El pasado 12 de junio, los senadores demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense llegaron a un acuerdo sobre modestos límites a la tenencia de armas, que incluye también medidas para mejorar la seguridad en las escuelas y para prestar servicios de salud mental.
Por Alan Fram
WASHINGTON (AP).— El borrador de un acuerdo bipartidista en el Senado de Estados Unidos para frenar la violencia con armas de fuego no incluye medidas para un cambio profundo que prohíban las más letales, pero sí propone una serie de disposiciones que dificultan que algunos compradores jóvenes y personas consideradas como una amenaza puedan tenerlas.
Y hay propuestas significativas para abordar los problemas de salud mental y de seguridad escolar. Todo esto refleja la presión que sienten ambos partidos en un año electoral para actuar después de balaceras masivas en mayo que dejaron 10 muertos en Buffalo, Nueva York, y 21 más en Uvalde, Texas.
Los detalles del plan siguen en negociación entre demócratas y republicanos, con desacuerdos sobre el rigor deberían tener las iniciativas. Esto significa que la fuerza de la propuesta — y qué partes sobrevivirán — siguen sin estar claras mientras se traduce en ley.
Esto es lo que hay dentro y fuera del acuerdo:
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FORTALECIMIENTO, AUNQUE LIMITADO, DE LA COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES
Cuando una persona de entre 18 y 20 años intente comprar armas de fuego, la verificación federal de antecedentes requerida incluirá por primera vez el registro de delitos juveniles y de salud mental. Para que las autoridades estatales y locales tengan tiempo a recopilar la información, el plazo máximo actual de tres días se ampliaría hasta siete días más, según asesores con conocimiento de las conversaciones. Una vez transcurridos los 10 días, el comprador podría obtener el arma aunque la búsqueda de antecedentes está incompleta.
Actualmente, quienes se dedican a la venta de armas de fuego están obligados a obtener licencias federales para ellas y deben realizar controles de antecedentes. Los negociadores quieren que la norma abarque a más personas que, sin tener un negocio formal, venden armas de forma ocasional.
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OTRAS RESTRICCIONES
El plan contempla subvenciones para ayudar a los estados a aplicar o promulgar leyes de “bandera roja” que permitan a las autoridades obtener órdenes judiciales para retirar de manera temporal las armas a las personas consideradas peligrosas. Diecinueve estados y el Distrito de Columbia cuentan ya con este tipo de estatutos, pero algunos carecen de fondos para aplicarlas con rigor.
Por otra parte, se endurecerán las sanciones para los testaferros, es decir, aquellos que compran armas para otros que no cumplen los requisitos. Se prohibirá la obtención de armas a un mayor número de parejas o exparejas sentimentales condenadas por maltrato doméstico, o para las que sus víctimas hayan solicitado una orden de alejamiento. Ahora, esto se aplica si la pareja estaba casada, vivía junta o tenía hijos en común.
La inclusión de restricciones más duras contra los testaferros y las parejas separadas fue sorpresiva ya que los republicanos ya las habían bloqueado en ocasiones anteriores.
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AFRONTAR PROBLEMAS MÁS AMPLIOS
Según los demócratas, habrá miles de millones de dólares para ampliar las iniciativas de salud mental. Permitiría financiar más centros comunitarios de salud mental, reforzar los programas de prevención del suicidio y de intervención contra la violencia, y aumentar el acceso a las consultas de salud mental a distancia.
La seguridad en las escuelas recibiría más fondos, que podrían incluir una mayor seguridad en las entradas de los edificios, la capacitación del personal y programas de prevención de la violencia. El importe no estaba claro.
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OBSTÁCULOS POR DELANTE
Los demócratas cuyos electores están claramente a favor de las restricciones a las armas de fuego quieren que la nueva ley sea lo más estricta posible. Los republicanos no quieren nada que ponga en su contra a sus votantes, que son fervientes partidarios de las armas.
Esto se traduce en duras negociaciones en torno a la letra pequeña de la legislación.
¿Cómo de estricta será la nueva definición de qué vendedores necesitan licencias federales para armas de fuego? ¿Habrá límites en torno a qué registros de menores de edad podrían ser consultados durante la comprobación de antecedentes de los compradores más jóvenes?
¿Qué requisitos tendrían que cumplir los estados para poder optar a los fondos de “bandera roja”? ¿Qué protecciones legales tendrían la gente si las autoridades las consideran demasiado peligrosas para tener armas de fuego?
¿Cuánto dinero costará esta iniciativa? Nadie lo ha dicho, pero personas familiarizadas con las discusiones dicen podría rondar los 15 mil millones de dólares. ¿Y cómo se pagará?
Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador demócrata de Connecticut Chris Murphy, dijo a periodistas el lunes que los negociadores planean abonar el costo con reducciones de gastos o con nuevos ingresos. Esto último podría ser un obstáculo para los republicanos.
Se espera que el paquete pueda ser redactado y aprobado antes de que el Congreso inicie su receso del 4 de julio.
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¿QUÉ QUEDA FUERA?
El Presidente Joe Biden ha propuesto reactivar la prohibición a las armas de asalto de 1994, que expiró luego de una década, o elevar la edad mínima para la compra de 18 a 21 años. Quiere prohibir los cargadores de gran capacidad.
El mandatario también revocaría la inmunidad legal que protege a los fabricantes de armas. Además, reclama imponer requisitos para que se guarden de forma segura y una ley federal de “bandera roja” que cubra a los estados que carecen de ella.
Ninguna de estas medidas se incluyó en el proyecto de ley, como tampoco la comprobación universal de antecedentes. Biden apoya la iniciativa de todos modos en nombre de un compromiso que produciría resultados.
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¿QUÉ PASARÁ?
Diez senadores de cada partido se unieron para anunciar la propuesta y su respaldo. Esas cifras no son una coincidencia.
Indican un apoyo potencialmente suficiente para su aprobación en el Senado, donde los demócratas necesitan al menos 10 votos del Partido Republicano para alcanzar el umbral habitual de 60 votos.
Además de Murphy, los otros negociadores principales fueron los senadores John Cornyn, republicano de Texas; Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, y Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte.
Su aprobación en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, se da por hecha, aunque siempre podrían surgir complicaciones.
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¿MÁS RESTRICCIONES?
Otro negociador, el Senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal, dijo que espera que los republicanos vean que “el cabildeo de las armas es más débil de lo que creen”. Pero hay indicios de que la aprobación de futuras restricciones será un reto.
Esta racha de medidas es la más importante en el Congreso desde que se promulgó la ya caducada prohibición de las armas de asalto hace tres décadas. Esto pone de manifiesto lo duraderas que pueden ser las posiciones consolidadas.
