La Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que no hay evidencia para asegurar que los padrones con indicadores biométricos ayudan a reducir delitos, lo que sí se sabe es que permiten la vigilancia de la sociedad; también criticó que registros de este tipo son utilizados por países no democráticos.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México tendrá un padrón de usuarios de telefonía celular que incluirá indicadores biométricos además de datos personales. El Gobierno considera que esto redundará en una mayor seguridad, pero la oposición, diversas entidades y grupos de derechos humanos consideran que es una violación a la privacidad que podría tener consecuencias peligrosas.
Algunos pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que vete la reforma, algo que se atisba improbable, y advirtieron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad para frenarla en caso de que sea promulgada.
"Nada más es tener un registro para cuidar a la población. Es un asunto de seguridad", afirmó el miércoles López Obrador durante su conferencia matutina. “Nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie”.
Sin embargo, para Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el padrón “es inútil, es riesgoso y es autoritario” porque un registro similar sólo lo tienen 17 países y la mayoría no democráticos.
El Senado avaló el martes la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones por la que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con el objetivo de contar con una base de datos de todos los titulares de celulares que esté a disposición de las autoridades de seguridad y justicia y que así sea más fácil combatir ciertos delitos. La ley establece un plazo de dos años para registrar a sus usuarios que ya tienen línea y entrará en vigor después de que el ejecutivo la promulgue.
Los partidos de oposición –Partido de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), el Partido del Trabajo (PT) y el de la Revolución Democrática (PRD)– propusieron cambios para, entre otras cosas, eliminar el registro de los datos biométricos o evitar el robo de la base de datos. No obstante, la mayoría oficialista de Morena rechazó las modificaciones.
Senadores del PAN y el PRI ya anunciaron que estudian las vías para recurrir la normativa.
Los celulares son un instrumento utilizado en algunos de los crímenes de mayor impacto en México, como extorsiones o secuestros, y en muchas ocasiones, las llamadas de los criminales se hacen desde las cárceles. Hasta el momento el Gobierno no ha logrado controlar de manera efectiva este servicio de telefonía.
Durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), del PAN, operó unos años un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, similar pero sin datos biométricos, que fue abolido por el Senado en 2011, cuando se descubrió que fue hackeado y estaba disponible en el mercado negro por unos 25 dólares.
En la administración siguiente, la de Enrique Peña Nieto (2012-2108), del PRI, tuvo lugar el escándalo de espionaje con el software Pegasus, un programa que el Gobierno compró, teóricamente, para perseguir a criminales pero con el que fueron infectados teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos críticos con el Gobierno. La investigación de este caso sigue abierta sin avances.
Tras su aprobación, el dictamen será turnado al Ejecutivo para su publicación.
Debido a que atenta contra los derechos de millones de personas, hacemos un llamado al Presidente @lopezobrador_ a decir #NoAlPadrón y vetar esta legislación autoritaria.
— R3D (@R3Dmx) April 13, 2021
Para el director de R3D no hay evidencia de que ese tipo de padrones reduzcan delitos aunque sí permiten la vigilancia de la sociedad, la base de datos es fácilmente eludible por la delincuencia y “está casi garantizada”. Además, García alertó que los criminales podrán seguir operando con tarjetas robadas, extranjeras, obligando a gente a registrar números a su nombre o mediante plataformas de voz que alteran el número desde el que se marca. Asimismo, el padrón podrá hacer que personas inocentes sean investigadas y acusadas de delitos.
“Será la base de datos más grande, más de 120 millones de líneas, y va a contener los datos de todo el mundo menos de los delincuentes”, advirtió, y recordó que las leyes actuales ya dan a las autoridades las herramientas necesarias para perseguir cualquier ilícito.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también alertó que podría “generar daños significativos de una difícil o imposible reparación” y pidió “limitar al máximo” la recolección de datos biométricos.
R3D es una de las organizaciones que ya prepara acciones en los tribunales pero es previsible que sumen partidos políticos, compañías telefónicas y usuarios.
“Este padrón se creó porque fracasó política de seguridad” del Gobierno, afirmó García y por eso su colectivo insistirá en pedirle al Presidente que sea congruente y la vete. Si no, confió en que la bloquee el poder judicial.
