Los sobornos de Odebrecht han levantado una inmensa ola de escándalos que alcanzan a políticos y autoridades de distintos gobiernos latinoamericanos. Aunque funcionarios del Gobierno de México habían sido señalados, el lodo no había salpicado directamente a ninguno de ellos hasta que ayer se revelaron más detalle de las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.
En este contexto, Edgardo Buscaglia, profesor e investigador de la Universidad de Columbia, sostiene que “un pacto de impunidad” de la clase política y empresarial mexicana obstaculiza la procuración de justicia en los casos de corrupción.
“El caso de Odebrecht es un caso de libro de texto del pacto de impunidad político mexicano”, asegura en entrevista con SinEmbargo, una charla donde también explica qué, dados los antecedentes, es poco lo que se puede esperar de una investigación de la Procuraduría General de Justicia.
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Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– El sistema judicial de México está paralizado por la corrupción política que comienza desde la Presidencia de la República y que involucra a las élites políticas y empresariales del país, y eso se ve reflejado en los presuntos sobornos de Odebrecht que desde hace varios meses se deberían haber investigado, planteó Edgardo Buscaglia, investigador senior de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia.
“El caso de Odebrecht es un caso de libro de texto del pacto de impunidad político mexicano”, sentenció el también especialista en redes de delincuencia organizada en administraciones pública en una entrevista con SinEmbargo, luego de que se diera a conocer que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien fue director del área Internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, fue señalado or tres directivos de la empresa constructora y petroquímica Odebrecht de recibir sobornos que alcanzarían los 10 millones de dólares.
De acuerdo con la información difundida por el diario O’Globo, Aristegui Noticias y Proceso, cuatro millones de dólares fueron entregados a Lozoya Austin justo en tiempos de la campaña del otrora candidatoPeña Nieto. El ex funcionario negó recibir las “propinas” y en las últimas horas los partidos de oposición exigieron que sea detenido.
Las acusaciones que ya pusieron contra las cuerdas a autoridades de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, República Dominicana, entre otros países, ahora obligan a las autoridades de procuración de justicia mexicanas a responder tras la secrecía y el retraso en las indagatorias.
Para atajar los casos de corrupción de raíz, Buscaglia cree en la necesidad de cambios en las leyes electorales que impidan a los candidatos en las urnas haberse válido de dinero sucio. Esto se haría a través de tres tipos de controles patrimoniales en la fase de precandidatura. Opciones que ningún partido ha propuesto en México, opinó, por verse beneficiados con el actual sistema.
De momento, sobre el caso Odebrecht el investigador anticipa poca credibilidad en los trabajos de la Procuraduría General de la República (PGR), si no se monta un esfuerzo internacional paralelo.
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—Otra vez la noticia llega desde el extranjero. Y hoy las autoridades de la PGR culpan a las brasileñas de no haber compartido aún información ¿Cree que pudieron haber empezado antes a indagar a Emilio Lozoya?
—En la política en México, ya operando de manera práctica, el sistema judicial se paraliza por la corrupción política que comienza con el Presidente de la República. Éste no impulsa a través de sus políticas judiciales el combate a la delincuencia organizada empresarial. Porque el caso de Odebrecht es eso. En México la gente está acostumbrada a caricaturizar a la delincuencia organizada, como les gusta hacer a los todólogos mexicanos, a través del “Chapo” Guzmán y Los Zetas. Pero, la delincuencia organizada transnacional opera a través de empresarios del más alto nivel.
—¿Cómo debe ser entendidas las operaciones de Odebrecht?
—El caso de Odebrecht es un caso de delincuencia organizada transnacional. Es una organización criminal que cometía actos de corrupción privada y pública, lavaba dinero, derivado de estos actos de corrupción y operaba al más alto nivel presidencial en muchos países. Entre ellos Perú, donde hay imputaciones contra el ex Presidente de Perú, e involucra a funcionarios del más alto nivel del Gobierno del Gobierno de Brasil. Entonces es un caso donde la Seido [ Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] tendría que estar abriendo cinco investigaciones contra personas a las cuales se les imputan estos hechos.
–Como es el caso de Lozoya…
–El hecho de que se le imputen señalamientos a Lozoya de haber recibido dinero, no quiere decir que automáticamente es culpable el señor. Pero cuando estás en un país con un pacto de impunidad, como México, lo que procede en todo caso es que se abran con Brasil cinco investigaciones paralelas, donde se indaguen a las redes que rodean a los hechos que se le imputan al señor Lozoya.
–¿Cómo funcionarían estas investigaciones?
–Tiene que haber un fiscal coordinando las cinco investigaciones. De las cinco investigaciones paralelas, la primera comienza con la propia investigación penal que debería estar encabezada por Seido de la PGR, en donde se identifican a los productos sujetos de delito. Después avanzaríamos a la segunda, que es la investigación financiera, en donde aportaría insumos probatorios la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] para complementar la primera. Una tercera investigación más patrimonial identificaría activos no financieros tangibles, como fábricas y activos dados a Pemex, que deberían ser identificados a través de la Unidad de Investigación Patrimonial Financiera de la entidad federativa donde se produjeron estos hechos.
–¿Cuáles serían las dos restantes?
–La cuarta investigación paralela que debería abrirse es la investigación penal tributaria. No sólo contra una persona, sino contra toda la red que presuntamente acompaña estos delitos. Estos no son delitos de un solo individuo, sino son delitos en red. Donde hay ex funcionarios públicos, empresarios, sindicalistas, diferentes actores. La investigación penal tributaria debería aportar la evidencia al SAT [Servicio de Acción Tributaria]. Y la última sería la investigación por extinción de dominio que nunca se aplica en México.
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–¿Cuál es el principal obstáculo para emprender esto a fondo?
– Si México no fuera un país donde prevalece un pacto político de impunidad, estas cinco investigaciones ya deberían haber sido abiertas hace meses coordinadas por la Seido.
–¿Ha demostrado el sistema judicial estar listo para un caso de este tamaño?
–También, hay que decirlo, es injusto que se lancen nombres de esta manera, donde se identifica a través de un testigo que el señor Lozoya recibió diez millones de dólares, y no se le da la oportunidad al sistema judicial de determinar la inocencia o culpabilidad. Hay mucha gente que también ha sido acusada [en otros casos], como el futbolista Márquez, o el cantante [“Julión” Álvarez]. Estas imputaciones que se hacen desde el exterior nunca terminan de determinar la culpabilidad o la inocencia de las personas involucradas. El hecho es que el sistema judicial mexicano está paralizado y deja a los ciudadanos mexicanos en un estado de indefensión ante las acusaciones. Por los mismo intereses de los ciudadanos se deben abrir estas cinco investigaciones al mismo tiempo, como se está haciendo en Brasil donde caen redes de políticos y empresarios como moscas todos los días.
–¿Cómo replicar la ola brasileña de funcionarios públicos castigados por corrupción ante el actual sistema judicial mexicano?
–Privilegiando medidas que a los agentes del ministerio público les permita avanzar con la investigación. Si se aplica la ley de delincuencia organizada se pueden aplicar las figuras de delación premiada, o sea darle a testigos protegidos beneficios procesales por aportar información, hay que protegerlos y darles algún tipo de beneficio procesal como se hace en Brasil, para que comiencen a caer presidentes y ministros y secretarios de Estado, de lo contrario el más alto nivel probatorio nunca va surgir. Lo que tenemos hoy en México es un pacto de impunidad mafioso que se manifiesta en esta parálisis, este silencio… lo que la mafia italiana llama la omertá.
–¿Quiénes callan en México?
–En México hay una omertá de toda la clase política, la clase empresarial, y el caso de Odebrecht es un caso de libro de texto del pacto de impunidad político mexicano.
–En la investigación periodística se detalla que fue a través de un offshore, en Islas Vírgenes, como los pagos llegaban a Lozoya. ¿No se escapan estas operaciones de las investigaciones de autoridades mexicanas?
–No, porque el Gobierno norteamericano ya ha estado abriendo una amplia investigación y ha estado presionando a otras jurisdicciones offshore para que aporten información. Si el Estado mexicano, si la PGR se quisiera acoplar a la investigación norteamericana, como lo ha hecho Brasil y Argentina, podría tener información. Lo que pasa es que claro que las preguntas las tienen que hacer los fiscales mexicanos, no es que los norteamericanos van a hacer el trabajo de los mexicanos, ellos están determinando el dinero que pasó por Estados Unidos. Si no se hace este activismo judicial de parte de las autoridades mexicanas, entonces lo que va a suceder es que ninguna información va a llegar. Al fin y al cabo, normalmente, estos pagos nunca se hacen a través de una cuenta bancaria de la persona en México o Estados Unidos. Se hacen a través de cuentas offshore que está a nombre de sociedades.
–Usted habla sobre la parálisis del sistema judicial, pero que hay de la parálisis de la ciudadanía ante los nuevos escándalos de corrupción. ¿A qué se debe?
–A la sociedad civil mexicana que ves en los medios, Televisa, TVAzteca, y aún con Carmen Aristegui, es una sociedad civil de elite, caviar, que recibe dinero por parte de empresas y del Gobierno mexicano y que tiene un factor de distracción, porque se distraen con vaciladas, como la ley 3de3, México contra la corrupción, frentes amplios, México Unido contra la Delincuencia, etcétera todas vaciladas que no permiten a la ciudadanía focalizarse y organizarse como han hecho los brasileños, los colombianos, los peruanos.
–Se convierten en factores de distracción entonces…
–Y de fragmentación. El Gobierno le pone mucho dinero. No lo veas como algo casual. […] El sistema anticorrupción mexicano no tiene un componente electoral, imagínate la vacilada. Tu crees que eso es casual, el sistema político acordó ese sistema anticorrupción con la sociedad caviar mexicana.[…] Ojo yo no estoy diciendo que los líderes de sociedad civil sean corruptos todos. Hay muchos idiotas útiles, mucha gente esperanzada y convencida de que todas estas vaciladas van a dar resultados, como la ley 3de3. El problema más grande es que están prologando la agonía mexicana y la corrupción política mafiosa mexicana, que genera violencia, como en el caso de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Los cuerpos colgados de los puentes, los cuerpos hallados en fosas, las decenas de miles de desapariciones forzosas son consecuencia directa de la corrupción política mafiosa.
– ¿Cómo arrancar esta política mafiosa?
– Tienes que arrancar la corrupción político electoral mafiosa que existe en México. Eso no lo vas a terminar mientras tengas a esta gente llegando al poder ya comprometidos con actos delictivos organizados en el proceso electoral mismo. Y es lo que ni Morena, ni el Frente Amplio, ni los Gobiernos de coalición mafiosos lo proponen, porque les están sacando beneficio eso, y ahí incluyo a todos los partidos mexicanos.
–Aún falta que se investigue. Sin embargo, ¿qué se hace con un contrato que ya fue concedido a Odebrecht, como el de la refinería en Tula?
–El contrato se puede declarar nulo, con retroactividad y exigir la reparación de daños contractuales, y si hay una causa penal involucrada deben estimarse los daños para reparar el daño público. Aquí hablamos de dos tipos de daños el daño privado y el daño público. El sistema penal trata de reparar daños públicos, daños a la sociedad. Si hay contratos, en donde se determinan que estuvieron sujetos a transacciones tipificadas por algún comportamiento, que nosotros englobamos con el nombre de corrupción, como lo puede ser tráfico de influencias, conflicto de interés, cohecho, soborno, etcétera. Si tienes algún tipo de comportamiento que de alguna manera contamino ese contrato, ese contrato debe declararse nulo, judicialmente hablando, y después delinear los daños privados y los daños públicos ligados a ese contrato. Eso ni siquiera se ha comenzado a hacer.
