El investigador Marco Fernández explicó que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se registró un aumento el número de los asesores y supervisores en educación Básica y normal, así como una nueva figura: la de los subdirectores administrativos. Además, con la implementación de la Reforma Educativa, se detectó una transferencia de puestos de maestros a puestos administrativos y el pago a personal inexistente.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La impunidad y la corrupción en el uso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) provocaron que de 2008 a 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontrara irregularidades por 6 mil millones de pesos. En ese periodo el órgano auditor interpuso 125 denuncias, de las cuáles 123 están en proceso de integración, una se desechó y otra se contestó con un amparo.
De acuerdo con una investigación realizada por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, no se recuperan 3 de cada 10 pesos utilizados irregularmente, a pesar de la evidencia y la documentación qué hay sobre el mal uso de ese dinero.
Marco Fernández, investigador que coordinó el estudio “La impunidad en la nómina magisterial: uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo“, dijo que entre 2008 y 2014, cuando estaba el Fondo de de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la ASF detectó irregularidades “enormes”; lo más escandaloso de entonces fue el pago a los comisionados sindicales que no daban clases.
Se encontraron gastos que no se acreditaban, recursos que no se ejercían, depósitos a cuentas no se reconocían, aumentos hasta del 9 por ciento en el gasto y sobrejercicios hasta del 14 por ciento.
“Hubo, resultado del fondo, 24 estados que ganaron y siete que perdieron en la distribución de los recursos. Aguascalientes tuvo 24 por ciento más, a Oaxaca también le fue bien. Perdieron Jalisco y Yucatán, por lo que se tuvo que crear un fondo compensatorio. Hubo negociaciones políticas, entre autoridades federales y los estados y las presiones de las secciones locales de los sindicato”, explicó.
También se encontraron pagos adicionales, bonos, estímulos e incluso se metieron plazas que el gobierno estatal pagaba con sus propios recursos, por ejemplo, Baja California Sur logró un ahorro por transferir una parte de su nómina a la nómina federal.
En este sentido, se encontró un aumento el número de los asesores y supervisores durante la administración de Enrique Peña Nieto y una nueva figura: los subdirectores administrativos.
Con la implementación de esa Reforma Educativa, se detectó una transferencia de puestos de maestros a puestos administrativos y el pago a personal inexistente.
“Esto refleja un ingenio de la tranza. Aguascalientes, Colima, Durango y Tlaxcala incurrieron en estas prácticas. La auditoría hace los pases de lista para ver que el personal con cargo a la nómina esté y encuentra que más de 100 mil personas no están.
La SEP cruza la información con entrada del pago del Fone con las estadísticas que le dan los directores de las escuelas (formato 911). No cuadran los números y destaca Oaxaca con 10 mil 500 personas”, agregó el investigador.
Sobre esto señaló que hay pagos también que no son ilegales porque están reconocidos pero que “llaman la atención”: 17 entidades federativas pagaron a secretarios de entidad, secretarias y 32 millones de pesos a choferes de altos mandos, operadores de equipo de comunicación, columnistas y asistentes.
“Cuando vemos si se castiga o no, lo resultados preocupan. Se presentaron 125 denuncias ante la PGR y dese 2008 están en integración. Nadie ha sufrido una consecuencia penal”, añadió.
Las irregularidades más graves se detectaron en Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila que acumularon 100 millones de pesos en pagos indebidos a comisionados sindicales de 2015 al segundo periodo de 2018.
México Evalúa calcula que son 2 mil 529 millones de pesos que son desviados cada año del fondo educativo.
