Por: Ana María Morales Chacón*

La Organización de Naciones Unidas (ONU) inició formalmente las negociaciones para una Convención Tributaria que pueda poner fin a los abusos fiscales de las multinacionales y de las personas con mayores ingresos. Estas primeras reuniones se realizaron a principios de mayo y se enfocaron en establecer los primeros parámetros sustantivos y procedimentales para la negociación de dicha Convención. Sin embargo, más allá de lo histórico del momento y de las oportunidades que este proceso podría abrir para crear un sistema tributario global más justo, las primeras sesiones auguran un proceso de negociación complicado, azaroso y en donde los países de ingresos medios y bajos, incluido México, deberán actuar en bloque para realmente construir una Convención inclusiva, equitativa y que tome en cuenta sus necesidades.

Un primer elemento que permite concluir la anterior preocupación está relacionado con que durante estas primeras negociaciones pudo observarse la conformación de dos bloques de países claramente diferenciados por sus intereses. Por un lado, aquellos países que en su mayoría son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y, por otro lado, países africanos y asiáticos, principalmente, que conforman una mayoría de alrededor 60 países.

El primer grupo— que en su mayoría votó en contra de la creación de esta Convención[1]— ha dejado en claro su preocupación por la duplicación de normas tributarias, ya que, consideran que los esfuerzos creados anteriormente por la OCDE deben de fortalecerse. Además, procuran un proceso de negociación lento y en el cual la discusión de protocolos prácticos de implementación se realice posterior a la ratificación de la Convención. Por su parte, el segundo grupo ha defendido decididamente la inclusión de temas sustantivos como la tributación equitativa a empresas multinacionales y a las transacciones transfronterizas, así como la realización de protocolos tempranos para hacer frente a los desafíos actuales que merman con mayor crudeza la recaudación de los países de ingresos medios y bajos.

Estos posicionamientos encontrados muestran que la negociación no será sencilla y que los países ricos siguen mostrando incredulidad y desconfianza sobre la verdadera necesidad de esta Convención. Ante ello, los países del llamado “Sur Global” necesitan conformar un bloque bien articulado, con gran capacidad técnica y, sobre todo, política, donde aquellos países que aún titubean en posicionarse a favor de uno u otro grupo puedan finalmente abogar por una Convención justa.

En ese sentido, y como segundo elemento, llamó la atención la poca articulación mostrada por los países latinoamericanos y caribeños.  Al contrario de lo observado por parte del Grupo de Países Africanos, esta región no actuó en bloque, no mostró una posición unificada y tampoco envió un mensaje claro al resto de los países. La participación de los distintos delegados y delegadas de América Latina exhibió posturas contradictorias. Por ejemplo, Brasil, Colombia y Chile quienes abogaron en ocasiones por una Convención justa que priorizara las necesidades de los países de ingresos medios y bajos; las intervenciones de Argentina o Costa Rica que estuvieron alineadas a las realizadas por los países miembros de la OCDE; y aquellos países que ni siquiera tomaron la palabra a lo largo de las sesiones.

Dentro de los países que no emitieron opiniones concretas en las distintas sesiones de negociación estuvo México. Desafortunadamente, la delegación mexicana careció de fuerza, integrada solo por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no habló ni se posicionó públicamente sobre los temas tratados. A comparación de lo sucedido hace un par de meses cuando el país fue seleccionado para ser miembro del Bureau responsable del análisis de las temáticas procedimentales y sustantivas que se negociarán en la Convención, en esta ocasión no hubo colaboración. Lejos queda México de jugar un rol protagónico en el proceso de negociación, por lo cual este se convierte en el tercer elemento de inquietud que arrojó el inicio de los debates en Naciones Unidas.

El silencio mexicano quizás podría interpretarse como un apoyo implícito a los países del grupo de la OCDE, fenómeno que podría estar sucediendo también en otras delegaciones latinoamericanas y caribeñas. Por ende, esta falta de claridad de la región debería llevarnos a profundizar los esfuerzos regionales hacia una posición unificada y coordinada en pro de la defensa de los intereses de la región y que, además, no ponga en riesgo la adopción de una Convención equitativa y justa para los países con mayores necesidades sociales y económicas. En ese sentido, la recientemente conformada Plataforma Regional de Cooperación Tributaria (PTLAC), debería asumir un mayor liderazgo en uniformar una postura regional efectiva y en defensa de los intereses de la región.

Desde Fundar, seguiremos pendientes del proceso de negociación, así como, de la participación de México en estas discusiones internacionales. Creemos, además, que la sociedad civil tiene una oportunidad histórica para ser parte activa del proceso, y que, de cara a las sesiones que se realizarán en agosto próximo, esta debe trabajar colectivamente para incidir en aquellas delegaciones que aún titubean, como el caso de la delegación mexicana. Confiamos en que México se sumará a los esfuerzos por crear una Convención basada en la transparencia, la inclusión, la equidad y la garantía de los derechos humanos como principio transversal de la política tributaria internacional.

* Ana María es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

[1] https://taxjustice.net/press/no-voters-on-un-tax-reform-enable-75-of-global-tax-abuse/

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