Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– ¿Cómo, cuándo y en qué se gastan los recursos públicos senadores, diputados federales y diputados locales?, son preguntas indispensables para la rendición de cuentas, las cuales los 31 congresos estatales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República se esmeran por ocultar, según arrojó el primer diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México.
Los congresos de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo son las legislaturas locales menos transparentes del país, ya que no cumplen con ninguna de las variables del principio de información presupuestal y administrativa, como comprobó la información recabada por 12 organizaciones de la sociedad civil.
Esto es, ninguno de los arriba mencionados informa a la ciudadanía sobre contrataciones públicas; presupuesto aprobado y ejercido; resultados de las auditorías contables y financieras; contratación de asesores, consultorías y estudios; gastos por grupo parlamentario; gasto por legislador; gasto de los órganos de gobierno de la cámara; gasto de comisiones legislativas; gasto de centro de estudio; gasto de órganos administrativos, y gasto de comités o unidades similares.
El gasto ejercido anualmente por órganos de gobierno, órganos administrativos, comisiones, centros de estudio, comités o unidades similares, grupos parlamentarios e incluso por cada legislador cae en vacío informativo que impide conocer su ejercicio de forma completa, como lo comprobó la investigación de 12 organizaciones de la sociedad civil.
Los congresos federales operan con un presupuesto anual de más de 13 mil 298 millones de pesos ($13,398,337,841.00) del dinero de todos los mexicanos. De los cuales 7 mil 340 son gastados por los diputados y los restantes 4 mil 020 millones de pesos por los senadores.
Se conocen los presupuestos, pero no la forma en que se gastan. El panorama se torna más oscuro si se pretende investigar a los congresos estatales.
Los congresos de Zacatecas y Guanajuato son los más opacos del país pues incumplen ocho y siete variables respectivamente de las 12 que sirvieron para evaluar a los 34 congresos estatales en materia de presupuesto.
Pero eso no significa que alguna de las cámaras locales federales o locales sobresalga por su transparencia. Por el contrario, el Congreso de la Unión y los congresos locales del país suman en conjunto un raquítico 23.5 por ciento de cumplimiento en relación a la existencia y disponibilidad de información presupuestal.
La falta de información de calidad representa un grave problema para el sistema democrático, pues es la base para que los legisladores rindan cuentas, no solo a los partidos o padrinos políticos que los llevaron a su curul, sino para la ciudadanía que los avaló con su voto en las urnas.
Para que una institución legislativa pueda considerarse como parlamento abierto debe publicar y divulgar información oportuna y detallada sobre la gestión, administración, gasto y comprobación del presupuesto asignado, así como de los órganos que lo integran: comisiones legislativas, comités, órganos de gobierno, estructura interna, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual.
Como se observó, sólo dos de cada 10 congresos podría pasara apenas de panzazo la evaluación de las organizaciones civiles.
MUCHA INFORMACIÓN, POCA DE CALIDAD
La mayoría de los 34 congresos en México presentan una constante: mucha información pero muy poca que realmente permita conocer la forma en que se gastan los recursos públicos, se toman decisiones o se hace uso de las instalaciones de “la casa del pueblo”.
Ninguno de ellos hace pública la declaración de bienes de los legisladores, mucho menos sus posibles conflictos de interés.
Desde el punto de vista presupuestal, el 61.8 por ciento de los congresos publica en su portal de Internet el presupuesto aprobado y ejercido del congreso en su conjunto. Por otro lado, la revisión demuestra que los porcentajes más bajos de cumplimiento son los relacionados con información sobre los órganos administrativos, así como de las comisiones.
Pero el uso y destino de recursos públicos no es la única área donde se observa este fenómeno de mucha luz, pero poca claridad informativa.
Para realizar el diagnóstico sobre parlamento abierto en México las 12 organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio para el dialogo parlamentario y la equidad, Fundar, Gestión Social y Cooperación, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Impacto Legislativo, Open Intelligence, Social TIC, Sonora Ciudadana, Transparencia Mexicana y Visión Legislativa, acordaron diez principios que agruparon a 95 variables posibles:
Derecho a la Información, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Información Parlamentaria; Información Presupuestal y Administrativa, Información sobre Legisladores y Servidores Públicos; Información Histórica, Datos Abiertos y no propietarios, Accesibilidad y Difusión; Conflictos de Interés y Legislación a favor de Gobierno Abierto.
Al respecto, los datos encontrados por las organizaciones civiles demuestran una vez más el principio de mucha información, pero poca de calidad.
Por el ejemplo, el 94 por ciento de los congresos cuenta con una oficina para atender a la ciudadanía en temas de acceso a la información, ninguno tiene un área para que los ciudadanos expresen abiertamente sus inquietudes a los legisladores y éstos les respondan.
DERECHO A LA INFORMACIÓN
El derecho a la información se traduce en que los congresos locales y las cámaras federales deben garantizar el acceso a la información que producen, poseen, resguardan y clasifican, para ello deben contar con sus respectivas leyes de acceso a la información, que cuentan con procedimientos, plataformas u oficinas para realizar solicitudes y tener acceso a la información legislativa.
En conjunto, el principio constitucional de derecho a la información de las 34 instituciones legislativas observan un 84.1 por ciento de cumplimiento. El Congreso de Nuevo León y Querétaro únicamente cumplen con 2 de las 5 variables revisadas, mientras que 18 congresos cumplen al 100 por ciento todas las variables (ley de acceso a la información, oficina física de enlace, oficina web de enlace, mecanismos y procedimientos para hacer solicitudes de información).
El 94.1 por ciento cuenta con una oficina para atender a la ciudadanía en temas de acceso a la información.
Asimismo, el 85.3 por ciento de los congresos locales y cámaras publica en su sitio web la dirección de sus oficinas de enlace.
Sin embargo, solo el 70.6 por ciento de las instituciones legislativas cuentan con procedimientos o mecanismos para que los interesados realicen solicitudes de información, por ejemplo, la plataforma Infomex.
OPACIDAD EN DECLARACIÓN DE BIENES
Otra de las áreas en que los congresos son opacos es en regular, ordenar y transparentar las acciones de cabildeo, contar con mecanismos para evitar conflictos de interés y asegurar la conducta ética de los representantes populares.
Al respecto, las organizaciones civiles son claras: Un parlamento abierto debe contar con legisladores que transparenten los procesos en los que participan; requiere la existencia y aplicación de un código de ética y hacer públicas las declaraciones de intereses, con el objeto de reducir a la mínima o nula expresión, la corrupción y negociaciones ajenos al bien común.
No obstante, ninguno de los 34 congresos estatales hace pública la declaración de bienes de los legisladores, mucho menos sus posibles conflictos de interés.
En el mismo sentido, ningún congreso está obligado a publicar la declaración de bienes del cónyuge o sus dependientes. Uno de los argumentos más recurrentes para esta omisión es la seguridad personal del legislador y de su familia en un país como México con altos índices de criminalidad.
Sin embargo, ninguno de los 34 congresos informa tampoco de forma detallada sobre los viajes oficiales de los legisladores o su gasto en comisiones legislativas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Para fines del diagnóstico se definió este principio como los mecanismos y herramientas que faciliten la supervisión de las tareas de diputados y senadores al promover la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades parlamentarias.
El resultado de la medición arrojó que solo cuatro de cada diez instituciones legislativas del país regulan las figuras de iniciativa ciudadana y consulta popular, que existe algún medio que permite la interacción entre representantes y representados y que hay registros que advierten la asistencia de los legisladores en sus funciones.
El 82.4 por ciento de los congresos tienen una ley para aplicar la iniciativa ciudadana, mientras que el 73.5 por ciento regulan la figura de consulta popular.
El 76.5 por ciento cuenta con un teléfono de contacto para la interacción entre ciudadanos y legisladores. Sin embargo, ninguna de las instituciones legislativas pone a disposición del ciudadano una plataforma web con mecanismos de interacción a dos vías en tiempo real.
En este sentido, la mejor evaluada es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al cumplir con 9 de 12 variables, seguida por los congresos de Coahuila, Guanajuato, Michoacán y Puebla con ocho variables. Mientras que las peores son Campeche y de Tabasco, que no cumplen con ninguna de las variables de este principio.
INFORMACIÓN PARLAMENTARIA
Respecto a la información parlamentaria, nuevamente se repite la constante de que hay mucha información, pero poca que realmente sea del interés de los ciudadanos. La mínima información que los ciudadanos deben tener respecto a sus parlamentos es la relativa a conocer de manera simple los trabajos de los legisladores en sus respectivos congresos.
Para ello debe contar con formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias así como de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa.
Este rubro tiene un 57.8 por ciento de cumplimiento en su totalidad. Para ello se utilizaron 21 variables que incluyeron la publicación del listado de leyes, comisiones y versiones estenográficas hasta la publicación en su sitio de internet de todos los documentos que recibe o la difusión de lo que sucede al interior de las comisiones legislativas.
Por ejemplo, el 97.1 por ciento publica el número y/o periodo de legislatura. No obstante, el 14.7 por ciento de las instituciones legislativas publica una lista de todos los documentos que recibe en el ejercicio de sus funciones.
Y solo el 2.9 por ciento publica la versión estenográfica de los debates en las comisiones.
El Congreso de Tabasco es el peor evaluado, pues solamente cumple con un tercio de las variables revisadas. Le siguen los congresos de Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala con un cumplimiento de 9 variables.
Por el contario, el Congreso de Nuevo León encabeza este principio cumpliendo con 18 de las 21 variables, enseguida el Senado de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Nayarit con 16 variables cumplidas.
