A través de un comunicado, la CNDH hizo un llamado a las ministras y ministros para proteger los derechos de los habitantes Maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que salvaguarde la posesión de tierras y territorios de comunidades indígenas de Puebla por encima de las concesiones de recursos naturales a partir de la Ley Minera.
A través de un comunicado, la CNDH hizo un llamado a las ministras y ministros para proteger los derechos de los habitantes Maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso.
Refirió que debe resolverse la sentencia hecha por el Ministro Javier Laynez Potisek, presidente de la Segunda Sala, sobre la constitucionalidad de algunas partes de la nueva Ley Minera.
Hacemos un llamado a las y los Ministros de la @SCJN para que en sus decisiones sobre la #LeyMinera, salvaguarden la posesión de territorios y recursos de las comunidades indígenas Maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, en Puebla. pic.twitter.com/9nuRFbTKV0
— CNDH en México (@CNDH) May 14, 2020
“En víspera de que el Máximo Tribunal de Justicia en el país resuelva el proyecto de sentencia elaborado por el Ministro Javier Laynez Potisek, presidente de la Segunda Sala, relativo al amparo en revisión 928/2019, sobre la constitucionalidad de algunas partes de la Ley Minera, con relación a los derechos territoriales que les son propios a esas comunidades”, se lee en el documento.
La Comisión precisó que debe garantizarse la conservación y preservación de los territorios de pueblos originarios.
“En ese sentido la Comisión Nacional hace propia la voz y exigencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para la conservación, defensa y protección de sus territorios cuya propiedad original detentan desde tiempos ancestrales”, expuso.
Por último, la CNDH subrayó que antes de dictar una ley o medida administrativas “que afecten la propiedad colectiva de los pueblos originarios, se debe obtener su consentimiento libre, previo e informado”, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
