La mayoría de los migrantes provienen de Honduras y El Salvador, debido a la pandemia no pueden volver a sus casas por el cierre de fronteras, sin embargo Human Rights Watch manifestó que México debería liberarlos.
Ciudad de México, 14 abril (EFE).- México debería liberar de inmediato a los migrantes que no pueden ser deportados en el contexto de la pandemia para reducir su riesgo de contagio en los centros de detención, manifestó este martes la asociación Human Rights Watch (HRW).
“Miles de migrantes están retenidos en México en condiciones inhumanas e insalubres, en medio de una pandemia global”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La organización sostuvo que la liberación sería acorde con las normas internacionales de derechos humanos y crucial ante el riesgo de contagio en centros de detención que no están en condiciones de prevenir la dispersión del virus, señaló HRW en un comunicado.
Durante el pasado mes de marzo, se registraron protestas de migrantes en centros de detención para exigir su liberación por el miedo al hacinamiento y las condiciones insalubres de estos sitios, manifestó la organización.
Durante estas protestas se registró al menos un muerto y decenas de heridos y los migrantes denunciaron que los funcionarios de seguridad mexicanos hicieron un uso excesivo de la fuerza.
“Es absolutamente imperioso que el gobierno mexicano actúe de inmediato para liberar o encontrar alternativas a la detención para todos aquellos migrantes a los que no pueda repatriar, al menos mientras dure la pandemia del COVID-19”, dijo Vivanco.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración de México, en los centros de detención del país se encuentran unos 4 mil migrantes, de los cuales alrededor de 2 mil 600 son ciudadanos de Honduras y El Salvador.
Estos migrantes no pueden ser devueltos a sus países por el cierre de fronteras, lo que hace que “estén detenidos de manera arbitraria sin un propósito legítimo” en una abierta violación a lo que dispone el derecho internacional, comentó la organización.
Honduras cerró sus fronteras el 15 de marzo y El Salvador lo hizo dos días después, para impedir la propagación de la pandemia de COVID-19 en esos países.
HRW subrayó que la detención administrativa de un migrante es una medida excepcional de último recurso y debe ser por el periodo más breve posible y solo si se justifica por una finalidad legítima la expulsión inminente, según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria.
La asociación de defensa de derechos humanos confirmó que “se ha documentado de manera amplia” las condiciones insalubres y la atención médica inadecuada en los centros de detención de migrantes de México.
En condiciones de espacios comunes, baños compartidos es casi imposible implementar medidas de distanciamiento para prevenir un brote del COVID-19, sostuvo la asociación.
Sostuvo que el presidente mexicano no puede sostener que su Gobierno respeta los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo se aplican medidas que vulneran las obligaciones jurídicas asumidas por México para proteger los derechos de los migrantes.
