El mes pasado, en un trágico y violento acto de represión, un par de hermanos campesinos, Alberto y Jorge Cortina Vázquez, fueron asesinados por la policía mientras participaban en una protesta contra la contaminación ambiental provocada por una mega fábrica de cría de cerdos en Veracruz, México. Los residentes y trabajadores agrícolas de la comunidad de San Antonio Limón habían bloqueado una carretera en protesta contra Granjas Carroll, una empresa que no sólo contamina el acuífero necesario para el agua potable limpia, sino que también utiliza una cantidad excesiva de agua. Las fuerzas de seguridad del estado persiguieron a los manifestantes, los golpearon y abrieron fuego, resultando en la muerte de estos dos jóvenes, de 22 y 27 años. Otros manifestantes huyeron de los 400 policías, buscando refugio en las casas de los residentes locales.
Granjas Carroll, con 18 operaciones porcinas entre Veracruz y Puebla, se autodenomina “el principal productor de cerdos en México”, criando 1.6 millones de estos animales al año. Esta empresa es una asociación entre Agroindustrias Unidas de México y Smithfield Foods de Estados Unidos. Las protestas contra los impactos ambientales y en la salud humana que generan las granjas porcinas de esta compañía han persistido durante varios años sin una resolución a la vista.
San Antonio Limón no es la única comunidad en México que defiende activamente el agua y a sus habitantes de los impactos perjudiciales de los grandes intereses porcinos. En Yucatán, varias comunidades mayas están haciendo campaña contra Kekén, instalando campamentos y bloqueando carreteras en protesta por la contaminación de cenotes esenciales y sagrados. Los manifestantes allí también han experimentado violencia, represión y cargos legales por parte de las autoridades que continúan defendiendo la agricultura industrial.
En una entrevista que hice el año pasado, el Dr. Francisco Bautista, experto en tierra y contaminación, nos habló sobre el impacto de las granjas porcinas y la represión contra quienes se oponen a ellas. Nos dijo: “Durante dos años he estado diciendo: autoridades, presten atención, presten atención, presten atención al problema, porque va a haber muertos. Ya hay represión, ya hay golpizas y lo que sigue son los muertos y me preocupa. Los muertos siempre son los pobres indígenas, personas pobres que dicen que de todos modos van a morir porque luchan por su tierra”.
Las granjas porcinas son notoriamente contaminantes. Un documental llamado The Smell of Money (El olor del dinero), estrenado el año pasado, expuso la contaminación del agua y el aire causada por la cría intensiva de cerdos en Carolina del Norte, así como los impactos en la salud de los residentes locales. La película reveló que quienes hablaron sufrieron acoso e intimidación policial.
A medida que los impactos devastadores de la agricultura industrial en los animales, las personas y el medio ambiente se vuelven cada vez más imposibles de ignorar, la reacción violenta contra quienes hablan ha empeorado. Sólo el año pasado, al menos 24 ambientalistas y activistas por los derechos de la tierra fueron asesinados, desaparecidos o encarcelados en México y Centroamérica. Las corporaciones agrícolas y mineras están en el centro de la violencia. Global Witness enumeró los nombres de 177 personas de todo el mundo que fueron asesinadas en 2022 por defender el medio ambiente y la vida humana que depende de él.
Diferentes ONGs en México se han unido en la condena a la violencia en San Antonio Limón y contra la industria que causa gran daño al medio ambiente y a las personas.
Escriben: “Recordamos al gobierno mexicano sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que le obliga a proporcionar y garantizar protección para los defensores ambientales. En este sentido, es importante que el gobierno mexicano garantice un entorno seguro y propicio para quienes promueven la defensa ambiental, proporcionándoles reconocimiento y protección, incluyendo su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho a reunión y asociación pacíficas, y derecho a libre circulación, y tomar medidas adecuadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir los defensores de los derechos humanos ambientales”.
Es fundamental que el mundo vea el gran daño que esta industria causa al planeta y a quienes lo habitamos. La violencia y la represión no deben ser las respuestas a quienes luchan por un medio ambiente limpio y saludable. Debemos unirnos para proteger nuestra tierra, nuestra agua y nuestras comunidades, para exigir justicia para Alberto y Jorge Cortina Vázquez y para todas las personas que han sido silenciadas por defender nuestro derecho a un futuro sostenible.
