Claudio Carrasco Hernández y Pablo Guzmán Hernández, coordinador y consejero de la CRAC-PC, respectivamente, consideran que el Artículo 14 de la Constitución de Guerrero fue reformado para desconocer a la policía comunitaria, desaparecerla y, con ello, dejar a los pueblos indígenas en indefensión frente a las empresas mineras que quieren explotar sus tierras.
Fue, afirman, “porque el Gobierno en turno ha tratado de entregar toda la riqueza al extranjero, a saquear los recursos naturales para darlos a empresas de otro países”.
Claudio Carrasco, coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, plantea que le quiere dejar claro al Gobernador Héctor Astudillo Flores y al Presidente Enrique Peña Nieto que “nosotros [las policías comunitarias] vamos a seguir funcionando. Con o sin la Ley de Gobierno, nosotros tenemos nuestros propios usos y costumbres y vamos a seguir trabajando porque tenemos nuestro propio reglamento interno”.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC–PC) advirtieron que pelearán para tirar la reforma constitucional local que desaparece la función de las policías comunitarias en el estado de Guerrero, lo que dejaría a los pueblos originarios en la indefensión frente a mineras que quieren explotar su territorio y sus lugares sagrados.
El pasado 27 de julio, el pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó, con 41 votos a favor y uno en contra, eliminar las palabras “policía comunitaria” en el Artículo 14 de la Constitución local, tal cual lo establecía la iniciativa enviada por el Gobernador Héctor Astudillo Flores en abril de 2017.
La redacción final es considerada por policías comunitarias como un ataque a sus derechos y a los usos y costumbres.
“La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencia en las materias de seguridad pública de impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afroamericanos apliquen sus propios sistemas normativos”, dice el texto constitucional.
Las organizaciones y colectivos como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitaria, Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “los María Morelos y Pavón”, Centro De Derechos Humanos De La Montaña “Tlachinollan”, Red Guerrerense De Organismos Civiles y De Derechos Humanos, Colectivo El Grito y las casas de Justicia de San Luis Acatlán, de Espino blanco y de El Parasol, se pronunciaron contra la aprobación de esa reforma.
“Queremos recordarles que los pueblos no somos vasallos de los Gobiernos usurpadores ni súbditos para que nos impongan leyes que nos sojuzgan, ostentamos la titularidad de nuestros derechos, le pese a quien le pese. Somos sujetos de derecho no objeto de políticas asistencialistas”, manifestaron en un posicionamiento conjunto, emitido en días pasados.
VULNERABILIDAD FRENTE A MINAS
Claudio Carrasco Hernández y Pablo Guzmán Hernández, coordinador y consejero de la CRAC -PC, respectivamente, consideran que el Artículo 14 de la Constitución local fue reformado para desaparecer la función especifica de la Policía Comunitaria, que es la estructura de impartición de justicia de las comunidades y pueblos indígenas en Guerrero.
En entrevista con SinEmbargo, los activistas sostuvieron que Gobierno local pretende desconocer la Policía Comunitaria para desamparar al pueblo y que las minas puedan ingresar y explotar sus tierras. “…porque el Gobierno en turno ha tratado de entregar toda la riqueza al extranjero, de saquear los recursos naturales para darlos a empresas de otro países”, dice Claudio Carrasco.
Carrasco Hernández recordó que la policía comunitaria se creó el 15 de octubre de 1995 para hacer frente a la inseguridad originada “por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al amparo del poder”.
El defensor aseguró que en todas las regiones donde no hay policía comunitaria, y aplica la justicia “mestiza” está lleno de crimen organizado.
Otra de las funciones que ha desempeñado la Policía Comunitaria, además de la seguridad contra la criminalidad, es impedir que las minas ingresen a los territorio, expuso el defensor.
“Al encontrarse sin un marco legal, cualquier defensa que pudieran hacer los pueblos de sus tierras frente a las mineras podría quedar catalogada, por Gobierno o por el Judicial, como delito y se puede proceder contra ellos. Entonces, se les deja en la indefensión y eso permitirá que la minería siga con los ojos puestos en esta región”, explica Pablo Guzmán.
El activista agrega que, con la falta de reconocimiento legal a las Policías, el Gobierno del Estado también se ahorraría el presupuesto que tiene que otorgar a los pueblos originarios para su desarrollo armónico.
“Una de las pretensiones e intereses de los gobernantes en turno con particulares es que los pueblos originarios no estén organizados para hacer valer sus derechos, entre ellos defender su territorio, sus comunidades, donde están sus lugares sagrados, sus cultos para pedir la lluvia, todo lo que tienen”, abunda el consejero.
Las comunidades de Guerrero han peleado contra el ingreso de la minas para evitar que exploten y dañen los cerros, que forman parte de la zona conocida como La Montaña, los cuales son sagrados para sus habitantes y pueblos originarios.
Estas montañas, explican los activistas entrevistados, son adoradas por los indígenas, porque “ahí es a donde ellos suben para pedir la lluvia. Esos cerros dan vida a las poblaciones porque ahí viene el agua, ahí está la leña, la madera. Por eso la gente no permite el ingreso de las minas porque no trae ningún beneficio, son puro engaño”.
En abril de 2011 se aprobó la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, donde también habla de la seguridad y reconoce la existencia del CRAC-PC y la policía comunitaria como su órgano para prevenir y velar por la seguridad.
Guzmán Hernández explica que la Ley 701 “quedó en el limbo” porque era reglamentaria del artículo 10 Constitución, y ahora –tras la reforma– los derechos de los pueblos originarios quedaron establecidos en los artículos del 8 al 14. “entonces tendría que haber una reforma a la Ley 701 que señalara que es reglamentaria de los artículos del 8 al 14 de la nueva Constitución”, dice el activista.
“ES RACISTA”
Los coordinadores de la CRAC-PC calificaron la reforma como un acto racista y un retroceso al reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios.
“De tajo desconocieron nuestros derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violentan nuestros derechos. A pesar de este atraco queremos decirles con la frente en alto que nosotros somos los dueños primigenios de este enclave sureño de vastas riquezas naturales”, plantea el posicionamiento de los colectivos de Guerrero.
Actualmente, en el estado de Guerrero hay al menos 6 mil policías comunitarios, comenta el Claudio Carrasco. Entre los municipios donde opera la Policía Comunitaria están: Malinalpec, Ecatepec San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Tlapa, Ayutla, Atlamajalcingo del Monte, Ayutla de los Libres, Ometepec, Xochistlahuaca, Ayutla, Olinalá, Huamuxtitlán, Tlacoachistlahuaca, Copanatoyac, Cochoapa el Grande.
El coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán sostiene que no es la primera vez que tratan de desaparecer a la Policía Comunitaria.
En el periodo 1999 a 2005, dice, cuando fue Gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros, legislador federal y próximo coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, intentó varias veces desarmar la policía comunitaria.
“Porque decía [Juárez Cisneros] que éramos ilegales y que ellos eran los únicos que podían impartir justicia; pero nosotros les queremos decir que eso no es cierto y eso no aplica. La justicia que aplican ellos [Gobierno y mestizos] no es efectiva porque hay muchos criminales que están coludidos con la justicia de ellos y nosotros no”, sostiene Carrasco Hernández.
El policía comunitario añade: “nosotros hemos aplicado justicia legitima en nuestro pueblo desde hace mucho tiempo. Antes de la invasión de nuestro territorio mexicano, nosotros teníamos nuestros propios usos y costumbres, sobre impartición de justicia”.
LISTOS PARA DAR LA BATALLA
Organizaciones civiles, colectivos y la CRAC-PC han advertido que defenderán “con la ley en la mano el modelo que -afirman – ha garantizado la paz y la seguridad en sus territorios.
“Nosotros como pueblo originario no vamos a permitir esa Ley. Hagan las leyes que quieran pero nosotros seguiremos funcionando como CRAC-PC porque sabemos que surte efecto, porque donde opera nuestra policía comunitaria no hay crimen organizado, no hay a asaltantes, violadores. Por eso nosotros vamos a seguir funcionando como siempre”, reitera Claudio Carrasco Hernández coordinador de la CRAC – PC en San Luis Acatlán.
Las policías comunitarias, explicaron Pablo Guzmán y Claudio Carrasco, están amparadas por el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por leyes internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. “Así que no estamos fuera de la Ley, estamos dentro de la Ley, solo que el Gobierno mexicano nos sigue discriminando “
“Queremos dejar bien claro eso ante el señor Héctor Astudillo Flores y Enrique Peña Nieto: nosotros [las policías comunitarias] vamos a seguir funcionando. Con o sin la Ley de Gobierno, nosotros tenemos nuestros propios usos y costumbres y vamos a seguir trabajando porque tenemos nuestro propio reglamento interno”, Claudio Carrasco Hernández coordinador , CRAC-PC en San Luis Acatlán.
El activista Pablo Guzmán coincidió en que la Policía Comunitaria no va a desaparecer por el marco legal de carácter internacional y en la Carta Magna que habla del reconocimiento de los pueblos originarios.
El decreto de reforma a la Constitución local fue enviado por Congreso del Estado a los 81 municipios de Guerrero para su ratificación o rechazo. Para que sea derogada, requiere de la aprobación de la mayoría de los Cabildos guerrerense.
Pablo Guzmán anuncia de las primeras acciones contra esta reforma será acudir a los Cabildos de los Ayuntamientos a pedir el apoyo y que no aprueben el decreto enviado por el legislativo local.
Las organizaciones y colectivos de Guerrero lanzaron un exhorto a los ayuntamientos “a no ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien, hagan valer su poder para rechazar esta Ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes”.
Claudio Carrasco detalla que además analizan el plan a seguir, los recursos legales y las controversias constitucionales que interpondrán para que no surta efecto la reforma.
“Con el derecho que nos asiste hacemos público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir esta reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar el proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”, advirtieron las organizaciones Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policías Comunitaria, Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “los María Morelos y Pavón”, Centro De Derechos Humanos De La Montaña “Tlachinollan”, Red Guerrerense De Organismos Civiles y De Derechos Humanos, Colectivo El Grito y las casas de Justicia de San Luis Acatlán, de Espino blanco y de El Parasol.
