 mil 363 tomas clandestinas y la entidad que lideró la ordeña de los ductos fue Guanajuato con mil 852, seguida por Puebla con mil 443 y Tamaulipas con mil 100.
Hidalgo, Veracruz y el Estado de México contabilizaron mil 64, mil 12 y 976 respectivamente.
COMPLICIDAD EN APARATO DE GOBIERNO: ASF
Según un informe del Grupo Funcional Desarrollo Económico de Pemex Transformación Industrial, distribución y comercialización de gasolinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2016 se detectaron 6 mil 537 tomas clandestinas, de la cuales 57 por ciento se ubicaron en sectores de Salamanca, Guanajuato. El documento indica que sólo ese año los costo de la reparación de los ductos dañados para Pemex ascendieron a Mil 767 millones, 785 mil 400 pesos.
Sin embargo, dice el informe de la ASF, se “verificó que ese año la empresa careció de información confiable sobre el volumen de combustibles perdido, así como del monto económico que representó”.
El mismo documento indica que la Auditoría Interna de Pemex contestó el 7 de junio de 2017 con información que no coincide con lo declarado por el director general de la empresa de pérdidas que ascienden a los 30 mil millones de pesos y a un volumen de 26 millones de barriles diarios.
La ASF indica que luego del análisis de los reportes del número de toma clandestinas y de costos de reparación de ductos durante el periodo 2011-2016 el número de tomas identificadas aumentó 394.1 por ciento.
La Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica informó a la ASF que ese incremento se debió a que “se cancelaron programas y proyectos de seguridad por falta de ajustes presupuestales; los recursos humanos, materiales y financieros para combatir estratégica y frontalmente el robo de combustibles fueron insuficientes”.
“Y se presume la existencia de algunos trabajadores de Pemex y autoridades de los tres órdenes de Gobierno que participan en el mercado ilícito de combustibles, lo que genera pérdidas y pone en riesgo a las instalaciones productivas, a la población y al medios ambiente”, dice.
Los costos de reparación de ductos, precisa el informe, se incrementaron en 868.5 por ciento, con un costo acumulado de 3 mil 70 millones 852 mil 500 pesos, “equivalente al 88.1 por ciento del presupuesto ejercido en el programa presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de logística en 2016”.
CONSUMIDORES PAGAN LOS COSTOS: ANALISTAS
La ordeña de combustibles no sólo impacta al erario, también afecta al bolsillo del consumidor final dijeron analistas consultados por SinEmbargo.
Ramsés Pech Razo, consultor del sector energético y de la firma Caravia y Asociados, consideró que el huachicol significará un sobrecosto de entre 15 y 20 por ciento en el precio de los combustibles.
“Los ductos es seguridad nacional, por lo tanto le corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob) velar por eso. Tiene que haber una coordinación con la fuerza pública en los estados y Pemex se debe de excluir. Que haya una estrategia; esperemos que la nueva administración haga una especie de Cenagas [Centro Nacional de Control del Gas Natural] , algo que controle los ductos por donde se mandan los petrolíferos, porque es un sistema abierto”, dijo.
Miriam Grunstein Dickter, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, explicó que la ordeña de los ductos de Pemex conlleva impactos negativos en distintos rubros.
“Hay un impacto económico que no es cuantificable, causa aumento en los precios de la gasolina porque crea escases, inseguridad pública porque se vuelve un giro más de la delincuencia organizada; ambiental porque hay derrames y un impacto social de crear vicios en la sociedad”, dijo.
La experta añadió: “algún empresario de una empresa eléctrica grande me dijo que hay grandes empresas transportistas que compran el combustible robado. Parece que la delincuencia organizada ha llegado al grado de tener sus propias terminales de almacenamiento y distribución. Alguien me habló de un poliducto”.
Hay una afectación en los mercados, debido a que la gasolina robada compite con la que se expende a precios normales, agregó.
“Es un delito que implica una industria, pero da una idea del Estado de derecho fallido que tenemos en México, consensuado con Pemex, porque con alguien de Pemex empezó la idea de robar combustible, pues dieron acceso de la ubicación de la infraestructura, aunque ahora ya no la necesitan”, argumentó.
Grunstein Dickter añadió que el huachicol es uno de los problemas más graves de seguridad nacional y energética que enfrenta México.
“Todo el mundo está metido: gente en las esferas más altas del poder político constitucionalmente legítimo”, lamentó.
