El Procurador Fiscal de la Federación detalló que el tío de Luis Cárdenas Palomino es vinculado con más de cinco empresas que recibieron 600 millones de pesos en equipo de espionaje y seguridad.
Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Procurador Arturo Medina pidieron esta mañana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelvan por “influyentismo” el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, quien podría recibir un amparo por parte del Ministro Luis María Aguilar para ser exonerado del delito de defraudación fiscal, que implicaría una afectación de 10 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
El Presidente llamó a la SCJN a resolver el caso, ya que “si no lo revisan a fondo y resuelven por influyentismo, por consigna, van a dañar a la Hacienda Pública”.
Desde Palacio Nacional, el Procurador Fiscal de la Federación explicó que “es un caso relevante, no solamente por el monto que es un monto de recursos importantes, sino por el contexto en el que se da y cómo ha sido manejado el proyecto que plantea resolver este asunto que se ha planteado ser discutido el día de hoy en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Gustavo Cárdenas Fuentes es el representante legal de OBSES DE MÉXICO SA de CV en operaciones financieras y “en algunas otras y que fue beneficiara de distintos contratos en la pasada administración, principalmente en lo que es hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en diversas entidades como el Gobierno de Michoacán, Nayarit, la Policía Federal y el Servicio de Protección Federal, regularmente vinculado a artículos de inteligencia y de comunicación”.
El Procurador puntualizó que Cárdenas Fuentes “ha tenido contratos o tuvo contratos en la pasada administración por más de 600 millones de pesos en distintas dependencias”, y señaló que ha sido parte de la organización criminal vinculada a su sobrino Luis Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna, por su nexo con la empresa Adamatium Private Services, perteneciente al exsecretario de Seguridad, para enviar recursos a Estados Unidos en esquemas de corrupción de desviación de recursos públicos por más de 745 millones de dólares.
Además, acusó que Cárdenas Fuentes ganó un amparo frente al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que dejaran de revisar sus cuentas, por lo que dejó de pagar 163 millones de pesos de impuestos desde el 2015 y que actualmente serían 342 millones de pesos con las actualizaciones que correspondientes.
Asimismo, el Procurador detalló que Luis María Aguilar, Ministro ponente, presentó un nuevo proyecto que plantea conceder un amparo a Cárdenas Fuentes, que de acuerdo con tres antecedentes emitidos por él mismo, el tío de Cárdenas Palomino sería “exonerado por el Tribunal Colegiado a resolver en definitiva y evitar que esta persona pague los impuestos que corresponden a la Federación”.
“Este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país, cosa que afectaría a la Hacienda Pública. ¿De cuánto estaríamos hablando? De miles de millones de pesos, calculamos por lo menos 10 mil millones de pesos en la afectación de procedimientos que se están integrando actualmente en visitas de verificación, facultades de revisión del SAT, más los asuntos que actualmente se dirimen en tribunales federales”, reveló.
“La relevancia de este caso no solamente es económica, es también por la implicación y el contexto de la persona que ha promovido que la justicia lo ampare y a quien hoy el proyecto planteado en la Segunda Sala pretende conceder el amparo”, comentó.
“Esto se sumaría también a las acciones que ya ha tomado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el retroceso que tuvimos el año pasado respecto a las reformas penal-fiscal, que consideraban la prisión preventiva oficiosa como una medida eficaz para combatir la defraudación fiscal y que fue declarada inconstitucional”, agregó.
En octubre de 2021 y en noviembre de 2022, la SCJN declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, contrabando y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
La votación de noviembre de 2022 tuvo a seis de 11 ministros en contra de esta nueva propuesta del Ministro Aguilar, la cual requería ocho votos para que fuera aprobada, por lo que se mantendrá sin cambios la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, excepto para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los denominados “factureros”.
Hoy se discute el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes en la #SCJN y AMLO no podía dejarlo pasar.
Aseguraron en la mañanera que si se exonera del pago de impuestos al tío de Luis Cárdenas Palomino, el monto adeudado de 10 mil mdp "serían recursos públicos que no pueden destinarse a… pic.twitter.com/TD0RnQmTz8
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 14, 2023
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”, declaró el entonces Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, quien votó a favor.
En un segundo intento para poder eliminar la prisión preventiva oficiosa, el Ministro Aguilar Morales planteó hacer una “interpretación conforme en sentido amplio” de la Constitución federal y anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia, por lo que planteaba que “esta medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que se analice caso por caso”.
“De esta manera, se debe entender a la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática“, explicó Aguilar Morales en su nuevo proyecto. “El carácter oficioso de la medida cautelar únicamente significa que se trata de una modalidad en la que el Juez penal debe abrir el debate para determinar si se justifica la imposición de la prisión preventiva, sin necesidad de que el Ministerio Público hubiera solicitado la medida cautelar”, completó.
Actualmente existe una población total de 226 mil 916 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. De ese universo de personas, 134 mil 321 equivalentes al 59.2 por ciento, se encuentran cumpliendo una sentencia de condena. Sin embargo, 92 mil 595 equivalentes al 40.8 por ciento se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva, sin tener una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso contradictorio con las garantías del imputado, de acuerdo con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de junio de 2022” emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
