En los últimos días los ex integrantes del movimiento #YoSoy132 han conmemorado el quinto aniversario de una forma de organización juvenil, que surgió durante un encuentro del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto con estudiantes en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y ha devenido en proyectos independientes de contrapeso y acción política.

Surgidos a partir del movimiento o conformado por quienes fueron sus integrantes, alumnos entonces de la Iberoamericana y de otras universidades en todo el país, muchos de quienes integraron el movimiento #YoSoy132 han encabezado o impulsado plataformas políticas, proyectos específicos de revisión del ejercicio del poder público o han ejercido una dura presión hacia los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ante casos concretos que han puesto en tela de juicio público, y en contadas ocasiones logrado modificar, las decisiones de quienes ostentan el poder en México.

La forma más acabada de esta transformación de movimiento estudiantil en plataforma de ejercicio político ha sido WikiPolítica, un movimiento que incluye a varios de los exintegrantes de #YoSoy132 y ha tomado fuerza en el país.

WikiPolítica tiene como sus dos expresiones más exitosas la candidatura (y ahora diputación local independiente) de Pedro Kumamoto en Jalisco y la votación en Jalisco (aún pendiente de votación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados) de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, que busca poner en conocimiento de la sociedad un tema medular en el sostenimiento de las formas actuales de control político en México, a partir del financiamiento de los partidos.

La permanencia pública de integrantes de #YoSoy132, vista desde sus demandas en los últimos cinco años, también ilustra cuáles han sido los casos más importantes que han mermado, aún más, la confianza que tienen los mexicanos en sus instituciones y en sus políticos.

En un país como México, donde coinciden un combate formal a la corrupción cada vez más sofisticado, con una puesta en marcha lenta y aún endeble, creo que bien vale revisar cuáles han sido estas demandas, se esté o no de acuerdo con ellas. Su revisión ilustra la degradación de la imagen pública del gobierno, incluso en varios casos directamente del presidente, y considero que puede contribuir a explicar el contexto preelectoral que ya vive México ante las elecciones de 2018.

Para esta columna, he revisado las demandas más recurrentes que han hecho públicas, han impulsado o en las que ha participado el colectivo #YoSoy132 y algunos de sus miembros.

Si bien #YoSoy132 no es ni la única forma medianamente organizada de exigencia social ni agrupa todas las expresiones que vigilan el poder público en México, resulta un importante botón de muestra de un país cuya aprobación del presidente topó un mínimo histórico de 12 por ciento en enero de 2017, de acuerdo con una encuesta publicada por el diario Reforma.

He elegido 25 demandas hechas públicas entre 2012 y 2017, que considero más relevantes, como testimonio de una oposición no formal, ejercida desde la calle y desde las redes sociales, que podría explicar la vigencia del #YoSoy132 como grupo.

En varios de estos casos, los escándalos surgieron de investigaciones periodísticas, pero se incluyen debido a la presión ejercida por los grupos sociales para el esclarecimiento o toma de decisiones sobre los mismos.

1. La utilización de un entramado legal para el otorgamiento de tarjetas de despensa de Soriana para posibles electores durante 2012, operado por varios empresarios ligados al PRI, a través de varios bancos, entre ellos Grupo Monex.
2.  La detención de jóvenes el 1º de diciembre, durante la toma de posesión de Peña Nieto, acusados de distintos delitos.
3. La detención de otros grupos de jóvenes en otras marchas y protestas en los años siguientes, casi siempre luego de que grupos de encapuchados se insertaran en las protestas y realizaran acciones violentas.
4. El asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, en abril de 2012. En la investigación del caso fue ignorado su trabajo periodístico como móvil.
5. La presión para el esclarecimiento de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que condujo a una serie de protestas y marchas en todo el país y el extranjero y devino en la aceptación por parte del gobierno mexicano de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizara una indagatoria independiente sobre la investigación del caso.
6. La acusación de los padres de los estudiantes desaparecidos y las organizaciones civiles que han litigado el caso de que Tomás Zerón, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, cometió irregularidades en la investigación del caso, que llevó a que dejara la AIC y fuera nombrado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
7. La exigencia de una investigación independiente sobre la compra de dos casas por la familia presidencial y el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, utilizando no el sistema bancario sino créditos personales de Grupo Higa, una empresa beneficiada con contratos millonarios en el gobierno federal.
8. El repudio público a la designación de Virgilio Andrade, amigo del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, como secretario de la Función Pública. Andrade realizó una investigación sobre los casos de la Casa Blanca y la casa de Malinalco de Videgaray y concluyó que no existían conflictos de interés. Ni el presidente ni el secretario fueron sancionados.
9. El asesinato de civiles a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, durante un operativo nocturno.
10. El despido de Carmen Aristegui y el equipo de investigaciones periodísticas de la Primera Emisión del noticiero MVS, poco después de la revelación del caso de la Casa Blanca.
11.  El asesinato de Nadia Vera y Rubén Espinosa, activista y periodista que huyeron de Veracruz ante amenazas de muerte, junto a otras tres jóvenes en la Ciudad de México.
12. La exigencia de una investigación independiente por el asesinato de civiles a manos de policías federales en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015.
13. La indignación por la invitación al entonces candidato republicano Donald Trump a México en agosto de 2016.
14.  La exigencia para que se investigara la creación y administración de empresas fantasmas, que se utilizaron para desviar fondos públicos en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, que llevaron a que él pidiera licencia al cargo antes de concluir su sexenio, huyera y fuera aprehendido en Guatemala en abril de 2017.
15.  El nombramiento de Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a pesar de que a juicio de sus opositores no cumplía con los requerimientos curriculares para el puesto.
16.  La indignación pública por la determinación del juez Anuar González Hemadi sobre la no intencionalidad en el caso de violación de Daphne Fernández en Veracruz, que llevó a su salida del caso y el anuncio de una investigación de su actuación por parte del poder judicial.
17.  La presión para la aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción independiente y no cooptado por cuotas políticas.
18.  La oposición a una Ley de Seguridad Interior que, a juicio de sus opositores, legitimaría acciones violentas de las Fuerzas Armadas contra civiles.
19.  La exigencia de una investigación luego del descubrimiento de más de 250 cuerpos en fosas clandestinas cercanas a Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, por el colectivo de familiares Solecito.
20.  El asesinato de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua, mientras investigaba redes de narcotráfico incrustadas en la sierra Tarahumara.
21.  La presión para que la nueva fiscalía mexicana sea Autónoma, posicionado a través de los hashtags #FiscalCarnal y #FiscalíaQueSirva.
22.  El aumento del número de feminicidios en todo el país, que ha activado alertas de género en varios estados.
23.  Las continuas extensiones a los contratos carreteros en el Estado de México de la constructora española OHL, denunciados por el movimiento político Ahora, encabezado por Emilio Álvarez Icaza, quien busca ser candidato independiente a la presidencia de México en 2018.
24.  El asesinato de Miriam Rodríguez, activista tamaulipeca en la búsqueda de desaparecidos.
25. El aumento de los asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el país, a pesar de que algunos de ellos estaban protegidos por distintos programas estatales y federales.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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