“Justicia” es una palabra presente en nuestra cotidianidad, que escuchamos constantemente, pero cuyo significado real es muy lejano para la mayoría de las personas en nuestro país. Pensar en denunciar un delito implica riesgos, revictimización, asumir el maltrato de las instituciones de procuración de justicia y, muchas veces, incluso, la certeza de pérdida de tiempo porque lo más probable es que, después de denunciar, nada pase.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2018)*, de cada 100 delitos que se comenten en nuestro país, solamente se denuncian 6.8 y, de éstos, la mitad se quedan en el olvido, no pasa nada o no continúan con la investigación (55.9 por ciento). Por ello, la idea de que ir a denunciar no tiene sentido está totalmente fundada.

En la misma encuesta se señala que entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante autoridades destacan: la pérdida de tiempo 34.2 por ciento, desconfianza en la autoridad 16.5 por ciento, actitud hostil de la autoridad 4.7 por ciento y el miedo a que los extorsionaran 1.4 por ciento.

A lo largo de la historia, las instituciones de seguridad y justicia se han alejado totalmente del escrutinio y la participación ciudadana, asumiendo que su actuar se cuece aparte de todas las instituciones del Estado por el simple hecho de ser quienes suponen velar por el cumplimiento de la ley y sancionar a los faltantes. Sin embargo, la lejanía y la opacidad con la que operan ha dado pauta a un efecto contrario al de su blindaje de intereses mezquinos.

La gente no confía en las instituciones de justicia y, por lo tanto, no participa —no denuncia— porque, hasta hoy, estas instituciones han mostrado que sólo los privilegiados pueden gozar de sus mieles: quienes pueden acercase a la justicia son los que pueden pagar por una defensa adecuada o bien cuentan con el apoyo de alguna organización sin fines de lucro; los que tienen el tiempo y la oportunidad de llevar el juicio hasta las últimas consecuencias —incluido acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o bien el sistema internacional de los derechos humanos—; o bien, aquéllos que pueden cumplir los caprichos de los Ministerios Públicos corruptos que piden dinero a cambio del seguimiento a las investigaciones. Al resto de los mortales nos queda esperar que al agresor le caiga un rayo.

En los últimos años ha habido avances importantes en materia de transparencia de los poderes ejecutivo y legislativo. Si bien hay un largo camino por recorrer, hoy podemos contar una serie de historias de los distintos estados de la República que nos permiten reconocer que vamos por buen camino y que, poco a poco, la transparencia y el acceso a la información se convertirán en una forma de participación de la sociedad que contribuyan a mejorar nuestras instituciones.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las instituciones encargadas de acercar la justicia a las personas. Desde los procesos de designación de magistrados y ministros que están cargados hacia la cerrazón y la falta de participación efectiva de la ciudadanía para lograr que lleguen los perfiles idóneos, hasta la falta de transparencia en sus actuaciones, incluidas las sentencias y resoluciones, hoy las instituciones encargadas de impartir justicia se encuentran dentro de la caja negra.

Esto no quiere decir que no son importantes los esfuerzos de la SCJN por transparentar y hacer accesible su trabajo, sino que estas prácticas, podrían trasladarse al fuero común, a los estados e incluso a los juzgados federales, a fin de que la ciudadanía empiece a confiar. No hay mejor manera de generar legitimidad, sino a través de la apertura, de la oportunidad que le den las instituciones a los ciudadanos de participar, de la capacidad de respuestas y rendición de cuentas. La transparencia puede ayudar a reducir la desconfianza y, con ello, se podría reducir la actual cifra negra de 93 casos que no se denuncian por cada 100 a alrededor de 77. Sería un gran paso.

Por esto, la red de organizaciones que integran al colectivo #LoJustoEsQueSepas**, promueve la transparencia y publicidad de las sentencias. Partimos del reconocimiento de que, si bien esto no es un elemento que va a mejorar la percepción de las personas hacia el poder judicial de inmediato, sí es un paso que permitiría analizar su funcionamiento a efecto de participar activamente con recomendaciones puntuales que les permitan convertirse en instituciones eficientes que garanticen el acceso a la justicia sin discriminación. De ahí que el colectivo haya promovido una iniciativa ciudadana de reforma al artículo 73 fracción II con el objetivo de que todas las sentencias emitidas por el poder judicial sean públicas.

Finalmente, es importante recordar que la semana pasada, en el INAI, se llevó a cabo la II Cumbre Nacional de Gobierno, en donde diversos actores, desde el gobierno, la academia y los estados expusieron una serie de preocupaciones y buenas prácticas que pueden impulsar una nueva forma de gobierno en donde el ciudadano esté en el centro, en donde las instituciones sean cercanas y confiemos en ellas. No cabe duda que la transparencia judicial es una de las medidas más urgentes a implementar y más acorde a los preceptos de gobierno abierto, pues, a través de ella, será posible que el significado de la palabra “Justicia”, tan presente en nuestra vida cotidiana, sea cada vez menos ajeno a la mayoría de las personas de este país.

*INEGI, ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 2018, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf

**El colectivo está integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Controla tu Gobierno y Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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