Son tiempos difíciles. Expertos y organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dicen que nuestras naciones estarán desesperadas por recuperarse. Pero la recuperación de la crisis debe tener en su centro las consideraciones sociales y de derechos humanos sobre el crecimiento económico.
Por Amanda Romero, Diana Figueroa y Marina Novaes
LA CRISIS
Ciudad de México, 14 de mayo (Opendemocracy).- Un artículo reciente de una periodista paraguaya citaba a varias personas que reaccionaron negativamente a un mensaje viral en Twitter en el que se capturaba a un adolescente de 14 años mientras robaba comida en Asunción, argumentando que tenía hambre. Estas personas dijeron que robar comida está mal bajo cualquier circunstancia.
Pero vivimos en circunstancias especiales. La pandemia COVID-19 está amenazando a millones de personas muy empobrecidas en América Latina. Como declaró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: “En los cinco años anteriores al brote, entre 2014 y 2019, el crecimiento se había desplomado a sólo el 0.4 por ciento, su tasa más baja desde la década de 1950”, y declaró que la pandemia golpearía duramente a esta región, incluso devolviendo a Argentina a una situación de suspensión de pagos.
Si bien la pandemia llegó después de que ya había devastado a Europa (y ahora a los Estados Unidos), todo el mundo en el ámbito de los derechos humanos sabía que los servicios sanitarios y sociales en América Latina se habían desmantelado de manera progresiva, principalmente a través de la privatización y la reducción de los programas y gastos públicos. Por lo tanto, la pandemia afectaría principalmente a las personas vulnerables que no pueden acceder a los servicios públicos básicos.
Al mismo tiempo, las reformas estatales se centraron en el crecimiento económico cuya base es la extracción de recursos naturales a expensas del medio ambiente y los derechos humanos, así los empleos mal remunerados y sin seguridad social de la industria manufacturera orientada a la exportación y otras industrias. El rápido aumento de la riqueza en sectores como la agroindustria, la minería, la construcción, el petróleo y el gas benefició a las élites nacionales y transnacionales, a los inversionistas y al sector financiero. Aumentaron su poder económico y político al tiempo que dejaron atrás a millones de personas que ahora ven que la pandemia agudiza antiguos problemas de derechos humanos como las discriminaciones raciales, étnicas, de género, de clase y ambientales.
RESPUESTAS
Las respuestas de los gobiernos y las empresas a la pandemia reflejan las relaciones asimétricas en la región más desigual del mundo. En nuestro portal sobre COVID-19, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos está rastreando el comportamiento de las empresas en este contexto.
Algunas corporaciones han tomado las medidas adecuadas pagando a sus personas trabajadoras, evitando los despidos indiscriminados y obedeciendo las normas de distanciamiento social.
Algunas empresas han distribuido sus productos a comunidades vulnerables. Esto plantea la cuestión: ¿Por qué no lo hicieron antes? En las zonas con escasez de agua, donde este recurso natural ha sido privatizado, ahora las empresas ofrecen distribuirlo gratuitamente. En algunos países, como Colombia, Guatemala y Perú, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a represalias por defender sus fuentes de agua frente a las compañías mineras y de carbón.
Millones de trabajadores migrantes, trabajadores de reparto y transporte, empleados de los mercados de alimentos, trabajadores domésticos y personas de la economía informal, corren un riesgo mucho mayor en este momento
En muchos otros casos, lamentablemente, la pandemia se está utilizando como excusa para eliminar los derechos laborales y otras regulaciones de protección social. Las asociaciones empresariales y las compañías han ejercido una inmensa presión sobre muchos gobiernos de América Latina para que relajen las medidas destinadas a prevenir la propagación de la infección, argumentando que la economía debe ser prioritaria, y que la gente morirá si la economía no se “reactiva”.
Además, el sector privado y los gobiernos de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, que ahora están pasando lentamente el punto álgido de la pandemia, están presionando para que las empresas de América Latina vinculadas a sus cadenas de suministro reanuden la producción, haciendo caso omiso de las medidas de salud y seguridad necesarias para que las personas sobrevivan.
Haciendo caso omiso de las lecciones de otras regiones, estamos siendo testigos de actitudes irresponsables por parte de gobiernos como los de Brasil y Nicaragua, donde sus presidentes ignoran deliberadamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; o el de Ecuador, donde el elevado número de víctimas ha revelado una aguda escasez de camas y equipo hospitalario, y donde el personal médico y sanitario no ha estado recibiendo sus salarios; o bien, como en México, donde no se dispone en todas las regiones del equipo básico para protegerse.
Hemos encontrado casos de empresas mineras, manufactureras y agrícolas que exigen a sus empleados que sigan trabajando como si no pasara nada y han registrado mayores tasas de contagio. Si bien algunas personas pueden trabajar desde su casa y otras en sectores “esenciales” no pueden hacerlo, la realidad es que millones de trabajadores migrantes, trabajadores de reparto y transporte, empleados de los mercados de alimentos, trabajadores domésticos y personas de la economía informal, corren un riesgo mucho mayor en este momento.
Algunas empresas sostienen que sus actividades comerciales son “esenciales” para mantener la economía en movimiento y han presionado activamente para modificar las reglamentaciones.
Por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente de Honduras ha acelerado la aprobación de licencias ambientales para proyectos mineros e hidroeléctricos. Otras empresas mineras, de confección y orientadas a la exportación han utilizado el argumento de mantener algunos empleos clave para proteger las economías nacionales.
Pero también están aprovechando la flexibilidad de los plazos fiscales, los beneficios económicos y las medidas “de emergencia”, e interpretando los permisos de manera que les permitan despedir a muchos empleados sin ninguna compensación social (como en el Perú y Colombia, o peor aún en El Salvador y Honduras, donde las autoridades simplemente pasan por alto esta práctica).
Otro ángulo de la emergencia tiene que ver con la forma en que las empresas deben apoyar a sus trabajadoras que sufren violencia doméstica y otros abusos de género. En los sectores de la confección, las flores, el banano y otros, no se considera a las trabajadoras a pesar de la discriminación y las opresiones que sufren, cuando trabajan en el hogar sufriendo violencia masculina, o cuando asisten al lugar de trabajo en sectores donde la mayoría de las personas trabajadoras son mujeres, donde no se practica el distanciamiento social y no se les proporciona equipo de seguridad. Además, en algunos casos, las mujeres embarazadas han sido las primeras en ser despedidas de sus trabajos sin las debidas garantías e compensaciones.
EL FUTURO
Son tiempos difíciles. Expertos y organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dicen que nuestras naciones estarán desesperadas por recuperarse. Pero la recuperación de la crisis debe tener en su centro las consideraciones sociales y de derechos humanos sobre el crecimiento económico.
Un nuevo modelo económico mundial debería poner a las personas en el centro, lo que significa que la conducta empresarial responsable es crucial.
Algunos dicen que el mundo tiene que cambiar su relación con la naturaleza y la relación entre los seres humanos después de que la pandemia haya terminado. Pero nosotros argumentamos que ya ha cambiado.
Un nuevo modelo económico mundial debería poner a las personas en el centro, lo que significa que la conducta empresarial responsable es crucial. Durante y después de esta emergencia, las empresas deben respetar los marcos de debida diligencia en materia de derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional. De manera básica, esto significa que las empresas deben evitar causar daños a los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y ambientales, y que deben reparar, remediar y mitigar los daños ya causados.
Hay diferentes opiniones sobre cómo hacer esto. Muchas voces de la sociedad civil están pidiendo a los gobiernos que detengan los estudios de evaluación del impacto ambiental, los procedimientos de consentimiento libre, previo e informado, la concesión de licencias y las reformas reglamentarias, incluido el fracking, mientras la pandemia sigue su curso.
Afirman que volver a las actividades extractivas, comerciales, de transporte u otras actividades comerciales sin proteger a millones de seres humanos tendrá peores consecuencias para la capacidad de las personas de producir, consumir y apoyar nuestras economías ya débiles.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ampliamente adoptados en América Latina, reconocen que las empresas son responsables de los impactos que causan directa e indirectamente, aunque no hayan tenido la intención de causar daño.
América Latina merece una nueva oportunidad de recuperación, a través de un enfoque de derechos humanos que incluya a los pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes, quilombolas, mujeres, migrantes, sindicalistas y otros grupos excluidos, pero claves.
El objetivo final de este nuevo modelo económico mundial tan necesario, con base en la debida diligencia en derechos humanos y ambiental, es hacer que las empresas rindan cuentas sobre la forma en que obtienen sus beneficios y que reflexionen más sobre la medida en que sus actividades contribuyen positivamente o no a una sociedad justa y a un medio ambiente sano.
En última instancia, el modelo sólo cambiará si aprendemos las lecciones correctas de los fracasos del sistema económico excluyente que hemos construido. Ahora tenemos la oportunidad de colocar a las personas y sus derechos humanos en el corazón del mismo.
