La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía ser distinta en el “caso INAI”. Rechazar el proyecto de la ministra Loretta Ortiz era un acto de mínima congruencia constitucional y democrática.

Los argumentos planteados por la ministra, ya rechazados por la mayoría de ministras y ministros del Pleno, tenían dos grandes ideas-fuerza que traslucen la perspectiva de este gobierno sobre la función jurisdiccional.

La primera es que, a su parecer, las decisiones de los órganos políticos legitimados por el voto popular, no pueden sujetarse al escrutinio judicial. Dicha visión propia del paleopositivismo o estado legislativo de derecho ha sido superada por el constitucionalismo moderno. La idea de los tribunales constitucionales de posguerra es ser proactivos defensores de la Constitución, incluso asumiendo una posición contramayoritaria.

La segunda idea es que los derechos humanos pueden ser prescindibles en el marco de dichas decisiones políticas. Esto es aún más peligroso pues un buen día la decisión de la mayoría política puede ser, por ejemplo, legalizar la tortura.

En este escenario, esta fue una nueva batalla perdida por el Ejecutivo ante la Corte. Eso seguro le valdrá todo tipo de descalificaciones al máximo tribunal del país. Pero otra vez la SCJN tuvo que decidir sobre las bases constitucionales y democráticas de un país, como lo fue en su momento resolver el paso de la Guardia Nacional al ejército o el “Plan b” en materia electoral. En este caso trataba, nada más ni nada menos, sobre la garantía y operatividad del derecho a saber a través de una institución autónoma. Simple y sencillamente se trataba de la transparencia en el quehacer gubernamental como piedra angular de cualquier sociedad que aspire a ser democrática.

No perdamos de vista el origen del problema. El Senado de la República ha sido omiso en su obligación constitucional de designar a las tres personas comisionadas faltantes para integrar el Pleno del INAI, dos de ellas desde hace 466 días, y 101 días para la tercera vacante. El organismo se quedó con 4 comisionadas cuando la ley le exige sesionar legalmente con mínimo 5. Ello redundó en una atraso para resolver alrededor de 7 mil casos de posible ocultamiento de información por parte de órganos públicos.

La omisión no fue inocente, ni siquiera una falta de consenso en el seno de un órgano deliberativo. Era intencional, buscaba la muerte inducida del INAI en tiempos electorales por mandato del Presidente. Así se escuchó en abril en un audio adjudicado presuntamente al ex Secretario de Gobernación Adán Augusto López. “Nos conviene”, dijo con cinismo al dirigirse a los senadores de MORENA. Y si les conviene la opacidad en tiempos donde arrecia la disputa política es porque hay mucha “cola que les pisen”, como la hubo cuando el PRI y el PAN fueron gobierno y la oposición exigía abrir información que podía perjudicarles políticamente.

La orden “desde arriba” fue llevada por la mayoría parlamentaria a tal extremo que el Senado y la Comisión Permanente incurrieron al desacato de varias resoluciones judiciales que les ordenaron cumplir con la designaciones de las personas comisionadas.

Así, ilegalidad tras ilegalidad, el proyecto político denominado como la “cuarta transformación” mostró su talante más regresivo y autoritario, el de la cultura del ocultamiento y el engaño. Bajo argumentaciones diversas trataron de justificar la desaparición del INAI. Que salía muy caro, que nunca confrontó a los gobiernos anteriores, que al PRIAN le ayudó a mantener en la opacidad sus rapacidades, que estaba cooptado por intereses facciososo, y un largo etcétera.

Ninguna de esas justificaciones dio pie a una reflexión profunda para hacer un INAI más eficiente para, por ejemplo, imponer sanciones ejemplares a los sujetos obligados que no entregan la información. O bien, para mejorar los procesos de designación, como es necesario en el caso de muchos organismos garantes de diversos derechos.

En este proceso de degradación institucional perdemos todos. Lejos quedó el espíritu democrático de esa izquierda que peleó con uñas y dientes por la transparencia, y que siendo oposición logró perfilar una ley modelo para América Latina y el resto del mundo. El INAI sobrevivió a los sucesivos intentos – a veces logrados- de cooptación por parte de gobiernos anteriores, mediante la designación de comisionados a modo o presiones directas sobre casos políticamente convulsos. Ahora enfrentó una batalla que parcialmente ganó: la de su parálisis indefinida. Veamos si logra superar la próxima que se traduce en su posible desaparición mediante una reforma legal.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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