El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha prometido una y otra vez castigo a los actos de corrupción cometidos por priístas. “Estamos a favor de que los corruptos terminen en la cárcel”, dijo apenas el pasado lunes, luego de la detención del ex Gobernador Tomás Yarrington. Sin embargo, dentro del partido que dirige la historia es otra: César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua y hoy prófugo de la justicia, aún cuenta con la militancia pues la resolución sobre su expulsión sigue en análisis. Mientras, la salida de Javier Duarte, ex mandatario también prófugo, del Tricolor sólo se aprobó hasta septiembre del año pasado cuando ya habían investigaciones abiertas en su contra y cuando el partido perdió la elección en Veracruz. A Yarrington, por ejemplo, le suspendieron sus derechos partidarios desde mayo de 2012 pero fue expulsado del PRI hasta el 16 de diciembre pasado.
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Cuando algún político priísta se ve acusado de corrupción, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, se pronuncia por la prevalencia del castigo.
“Exigimos que la Procuraduría General de la República continúe con los procesos de investigación en contra de Javier Duarte, que se cumplan las órdenes de aprehensión, que se establezca todo un procedimiento”, dijo Ochoa Reza el 19 de noviembre en conferencia en Culiacán, Sinaloa, al término del Primer Congreso Nacional de Juventudes priístas y a propósito de la fuga del ex mandatario veracruzano.
“Lo hemos señalado fuerte y claro: en el PRI estamos a favor de que los corruptos terminen en la cárcel”, dijo el dirigente nacional el lunes pasado, cuestionado en una gira proselitista en el Estado de México y luego de que se hizo pública la detención del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
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Las afirmaciones, sin embargo, contrastan con el tiempo tomado en el Tricolor para marcar distancia de estos políticos, contra quienes la dirigencia empezó a ejecutar expulsiones sólo a partir del año pasado y una vez el partido había perdido siete elecciones estatales.
Yárrington Ruvalcaba, por ejemplo, fue suspendido de sus derechos partidarios desde mayo de 2012 pero expulsado del PRI el 16 de diciembre pasado, cuatro años después de que inició la revisión de su militancia en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y de que fue acusado de recibir dinero del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del PRI al Gobierno de su entidad.
Humberto Moreira Valdés, detenido el año pasado en España por cargos de lavado de dinero y malversación de recursos durante su Gobierno en Coahuila (entre 2005 y 2011), se mantuvo como integrante del PRI hasta este 2017, cuando –una vez liberado en España– se presentó como candidato a Diputado local por el nuevo Partido Joven.
La salida de Javier Duarte de Ochoa del partido se buscaba desde al menos febrero de 2016 y se generó sólo en septiembre, una vez que tenía ya abiertas las investigaciones penales y el Tricolor había perdido por primera vez la elección en Veracruz.
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La militancia del ex mandatario chihuahuense César Duarte Jáquez, también prófugo desde marzo pasado y cuya resolución había anunciado Ochoa Reza para fines de 2016, sigue en análisis en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional.
“La Comisión Nacional de Justicia Partidaria es el órgano que encabeza al PRI para rendir cuentas en un proceso democrático y moderno hacia sus militantes y dirigentes”, dijo Ochoa Reza el pasado lunes, cuestionado en el Estado de México por el tiempo que transcurrió para la expulsión de Yárrington y la permanencia de Duarte Jáquez.
“Seguirán analizándose cada uno de los casos. No podría yo, como presidente nacional del PRI, predecir qué debe de decidir la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pero sí el compromiso muy puntual de que se seguirá estudiando y analizando cada uno de los casos, y una vez que se llegue a una conclusión, como han sido los casos anteriores en Veracruz, en Quintana Roo y en Tamaulipas, se harán de conocimiento público”, agregó el dirigente nacional.
ENDEUDADORES ELOGIADOS POR PEÑA
Diversas fuentes han coincidido en que la explicación de la impunidad de la que han gozado la mayoría de los ex mandatarios hoy señalados, así como de los abusos de poder que se les atribuyen, está en el apoyo que habrían dado al hoy Presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña por la recuperación del Poder Ejecutivo en 2012.
“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, informó una fuente del PRI en 2016, luego de las derrotas electorales.
Los cuatro ex mandatarios mencionados, además, no sólo han sido acusados de faltas penales sino que aparecen entre los priístas que generaron los mayores grados de endeudamiento público en sus entidades.
Humberto Moreira, que había recibido en diciembre de 2005 una entidad con una deuda pública de 323 millones de pesos, la aumentó a ocho mil 267.1 millones para 2010 y, para 2011, año en el que dejó el Gobierno y se fue a dirigir el CEN del PRI, era cuatro veces más grande: 36 mil 509 millones de pesos.
Javier Duarte, que llegó al poder estatal de Veracruz en 2010 y recibió una deuda de 21 mil 499.9 millones, para 2012 la había convertido en casi el doble: 40 mil 28.9 millones de pesos.
Casi lo mismo y en el mismo periodo, de 2010 a 2012, hizo César Duarte Jáquez en Chihuahua, donde recibió un adeudo 12 mil 547 millones de pesos que, al cierre de 2012, eran también casi el doble: 23 mil 284.8 millones de pesos.
El quintanarroense Roberto Borge Angulo, también electo en 2010, aumentó en un 50 por ciento los pasivos de su entidad para 2012 (de 10 mil 37.2 millones a 15 mil seis).
Fue el año en el que el entonces candidato Peña Nieto los mencionó como ejemplo del proceso de “renovación interior” que vivía el partido con el que buscaba recuperar la Presidencia perdida desde 2000.
“Tú observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua…”, dijo Peña Nieto en mayo de 2012, cuando, en una entrevista de televisión, se le pidió poner “nombres” a su afirmación de que el partido se estaba renovando.
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Cuatro años después, sin embargo, los estados gobernados por estos priístas fueron identificados como los más endeudados de México, grupo en el que también estaban Coahuila y Nuevo León –gobernada por el priísta también acusado penalmente, Rodrigo Medina de la Cruz.
“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5%), Coahuila (261.5%), Chihuahua (228%), Nuevo León (220.6%) y Veracruz (133.31%)”, indicó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en abril de 2016.
“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras. Cabe resaltar también que estas cuatro entidades federativas, aunque en diferente orden, son también las cuatro entidades con mayor nivel de deuda por habitante”, agregó el “Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas”.
Una vez difundidos los probables hechos de corrupción que se les atribuyen a los integrantes de este grupo de gobernadores, diferentes opiniones han generado alerta contra diversas fuentes de protección en el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.
La fuga de Duarte de Ochoa en octubre de 2016, por ejemplo, ha sido considerada como un acto ilegal que el Gobierno federal tenía elementos para prevenir.
“Ese es el modus operandi que se usaba en los mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los políticos les avisaban días antes para que se escaparan”, dijo en octubre pasado el investigador en temas de política y crimen organizado, Edgardo Buscaglia. “Es un modus operandi muy usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un comportamiento mafioso, como el mexicano”, agregó el también académico de la Universidad de Columbia.
Y, desde Chihuahua, el abogado y activista de izquierda que evidenció la participación de Duarte Jáquez en un banco regional, Jaime García Chávez, advirtió que el nombramiento del también priísta Raúl Cervantes Andrade al frente de la PGR aumentaría la impunidad del ex mandatario.
“Creo que uno de los días más felices que ha tenido [Duarte Jáquez] Duarte este año es cuando nombran a su amigo [como Procurador General de la República]”, dijo García Chávez en noviembre pasado.
“LA IMPUNIDAD QUE CALCULARON”
En su libro “Historia mínima del PRI”, el investigador del Colegio de México, Rogelio Hernández Rodríguez, explica que la figura de Peña Nieto como el candidato con el que el Tricolor se lanzaría a la recuperación de la Presidencia en 2012 quedó clara desde 2009.
“Peña Nieto (entonces Gobernador del Estado de México) se convirtió en un reconocido líder del PRI, eficiente en su control interno y convincente para el resto de líderes grupales, dentro y fuera de los estados”, dice el apartado titulado “élites estatales”.
El mismo agrega que, a lo largo del sexenio gobernado por el Presidente panista Felipe Calderón, el PRI tuvo un rendimiento “notable” a la hora de renovar gubernaturas. Tarea, agrega Hernández Rodríguez, en la que “Peña Nieto prestó una importante ayuda al partido, porque aprovechó su posición y recursos para apuntalar campañas en otros estados y, desde luego, construir alianzas con el resto de los mandatarios”.
Y es ese intercambio de favores, afirma el historiador y analista político José Antonio Crespo, lo que ha generado tanto los excesos atribuidos a los mandatarios como la impunidad con la que desde entonces “calcularon” que contarían.
“Estos gobernadores se sienten impunes porque ayudaron al Presidente en la campaña. Era como su pase, de ‘te ayudo a ganar, meto el dinero necesario’, que además era un pago de favores, porque Peña Nieto les ayudó desde el Estado de México a ganar sus estados. Era como un acuerdo: gana Veracruz, gana Chihuahua, y luego me llevan a la Presidencia”, afirma el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
“Y claro, dijeron ‘ya cumplimos, ahora podemos saquear a nuestros estados y no nos van a tocar’, y bueno a muchos no los han tocado. Es la máxima expresión de la impunidad que ellos saben que existe o que calcularon que existe, de decir ‘ahora sí, ya tenemos el permiso y tenemos las condiciones para saquear a los estados sin límite, y que no les iba a pasar nada, y por eso lo hicieron”, agrega Crespo.
