Uno más de 608 supuestos compromisos cumplidos por Peña Nieto en el Estado de México, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, inaugurado en septiembre del año pasado, es en realidad un derroche de recursos públicos que benefician sólo a un empresario: Juan Armando Hinojosa Cantú, el favorito de las más recientes administraciones mexiquenses, dice Proceso. No es “público ni privado”, dice del nosocomio una trabajadora social, pero por dicho hospital (que además cobrará consultas y tratamientos) los contribuyentes pagarán durante un cuarto de siglo 281.5 millones de pesos anuales. SinEmbargo reproduce como parte de sus servicios informativos este reportaje que publica desde hoy lunes la revista...
Por Marcela Turati
ZUMPANGO, MÉX. (proceso).- Las jóvenes y guapas recepcionistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango solicitan por radio a una mujer policía que escolte a la visitante hasta el área de trabajo social. En el recorrido por el edificio recién estrenado, de arquitectura barraganiana, se ven más policías que médicos o pacientes. Sólo tres personas están hospitalizadas, 121 camas desocupadas y las salas de consulta externa, vacías.
En su cubículo con paredes aún sin decorar, una amable trabajadora social explica a la recién llegada el esquema de pago de consultas (330 pesos) y tratamiento, cuyo precio se valora según el estatus: si se cuenta con Seguro Social o Popular, si se tienen seguros privados o no se tiene seguridad social.
–¿Qué, éste no es un hospital público? –se le pregunta.
–Este hospital no es público ni es privado, es como las carreteras; lo construyó un inversionista privado que tiene que recuperar su inversión y que tiene a su cargo 25 de los servicios que aquí se dan –explica.
Los quirófanos y los cuartos para hospitalización están vacíos. Áreas enteras están cerradas. Algunas oficinas lucen aún en obra negra. Los médicos se entretienen en la computadora de su cubículo mientras esperan la llegada de pacientes. En el área exterior empleados de una compañía privada de limpieza hacen malabares para quitar la tierra a los modernos vidrios cubistas difíciles de limpiar. En el estacionamiento, en una caja de tráiler acampan los técnicos que supervisan la terminación de la obra.
Cada pasillo, cada rincón, cada piso es custodiado por policías de la Agencia de Seguridad Estatal; uno de ellos calcula que son 75 los asignados a este hospital casi vacío.
Con la mitad del personal médico, técnico y de enfermería contratado, este centro de salud aún no trabaja a cabalidad pese a que fue inaugurado hace ocho meses por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Ese 15 de septiembre, el último día de su gobierno, lo presumió como el último de sus 608 compromisos cumplidos y firmados ante notario.
Lo presentó en su gira de despedida, que más parecía un “maratón de obras”, en la que el político entregaba inmuebles con secciones aún en obra negra, fusionaba compromisos al dos por uno en una misma entrega, realizaba mítines masivos de despedida, apurado por saltar al trampolín de la carrera presidencial.
El hospital de Zumpango, la promesa número 37 de las 608 que hizo, lo entregó incompleto, cuando apenas estaba concluida la primera de sus tres etapas (el área para quemados, 13 salas de consulta externa, laboratorio e imagenología) y en algunas partes estaba en obra negra: le faltaban dos pisos de hospitalización, los nueve quirófanos, 20 consultorios, la sección de cirugía ambulatoria y la de terapia intensiva. Fue concluido en marzo.
“Fue un incumplimiento del inversionista-proveedor, se les acabó el capital para la obra... Tenía que estar para junio pero se entregó en septiembre”, admite el director general del hospital, el pediatra Carlos Aranza Doniz, encargado del área médica porque del resto se encarga la empresa, la Constructora Teya.
El médico desconoce si la empresa pagó una penalización por incumplimiento del contrato.
La última semana este hospital ha sido muy mencionado a raíz de que a Peña Nieto se le sumaron dos escándalos: los compromisos de gobierno incumplidos (que el PAN ha estado documentando sobre terreno) y los gastos en transportación para su campaña en la flotilla aérea propiedad del tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor favorito de su sexenio y ganador de la obra de 7 mil millones de pesos de este hospital, entre muchas otras.
Hinojosa Cantú es el principal beneficiado de los contratos del gobierno mexiquense con la iniciativa privada, a través del esquema PPS (Proyecto de Prestación de Servicios), con el que hipotecó el gasto del estado hasta por 30 años en una deuda no contabilizada en las cuentas públicas.
En su página de internet de Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú, publicita entre su experiencia la construcción del Hospital General Adolfo López Mateos y el Centro Médico Issemym (que excedió 40% su costo original), durante la administración de Arturo Montiel.
Con Peña Nieto ese grupo y sus diferentes constructoras han participado en las obras del Viaducto Elevado Bicentenario, la construcción-explotación-operación-conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, distribuidor vial de Naucalpan Par Vial Metepec, la construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco, unidades médicas por todo el estado, remodelaciones y el estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México, puentes vehiculares y el distribuidor vial y el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca, el libramiento Acambay, la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan, así como estudios para el gobierno y campañas publicitarias, según documenta el periodista de investigación Elpidio Hernández en el semanario Nuestro Tiempo, de Toluca.
La semana pasada el diario Reforma publicó que la empresa Eolo, del mismo empresario, traslada a Peña Nieto a sus actos proselitistas en aviones y helicópteros, en un jet Bombardier Challenger matrícula XA-OHS o en un Dassault Falcon 50 matrícula XA-PRR, cuyos costos de arrendamiento son estimados en 3 mil 500 dólares la hora.
Para los trayectos cortos utiliza cuatro diferentes helicópteros, entre ellos un Agusta matrícula XA-UPD, que a precio de mercado costaría 3 mil 800 dólares por hora. Además utiliza aviones Boeing 737 para el equipo de avanzada que organiza los mítines, entre los cuales están las aeronaves con matrículas XA-UMQ y XA-UHZ, cuyo costo es de 10 mil dólares por hora.
Algunas empresas reconocidas como de su propiedad son Grupo Higa, Eolo, Constructora Teya, Publicidad y Artículos Creativos, Autopistas de Vanguardia SA de CV, Mezcla Asfáltica de Calidad, Señales y Mantenimiento SA de CV, Consorcio IGSA Medical del Perú, entre otras.
Según el periódico digital Alfa Diario, Higa ha facturado del año 2000 a la fecha, en contratos con el gobierno, poco más de 23 mil millones de pesos.
Además de ser el empresario consentido de los últimos tres gobernadores mexiquenses, Hinojosa Cantú era consuegro del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, con cuyo gobierno también firmó contratos.
Sobre la rápida fortuna de este personaje, el semanario Nuestro Tiempo publicó en junio de 2011 que Hinojosa Cantú “en el año 2000 ya hacía aportaciones económicas para apoyar al PRI, como la registrada el 13 de julio de aquel año, cuando se apuntó con 406 mil 940 pesos (…); que buscó, lo mismo que Carlos Slim, construir el Parque Bicentenario de Metepec-Sedagro; que le gusta el golf y a veces juega en el Bosque Real Country Club o en el Club de Golf San Carlos (…)
“Que obtuvo una concesión en Michoacán para construir la carretera Zamora-La Piedad; que una de sus empresas estelares se llama Teya; que fue ‘descubierto’ por Arturo Montiel Rojas, quien lo integró a un exclusivo grupo de constructores, el ‘Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción’, donde había 49 empresarios y que se le atribuye una cercanía más que especial con Peña Nieto pues es su compadre. Hasta el 2009 el empresario era también presidente del Patronato del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM); (…) El empresario es socio de Grupo Hermes, de los Hank y se le calcula un beneficio en contratos por 20 mil millones de pesos con Peña Nieto”.
A su vez el periodista Salvador García Soto publicó ese mismo mes que la PGR investiga los viajes del jet de lujo Gulfstream 300, de Jorge Hank Rhon, que era monitoreado por la DEA, el cual estuvo estacionado en el hangar 62 del aeropuerto de Toluca, en la base de operaciones de la empresa Eolo.
COSTO EXCESIVO
Mientras muestra el altero de papeles de medio metro del contrato de construcción del hospital de Zumpango, el economista experto en salud Joel Herrera señala que estos contratos mediante la modalidad PPS salen más caros a los contribuyentes.
“Es un negocio de los privados: le garantizas la inversión al que pone el dinero, los contratos están tan detallados que el inversionista nunca pierde un centavo y gana por el mantenimiento y la operación durante 25 años. Evidentemente a todos nos salen más caros. Esta inversión en infraestructura es deuda que a fin de cuentas se va a pagar en 25 años”, explica este hombre que ha trabajado desde hace una década con la exsecretaria de Salud del DF Asa Cristina Laurel, integrante del llamado “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.
El Congreso local aprobó que este tipo de contratos garanticen los pagos con el fondo de nóminas que, explica, otros gobiernos usan para emergencias.
“Zumpango es un negociazo brutal porque la empresa, además de hacerse cargo de la obra, de entregar el hospital completito, se encarga de equiparlo y operarlo. Su costo de construcción se fue al doble del precio del mercado. Es de los más chicos y los más caros aunque se vea grandote, en términos operativos es del tamaño del Rubén Leñero (del DF), que tiene 124 camas. Lo vamos a pagar a 25 años a intereses de mercado. Pero si el gobierno lo hubiera construido con un préstamo de un organismo internacional, se pagaría en un máximo de cinco años con todo e intereses”, dice Herrera a Proceso.
El economista estudioso de los esquemas PPS dice que el gobierno federal los inauguró con los hospitales de El Bajío y Ciudad Victoria, cuyo modelo estudiaron los mexiquenses. A pesar de que esos de por sí son hospitales caros, el de Zumpango, con 60 camas menos que el de Bajío, duplicó su costo.
Aunque al final de su gubernatura Peña Nieto anunció que dejó unas finanzas sanas y que había reducido la deuda pública, en términos reales –según Herrera– la duplicó: “Salió con 39 mil millones de pesos de deuda pública, pero si sumas los PPS tenemos que dejó obras contratadas por otros 34 mil 82 millones de pesos, casi lo mismo de la deuda pública pero es deuda disfrazada. Así que en términos reales es de más de 70 mil millones de pesos”.
En suma, hipotecó los pagos del estado a 30 años, con lo que supera al DF en endeudamiento por ocho obras contratadas con distintos empresarios que ató al gasto público. Estas son: el mantenimiento de la red de carreteras, el Centro Cultural Mexiquense, la Vialidad las Torres, el Puente James Watt, el libramiento Atizapán, los hospitales generales Toluca Issemym y Tlalnepantla, y el de especialidades de Zumpango.
“El riesgo de que no ganemos (dice refiriéndose a la candidatura de López Obrador) es que este tipo de hospitales empezaría a surgir y son los que van a sustituir al Seguro Social, al ISSSTE y lo que haya. Si vas a querer atención, vas a pagar y se te ofrecerá un paquete de servicios. Ese es el esquema que traen, el modelito por el que Grecia y España hicieron crisis, por el que han venido desfinanciando al sistema de salud”, indica.
En el sitio de taxis del hospital ubicado a las afueras del casco urbano que pronto se llenará de Casas Geo, un taxista que espera a que aparezca algún cliente comenta: “Ese hospital es privado, es puro engaño”.
El director general del hospital, Aranza Doniz, defiende el esquema bajo el que fue creado. Dice que la calidad del servicio está garantizado por el contrato, que los pacientes no se frustrarán en listas de espera ni los médicos por aparatos descompuestos, que no se desahuciará a los más pobres, que aun cuando esté lleno los ricos podrán internarse pagando su cama, que tendrá un albergue para familiares, que los costos de tratamientos y consultas son iguales a los de los institutos nacionales como el de cancerología, nutrición o pediatría, que otros hospitales federales del país tienen este esquema público-privado, que es un reto encabezar este nuevo proyecto.
“Cierto que el PPS es como el sistema de carreteras: construyes, después cobras y luego entregas al gobierno; pero esto no es a costa de que el usuario lo pague. La gente que no tiene dinero va a tener uno de los mejores servicios pero con un cobro de acuerdo con su situación económica”, indica antes de guiar un recorrido por las instalaciones.
Es notorio que su oficina está rodeada de administrativos y que faltan médicos. El hospital es bonito. Por éste los contribuyentes pagaremos durante un cuarto de siglo 281.5 millones al año a la constructora, monto que se va incrementando por actualización inflacionaria y el costo financiero de la tasa de interés, sin contar los salarios, servicios y gastos de operación.
Aranza encabeza el área médica pero comparte poder con el ingeniero gerente Rogelio García, representante de la empresa, que despacha en la torre contigua. Son como dos virreyes. Esta reportera solicitó una entrevista con García para conocer su versión, pero su asistente, Jesús Apantenco, dijo que no estaría disponible, que no era localizable y nunca lo comunicó.
