México, 14 Abr. (Notimex).- El juez 12 de Distrito de Procesos Penales Federales capitalino fue notificado el martes por BBVA Bancomer, que la Junta de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de Sonora ordenó el embargo precautorio de una cuenta que el Sindicato Minero y la Sección 65 tienen en esa entidad.
La Cooperativa Veta de Plata informó que la institución bancaria además enteró a dicho juez que el agente del Ministerio Público federal, titular de la Mesa 02-UEIDFF/FIN, había asegurado esa cuenta bancaria en marzo de 2006 por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En un comunicado señaló que el juez de la causa, Gerardo García, ordenó informar de estos hechos a los reclamantes de los recursos que no han sido entregados por el Sindicato Minero y que esperan que con esta determinación, la distribución de los fondos a que tienen derecho se hagan una realidad después de tantos años de espera.
Recordó que el 26 de octubre pasado la JFCA emitió un laudo en el cual ordenó al Sindicato Minero hacer efectivo, en favor de los casi 10 mil trabajadores, “la distribución proporcional y equitativa de la cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares, que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005”.
La Cooperativa Veta de Plata refirió que los trabajadores demandantes de este fondo minero también reclaman la entrega de intereses que hubieran podido acumularse, por la inversión de este capital en los últimos ocho años.
El abogado de los reclamantes del fondo, Agustín Acosta Azcón, comentó que esta determinación judicial complica al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Napoleón Gómez Urrutia, los procesos judiciales en su contra.
Ello, dijo, porque confirma tácitamente el desvío de los 55 millones de dólares, de lo cual ha sido acusado reiteradamente por los mineros afectados, por lo cual el 14 de marzo el juez del 6 Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito le dictó la cuarta orden de aprehensión por violar la Ley Bancaria y de Valores.
