Los opositores han centrado sus baterías en la defensa de la Suprema Corte de Justicia, como si la reforma judicial se tratara solo de eso. Los obradoristas, montados en la euforia del triunfo, están felices con la pésima idea de elegir por voto directo a jueces, magistrados y ministros de la Corte; lo ven como una especie de venganza política. En lo que ninguno de los dos bandos repara (en realidad no lo quieren ver) es que el problema de fondo, la justicia, no va a cambiar un ápice defendiendo a la Corte o eligiendo nuevos jueces y ministros.

Si en algo podemos tener consenso es que el sistema de justicia en México es un desastre. Los índices de impunidad, la lentitud en los juicios, la cantidad de personas encarceladas por prisión preventiva y la corrupción en el sistema judicial son evidencia de que necesitamos una reforma al poder judicial. Es, sin embargo, un grave error pensar que la justicia comienza y termina en los juzgados.

El problema de la impartición de justicia en México comienza con las policías. Un buen día decidimos que el primer paso del sistema penal descansara en el informe policial homologado que deben redactar policías que no saben leer ni escribir, sean municipales, estatales o de la Guardia Nacional. Los mejores jueces del mundo tienen poco que hacer si de origen los datos sobre los que tendrán que juzgar están mal.

El segundo gran problema son las fiscalías. La investigación y la acusación de delitos penales se concentra en instituciones que no tienen recursos, capacidades y son, en general, profundamente corruptas. Si no profesionalizamos al ministerio público es irrelevantes si al juez lo nombró un compadre o fue electo por voto popular.

No hay duda de que la forma en que hoy se eligen jueces y magistrados, a través de componendas y compadrazgos políticos es insostenible. Todos los ministros de la Corte son fruto de un acuerdo político, lo cual no quiere decir que sean incondicionales al presidente que los propuso: ahí está el caso de Zaldívar, que decidió plegarse a un presidente distinto a quien lo nombró, o la ministra Margarita Ríos-Farjat y el ministro José Luis González Alcántara que, habiendo sido propuestos por López Obrador, han hecho gala de su independencia. Si los ministros, magistrados y jueces son electos por voto directo le van a deber la vida a los partidos, pero, sobre todo, no asegura que los electos sean independientes. Si el dinero sucio en las campañas de legisladores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la república corrompe el ejercicio del poder, el financiamiento en las campañas para el Poder Judicial terminará por corromper más aún el sistema de justicia. Es el narco el que se frota las manos ante esta desmesura.

Sí, urge una reforma al sistema de justicia, no solo al Poder Judicial, sino a toda la cadena que hoy permite la impunidad. Eso requiere una discusión amplia, sensata y que tome el tiempo que tenga que tomar. Lo primero es que el gobierno, los partidos y la sociedad nos tomemos en serio una discusión que no es sobre el poder, no es sobre quién manda, sino sobre la justicia.

Diego Petersen Farah

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