El Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas urgió al gobierno mexicano a acabar con la impunidad y a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, el Presidente López Obrador defendió que el Ejército ya no viola derechos humanos y no hay impunidad en México. La respuesta, indican defensores de derechos humanos, es lamentable.
Ciudad de México, 13 de abril (A Dónde van los Desaparecidos).- A punto de que México llegue a 100 mil personas desaparecidas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentó un informe en que el señaló que la impunidad es casi absoluta, sólo existen 36 sentencias por este crimen; y pidió al Gobierno mexicano, entre varias recomendaciones, un plan para regresar a los militares sean regresados a los cuarteles “de manera ordenada, inmediata y verificable”.
Un día después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 13 de abril, manifestó su desacuerdo con el grupo de expertos: “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir… o para desaparecer”, y afirmó que en el país ya no hay impunidad y el Ejército no viola derechos humanos.
Según el informe que presentó el Comité desde Ginebra y que recoge las conclusiones de su visita de noviembre a México, las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública están relacionadas con hechos atroces como tortura, ejecución y desaparición forzada. Como muestra, mencionó que el Ejército y la Marina han acumulado 167 recomendaciones por graves violaciones a derechos humanos -según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-; 15 de ellas relacionadas con desapariciones forzadas.
“Es importante que el Estado ponga un peso especial en tener una Guardia Nacional civil, de personal preparado para prevenir, para brindar seguridad a los ciudadanos, de ahí que hemos recomendado que el Estado haga, de inmediato, un cambio en la política de militarización”, dijo en la conferencia de prensa del martes Carmen Villa Quintana, presidenta del Comité conocido como CED, por sus siglas en inglés.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que agrupa a más de 70 colectivos de familias buscadoras, celebró que el Comité incluyera la recomendación de la desmilitarización. En conferencia de prensa, la defensora Grace Fernández dijo que el Movimiento ya ha manifestado el riesgo que conlleva que la Guardia Nacional, a pesar de legalmente ser una institución civil, tenga formación militar.
“Se tiene que pensar mejor la estrategia (de seguridad) porque sigue preocupando que hay desapariciones todos los días y sigue habiendo involucramiento de las fuerzas armadas y ahora incluso de la Guardia Nacional”, dijo la activista que busca a su hermano Dan Jeremeel, desaparecido en el año 2008.
En el informe que recoge las conclusiones de la visita del Comité a México en noviembre pasado, donde recorrieron los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, los expertos y expertas dejaron claro que las autoridades no sólo son responsables de las desapariciones cuando sus agentes las cometen, sino que también podrían serlo cuando no buscan y localizan a las personas.
Señalaron que a partir de la guerra contra las drogas de 2006, se han cometido el 98 por ciento de las desapariciones, y pidieron, también, que en los registros oficiales se identifique las desapariciones en las que hubo participación de agentes estatales.
El Comité calificó como “el paradigma del crimen perfecto” a las desapariciones en el país. Mientras en su visita había 95 mil personas desaparecidas, apenas entre el 2 y 6 por ciento de los casos había llegado a juicio.
Los seis expertos y cuatro expertas del Comité contra la Desaparición Forzada también externaron su preocupación por el retraso en el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas: no se ha publicado su reglamento, tampoco el Plan Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República no cuenta con los registros forenses a su cargo.
Manifestaron que los servicios forenses del país son “insuficientes” para atender la crisis forense que rebasa a las 52 mil personas fallecidas pendientes de identificar.
RESPUESTA ESPERABLE
A pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado el mismo 12 de abril, después de la presentación del informe, en el que decía recibir las recomendaciones “con el compromiso de implementarlas de buena fe”, al día siguiente el Presidente López Obrador reviró que ya no ocurren desapariciones cometidas por el Ejército “como en tiempos de Calderón”.
López Obrador también afirmó: “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo… ¿Qué puede hacer? ¿Inventar? Eso sí lo pueden hacer”. Agregó que, a diferencia de los “gobierno neoliberales”, su administración no permite la corrupción y la impunidad.
En tres años de gobierno, López Obrador ha delegado 70 tareas de índole civil a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con un inventario realizado por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), como la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, los tramos 6 y 7 del Tren Maya y los llamados “bancos del bienestar”. También puso a cargo del Ejército la distribución de vacunas y la “contención” de migrantes indocumentados. Además, creó una Guardia Nacional civil compuesta por elementos y mandos castrenses en su mayoría.
De inmediato, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, lamentó la postura del Ejecutivo federal. “La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es sólo herencia del pasado”, puso en tuit.
Lamentamos la respuesta presidencial al Informe del #ComitéCED de la #ONU sobre las y los desaparecidos:
– La crisis de violencia y desapariciones continúa, sin que se haya revertido. La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es sólo herencia del pasado.
— Centro Prodh (@CentroProdh) April 13, 2022
“Esta respuesta es esperable”, dijo Jorge Verástegui, abogado y defensor que busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo desde 2009. “No es una recomendación nueva (la de abandonar la militarización) sino que va en el sentido de las recomendaciones que los organismos internacionales han señalado al Estado mexicano. La respuesta del Presidente creo que iba a ser esperada dado que el Ejército ha sido la Institución en la que ha depositado la confianza de su administración”.
LA IMPUNIDAD ES LA REGLA
“La impunidad es casi absoluta”, concluyen los expertos y expertas de Naciones Unidas tras recibir información sobre la mínima investigación y judicialización de los casos de desaparición. Tan solo durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 30 mil 532 desapariciones, 30.1 por ciento del total.
En los sexenios anteriores fueron 52 mil 65: 16 mil 879 durante la administración de Felipe Calderón y otros 35 mil 186, mientras Enrique Peña Nieto tuvo la presidencia.
En el panorama no está, por el momento, la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, que pedían las familias de las víctimas, la cual significaba que el caso mexicano sea expuesto ante los países de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, el Comité determinó no hacerlo y recordó que las autoridades mexicanas cuentan con cuatro meses para enviar observaciones sobre las recomendaciones que recibieron.
Las conclusiones presentadas son resultado de la visita que cuatro integrantes del comité hicieron del 15 al 26 de noviembre de 2021, donde recorrieron cárceles, estaciones migratorias, fueron a sitios de fosas, se reunieron con colectivos de familiares de víctimas, servidores públicos, tuvieron entrevistas con periodistas y defensores, para valorar la situación de las desapariciones en el país. Este 12 de abril fue la presentación de su informe.
PUNTOS CLAVES DEL INFORME
Para acabar con las desapariciones, el CED hizo 85 recomendaciones a las autoridades mexicanas basadas en una política pública de prevención y erradicación de estos crímenes.
El informe incluye dos secciones: la primera sobre las condiciones mínimas para una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y la segunda sobre los componentes que tendría que incluir dicha política pública.
Entre el contexto identificado por las expertas y expertos está que el 98 por ciento de las desapariciones ocurrieron a partir de que el presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra las drogas: una estrategia de seguridad basada en la confrontación de las Fuerzas Armadas con los grupos de la delincuencia organizada.
En su diagnóstico, el grupo mencionó que las desapariciones no solo las comete el crimen organizado, y que existen amplias gamas de involucramiento de las autoridades del Estado, sea al cometer delitos, sea al no investigar esos crímenes, sea al no buscar a las personas o al dejarlas sin identificar una vez que ingresan a los servicios forenses.
En México no se puede saber cuántas de las casi 100 mil desapariciones son atribuidas a las autoridades. Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no proporciona esa información; por eso, el Comité consideró como prioritario que las autoridades actualicen permanentemente esta información y distingan cuáles son desapariciones forzadas.
“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, aseguró Villa Quintana.
Además, resaltó que, aunque la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, Villa Quintana advirtió que han incrementado las desapariciones de niñas y niños a partir de los 12 años, y adolescentes y mujeres, incluso a pesar de la pandemia por la Covid-19. “Se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”.
Como requisitos mínimos para impulsar esta política pública enumeró cuatro:
- Reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad
- Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública
- Visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones
- Implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional en todo el país.
El informe menciona la revictimización que viven las mujeres, tanto al verse orilladas a buscar a sus seres queridos desaparecidos, como por quedar a cargo de sus familias, con los respectivos efectos sociales y económicos. “En muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias”, agregó la presidenta del Comité.
El CED está integrado por diez personas expertas internacionales y tiene el mandato de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que nuestro país ha adoptado. Una de sus facultades es visitar, a los países que firmaron la Convención para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de desaparición forzada y emitir recomendaciones al respecto. De hecho, desde 2013 el Comité había solicitado visitar México pero fue hasta agosto pasado que las autoridades federales aceptaron su solicitud.
PREVENCIÓN, UNA URGENCIA PARA MÉXICO
La cantidad de personas fallecidas sin nombre también fue una preocupación para los expertos y expertas: con una cifra de más de 52 mil cuerpos sin identidad.
“Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”, se lee en el informe.
“La prevención debe ser el centro de la política nacional”, dijo Villa Quintana. El Comité identificó las siguientes diez medidas prioritarias que debería incluir en esta política:
- Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación
- Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones
- Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada
- Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio
- Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data
- Atender la crisis forense
- Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial
- Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección
- Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones
- Atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones
REACCIONES A PARTIR DEL INFORME
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México mencionó que el informe del CED reitera la grave situación que atraviesa el país en materia de desaparición.
“Para nosotros esto ha sido parte fundamental, el darnos cuenta que ellos vieron la realidad que estamos viviendo cada una de las familias”, dijo en conferencia de prensa del Movimiento, Vicky Garay, de Guerreras en busca de nuestros tesoros.
Grace Fernández, también integrante del colectivo Búscame, mencionó que el informe “es un instrumento para marcarle el camino al Estado de qué es lo que tiene que cambiar para que deje de haber personas desaparecidas, que nadie más esté en riesgo de desaparecer y que todos los que ya fueron desaparecidos sean encontrados”.
De acuerdo con Humberto Guerrero, director del programa de derechos humanos en la organización civil Fundar, hay acciones que podrían implementar las autoridades mexicanas: “Punto número uno, una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que refleje la importancia que tiene la atención a las recomendaciones que ha dado el Comité”.
Otro punto, dice Guerrero, sería que la Fiscalía General de la República echara a andar el Banco Nacional de Datos Forenses que debió implementar desde hace tres años.
PUNTOS POSITIVOS
El Comité también reconoció que las autoridades mexicanas mostraron voluntad para el escrutinio internacional y las facilidades que otorgaron durante la visita que realizaron al país en noviembre pasado.
“El Comité destaca la empatía de algunos servidores públicos del ámbito federal y estatal con las víctimas y su compromiso para reconocer y atender la situación crítica a la que México se enfrenta en materia de desaparición forzada”, reconocen los expertos y expertas en el informe.
Entre los puntos positivos, la presidenta del Comité mencionó que recibieron información reciente sobre la propuesta del Centro Nacional de Identificación Humana que el pasado 31 de marzo envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Además, destacó la creación de las siguientes instancias:
- Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila
- Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz
- Dirección de Identificación Humana en Jalisco
- Centro de resguardo forense en Guerrero, Tamaulipas y otras localidades
- Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, y su Grupo Coordinador.
- Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre los años 1965 y 1990
- Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa
- Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso de Ayotzinapa
- Mecanismo Transnacional para el Acceso a la Justicia de las Personas Migrantes
- Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas
¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL INFORME?
De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada, el Estado mexicana cuenta con cuatro meses para las observaciones sobre las recomendaciones que han hecho.
“Estas observaciones que formule el Estado parte se harán públicas y es a partir de allí que el Comité sobre la base de las atribuciones que nos brinda la Convención, hará un seguimiento”, dijo la presidenta del CED.
Una petición repetida por familias de personas desaparecidas durante la visita del Comité en noviembre pasado era la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este artículo establece la posibilidad de que el Comité presente el caso de algún país a la Asamblea General de Naciones Unidas cuando identificara que ocurrieran de manera generalizadas o sistemáticas.
Sin embargo, el Comité valoró esperar las observaciones que hagan las autoridades mexicanas sobre sus recomendaciones.
De acuerdo con Humberto Guerrero, del Centro Fundar, que acompaña al Movimiento, esta decisión del Comité podría ser temporal. “Si ante la evidencia o a la respuesta que dé el Estado mexicano a este informe lo que siga ocurriendo en el futuro, en el corto o mediano plazo, el Comité podría reevaluar esa decisión y decida aplicarlo”.
Por su parte, Grace Fernández demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepte las recomendaciones del Comité.
“Le pedimos que en alguna de las sesiones de la mañanera, acompañado obviamente por el subsecretario Encinas y la comisionada Karla Quintana, dé el mensaje a la nación pero sobretodo a todas las instituciones que tienen de una forma directa o indirecta que contribuir para la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas y las personas fallecidas en calidad de desconocidos”, pidió.
