La mayoría de 19 acusados por muerte de 49 bebés en la Guardería ABC, Hermosillo, Sonora, recibieron penas de hasta 29 años de prisión. Sólo a las supervisoras de zona de guarderías del IMSS Irene Botello Amante, Yadira Barreras e Irma Crescencia Díaz Gámez no se les dictó la formal prisión.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora impuso condenas, que van desde los 20 hasta los 29 años de prisión, a 19 de los 22 implicados en el caso del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, mismo que ocasionó la muerte de 49 bebés y decenas de heridos en junio de 2009, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Por su parte, Gabriel Alvarado, abogado de los papás que integran el grupo "Manos Unidas", confirmó al diario Reforma la conclusión del caso en esta primera instancia, que contempla una sanción condenatoria y sin beneficio alguno.
"No les está otorgando el juez ningún tipo de beneficio ni ningún tipo sustitutivo de prisión, ¿eso que significa? Que tienen que ir a la cárcel, pero cuando esa sentencia esté en posibilidades de ejecutarse", explicó.
Asimismo, el litigante dijo que anoche el juez ordenó notificar a los procesados acerca del fallo, por lo que se presume que se estarían ejecutando algunas órdenes de aprehensión.
En el comunicado de la CJF, se detalló que la autoridad jurisdiccional dictó sentencia contra los involucrados en el suceso, entre los que se cuenta a la Jefa del departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (29 años) y al delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (28 años).
También a la representante legal (28 años) y al secretario del consejo de administración de la Guardería ABC (28 años); al director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora (28 años) y al director de Bomberos de Hermosillo (28 años).
Así como al jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Bomberos de Hermosillo (28 años); al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (28 años) y al director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo (28 años).
A los empleados del área de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y al director general de Recaudación y al subdirector de Control Vehicular se les impuso una pena de 20 años.
Ello "por considerarse penalmente responsables en la comisión de los delitos de homicidio por culpa [...] cometido en agravio de cuarenta y nueve menores, y de lesiones por culpa [...] cometido en agravio de 38 menores y cinco mayores de edad", explicó el escrito.
En cambio, sólo las supervisoras de zona de guarderías del IMSS Irene Botello Amante, Yadira Barreras e Irma Crescencia Díaz Gámez, libran la cárcel inclusive pudiendo llegar a quedar absueltas de todo cargo.
De acuerdo con Reforma, el abogado explicó que "ellas tres ya no llegaron al final con el delito de homicidio y el de lesiones, porque en el transcurso del proceso ganaron amparos, llegan sólo con el delito de ejercicio indebido de funciones y de ese resultaron absueltas".
El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, se produjo un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal que se propagó a una edificación adjunta donde funcionaba la Guardería ABC, subrogada a particulares por el IMSS.
En agosto de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC.
De acuerdo con información dada a conocer en aquél entonces por Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del grupo de padres de los niños afectados, estas acciones se daban a partir del recurso interpuesto por la asociación "Manos Unidas".
Sin embargo, consideró que esa resolución era una “cortina de humo” por parte de la PGR para seguir encubriendo al ex Gobernador de ese estado, José Eduardo Robinson Bours Castelo, y a los funcionarios de primer nivel de los gobiernos federal y estatal que estuvieron implicados en las irregularidades que permitieron que ocurriera la tragedia, pues los expedientes de todos ellos fueron reservados.
El representante calificó este acto como una injusticia, pues dijo, se pretende castigar a maestras, intendentes y a la directora de la estancia infantil, por lo que adelantó que continuarían en la exigencia de que declaren y sean procesados los funcionarios de alto nivel, así como los dueños de la Guardería ABC.
-Con información de EFE
