El informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”, realizado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), compila datos oficiales de cada una de las tres naciones que integran el TLCAN hasta el año 2013, y señala que México permite un número mucho más elevado de contaminantes por parte de la industria minera que Estados Unidos y Canadá.
El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá, y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para la revisión en Estados Unidos.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. En 2013, por ejemplo, el sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de 63, reveló la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en su informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”.
El reporte de 162 páginas, compila datos oficiales de cada una de las tres naciones hasta el 2013 y destaca que Estados Unidos y Canadá abarcan un número mucho más elevado de contaminantes que los registrados en México, debido a la permisividad o tolerancia excesiva de las autoridades del país con las compañías mineras, tanto las nacionales como las extranjeras, especialmente con las de origen canadiense.
El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para Estados Unidos.
Las características de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes de América del Norte varían de país a país.
–El RECT de México, que no es actualizado desde 2015, considera 104 contaminantes y toma en cuenta las minas de minerales metálicos (sólo beneficio); caleras y cementeras; todos los establecimientos que emiten contaminantes a aguas de jurisdicción federal; además de actividades con manejo de residuos peligrosos.
–El NPRI de Canadá estima tres veces más contaminantes que la República Mexicana, con lo que suma 346 en total, además considera la totalidad de las instalaciones y actividades mineras, salvo explotaciones de superficie y canteras con producción inferior a 500 mil toneladas.
–El TRI de Estados Unidos valora seis veces más que México, es decir, 675 contaminantes. Por si fuera poco, tiene en cuenta minas de carbón; minas de minerales metálicos (excepto las de mineral ferruginoso y de uranio); además de minas de minerales no metálicos (sólo beneficio).
En 2013, las minas inventariaron emisiones y transferencias de 79 sustancias y únicamente 15 de ellas coinciden en las plataformas de los tres países. Además, sólo siete de los 25 contaminantes con más registros del sector causantes de más de 99 por ciento de las emisiones y transferencias de las minas concordaron en América del Norte: plomo, arsénico, níquel, cromo, cadmio, cianuros y mercurio.
“En Canadá y Estados Unidos es obligatorio —no así en México— presentar registros de zinc, manganeso y cobre (y sus respectivos compuestos), todos ellos comúnmente emitidos o transferidos por minas de minerales metálicos. El fósforo total sólo se declara en Canadá, en tanto que el bario se declara sólo en Estados Unidos”, se lee.
Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que el Gobierno de México es “totalmente omiso” a las graves consecuencias de contaminación de la tierra, el agua y el aire que provoca la minería.
“Hay ausencia, opacidad y complicidad de las dependencias federales. Por un lado hay liberalidad de la Secretaría de Economía para otorgar el territorio nacional destinado a exploración y explotación de la minería. Por el otro existe omisión y complicidad de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], pues por los resultados parece que están totalmente subordinadas a las directrices de las grandes corporaciones mineras”, criticó.
NORMATIVIDADES MANIPULADAS
Las principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero en Canadá, de acuerdo con el informe, son cinco: las leyes canadienses de Evaluación Ambiental y la de Protección Ambiental, la Ley de Pesca, la Ley del Transporte de Bienes Peligrosos y la Ley de Seguridad y Control Nuclear.
En Estados Unidos son siete las leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: las leyes Nacional sobre Política Ambiental, la de Aire Limpio, la de Agua Limpia, sobre Conservación y Recuperación de Recursos, de Control de Sustancias Tóxicas, Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales, y de Control de la Minería de Superficie y Recuperación.
En el caso de México, el análisis incluye cuatro principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: Ley Minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, cuenta con seis Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a dicho sector.
En ese sentido, el doctor García Zamora consideró que en territorio nacional las normativas en términos ambientales “son buenas” sólo en la redacción pero , recriminó, “casi nunca se cumplen”o son “manipuladas” al servicio de las corporaciones.
El especialista recordó que durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el Artículo Sexto de la Ley Minera, dicha actividad extractiva comenzó a ser considerada como preponderante sobre cualquier otra.
En el mismo tenor, el maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la normatividad en México es más laxa que en el resto de América del Norte y eso lo convierte en un país “atractivo” para la inversión extranjera. Para muestra, dijo, un botón: De 290 mineras en México, 211 son de capital canadiense.
La falta de registro acarrea consecuencias importantes, afirmó. Entre ellas, no existen elementos para comparar al país con México y Estados Unidos. Además, se reducen las posibilidades de elaborar políticas con amplio espectro, que contemplen el medio ambiente y la salud pública, por ejemplo.
“Hay un visión economicista de la actividad, en donde no se considera el elemento humano vinculado a la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las industrias mineras y a la calidad del medio ambiente “, dijo en entrevista para SinEmbargo.
Al respecto, el académico de la UAZ destacó: “Es mayor la impunidad con que operan las grandes mineras en México, a diferencia de cómo están operando en los otros países donde hay mayor grado de exigencia, de vigilancia y de cumplimiento por parte de las dependencias gubernamentales. Nuestro país es atractivo porque ha regalado el territorio. Hay impunidad total para destruir, depredar, llevarse la riqueza, sin ninguna sanción y ninguna exigencia”.
Las consecuencias, dijo, se notan en los más de 800 conflictos socioambientales, resultado del funcionamiento de la megaminería, especialmente la que es a cielo abierto. También en problemáticas serias de salud en las comunidades en donde se ejecuta la actividad.
“No hay lugar donde se realice la actividad sin que existan graves problemas de salud comunitaria a lo largo y ancho del país. Eso es resultado de la impunidad con la que operan las grandes corporaciones”, agregó.
Por lo anterior, el académico Torres Alonso sugirió a las autoridades mexicanas ampliar el catálogo de elementos por reportar, de cien pasar a los más de 300 con que cuenta Canadá y después fijar metas más ambiciosas con miras a igualar a los 675 criterios que reporta Estados Unidos. Asimismo, planteó la urgencia de contar con este tipo de documentos en lapsos de tiempo menores, pues el informe recién presentado contiene datos de hace un lustro.
“Los datos que arroja este informe son de hace cinco años, así que esta administración ya no puede hacer nada. El próximo informe tampoco va a ser inmediato, lo que hace que la próxima administración se enfrente a lo mismo”, manifestó.
