Hace dos años, el Índice de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México en el sitio 103 de 175 países y expertos coinciden en que los avances en este tema han sido mínimos.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– El 27 de mayo vence el plazo constitucional para que queden aprobadas las leyes reglamentarias para que opere el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta semana, legisladores y representantes de la sociedad civil realizaron mesas de trabajo para llegar a consensos en el dictamen que contendrá estas leyes.
La propuesta más discutida hasta ahora es la que se refiere a la Ley Ciudadana o Ley #3de3 que establece reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y actores privados. Contempla la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública, así como directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos y un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de Gobierno y órganos autónomos.
También plantea mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
