De acuerdo con el diario El País, grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar “una opaca red con el Gobierno de Venezuela que intercambió petróleo del país caribeño por alimentos.
Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– El Gobierno de Nicolás Maduro necesitaba canjear petróleo por alimentos ante la presión que sufre por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2014 y que le impiden comercializar con facilidad sus ingentes reservas de crudo. Una empresa mexicana, al parecer apoyada por el Gobierno de México, le ayudó en la tarea, dice el diario español El País en un reportaje en el que participa Armando.info, sitio venezolano.
“Así, se pactó el pago de ambos contratos con dos millones de barriles de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esos dos millones de barriles se acabaron convirtiendo en al menos 30 millones en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de El País y Armando.info, [la empresa] Libre Abordo justificó el salto de dos millones a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo”, dice el diario.
La empresa mexicana “se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques que se justificaban como ‘ayuda humanitaria’, para así tratar de evadir las posibles sanciones. A los ojos de Estados Unidos, las llamadas transacciones de ayuda humanitaria no solo se cobraron, sino que implicaron un negocio de cientos de millones de dólares para un grupo de empresarios a expensas del pueblo venezolano, ‘malbaratando’ sus recursos naturales”.
El País dice que un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar “una opaca red con el Gobierno de Venezuela que intercambió petróleo del país caribeño por alimentos. Después, comercializaría con carbón y aluminio, y buscaría ampliar su portafolio a otros negocios”.
“Creó un entramado que movió millones de euros por todo el mundo sin apenas dejar rastro, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista. Cuál es el grado de conocimiento que el Gobierno de México ha tenido de las operaciones de estos empresarios todo este tiempo ha sido un misterio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana”.
Una investigación de El País y Armando.info “atestigua que Libre Abordo, una de las compañías involucradas, se presentaba como una empresa nombrada por el Gobierno de México para hacer este tipo de operaciones. La comercializadora, además, asegura haber realizado negocios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. Documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes”.
Los dos medios deducen que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, un órgano que se desprende de la Secretaría de Agricultura. Según la versión de Libre Abordo, la Administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210 mil toneladas de maíz con destino a Venezuela.
