A casi dos semanas del arranque de las campañas presidenciales de las elecciones 2024, las candidatas y el candidato han expuesto algunas de sus propuestas para que, de llegar a la Presidencia, se avance en materia de seguridad y de justicia. Sin embargo, iniciativas como construir una “mega cárcel” o aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no funcionan pero ¿por qué se sigue apostando por estos modelos?, ¿cuál es el camino?
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Esta semana en el encuentro del Compromiso por la Paz que los tres candidatos a la Presidencia sostuvieron con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se vio obligada a matizar su propuesta de construir una mega cárcel de alta seguridad que le ha generado críticas, sobre todo por las problemáticas que persisten en los centros penitenciarios del país de hacinamiento, corrupción y autogobierno.
De acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) 2023 del Inegi, casi el 40 por ciento de las personas privadas de la libertad en México no cuentan con sentencia.
Situación que afecta más a las mujeres pues al cierre de 2022 habían 226 mil 116 personas en las cárceles federales y estatales, de las cuales 94.4 por ciento eran hombres y 5.6 por ciento mujeres. Sin embargo, 39 por ciento no contaban con una sentencia: 49.3 para las mujeres y 38.4 los hombres.
Otra medición, la Encuesta Nacional Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, reveló que 8 de cada 10 personas en prisión fueron detenidas sin una orden de aprehensión en su contra, solo señalados por testigos de supuestamente haber perpetrado antes un delito; además, más del 60 por ciento fueron intimidados y casi la mitad fueron golpeados o torturados, mientras que el 15 por ciento de las mujeres fueron violadas o abusadas sexualmente.
Frente a los obispos, Gálvez se comprometió a implementar las 117 propuestas de la Conferencia del Episcopado que incluye ejes como fortalecimiento de las policías municipales, reforma del sistema de justicia y la transformación del sistema penitenciario. Habló de combatir todos los males que hay dentro de estos centros penitenciarios, aunque no habló de dejar a un lado su idea de hacer una mega cárcel.
La propuesta de Gálvez recuerda lo sucedido en 2010 cuando bajo el gobierno de Felipe Calderón se anunció la construcción de cárceles con una Asociación Público-Privada (APP), coordinada por el entonces secretario de Seguridad Genaro García Luna. Según ellos, el objetivo era resolver las problemáticas de hacinamiento, corrupción y autogobierno, pero esto no funcionó pues dichas condiciones siguen en las prisiones del país. Al contrario, la privatización de las cárceles se ha vuelto una inversión muy lucrativa.
Lo anterior lo expuso en enero de 2021 el presidente López Obrador, al dar a conocer los contratos que se otorgaron a particulares, con adjudicación directa, para la administración de ocho centros penitenciarios, en el sexenio de Calderón. Tan solo en el 2020 se pagaron 15 mil millones de pesos en las cárceles privadas. El actual gobierno se acercó con las empresas privada y como resultado del diálogo se consiguió un ahorro de 15 por ciento, es decir, alrededor de 41 493 millones de pesos, menos de los montos originalmente establecidos en los contratos.
En su libro A la mitad del camino (Planeta), el Presidente explicó que lograron que los centros penitenciarios pasen a ser propiedad del Gobierno al término de los 22 años establecidos como vigencia y que en abril de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó una denuncia ante la FGR por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la contratación del servicio integral de capacidad penitenciaria para la construcción y operación de los ocho penales federales.
La candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum, a su vez, ha criticado la propuesta de Xóchitl Gálvez y en días pasados dijo que el modelo de la candidata de la oposición se basa en “mano dura, mega cárceles y guerra, actos que solo generan más violencia”, mientras que Álvarez Máynez dijo que “no son delincuentes quienes padecen en las cárceles, sino gente pobre e inocente”.
Pero no sólo Xóchitl ha propuesto medidas punitivas.
En distintas ocasiones, la candidata de Morena ha dicho que, con más medidas, continuará con el modelo de seguridad del actual presidente López Obrador, y es en este sexenio que se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el artículo 19 constitucional cuestionado ya por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso Daniel García y Reyes Alpízar, donde ordenó regular su uso.
Y en cuanto Álvarez Máynez, se ha inclinado por las propuestas para mejorar a las policías, revisar el sistema penitenciario y desaparecer la prisión preventiva oficiosa por ser inconstitucional. Pero, ¿qué medidas y propuestas son necesarias para avanzar?, ¿por qué las candidatas siguen apostando por estos modelos? y entonces, ¿cuál es el camino?
PROPUESTAS PUNITIVAS NO FUNCIONAN
Crear nuevos códigos penales y que más gente caiga en la cárcel no soluciona los problemas de raíz, de acuerdo con la abogada Ninde MolRe: “esto está demostrado en el colapso del sistema con las personas que no denuncian y quienes sí lo hacen que no acceden a la justicia; además, las cárceles están llenas de personas que probablemente no cometieron el delito o no tienen dinero para el acompañamiento legal”.
Para la abogada, las propuestas que surjan de las candidatas y el candidato a la Presidencia y de todos los demás candidatos a puestos de elección popular que sean punitivas, es para apelar a las emociones de las personas, al miedo a la violencia que aumentó cuando Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narco”.
“Lo que se necesita son propuestas de largo aliento, las medidas punitivas llaman mucho la atención porque apelan a la inseguridad de las personas dicen que ante el aumento de delitos lo que proponen es aumentar la pena o crear un nuevo tipo penal cuando esto no erradica la conducta, se está apostando a esto porque al menos se da la sensación de justicia”, dice.
Pero la cárcel, que una persona termine privada de su libertad, no es sinónimo de justicia porque tampoco quiere decir que ya hubo una sentencia y menos que sea culpable del delito que se le acusa, para la abogada Ninde, lo que debería significar es una verdadera reintegración a la sociedad.
La polítóloga feminista Ytzel Maya, en su texto “Contra la ‘megacárcel’ y la desigualdad”, retoma la idea de que la cárcel no es sinónimo de justicia pues aproximadamente, la mitad de la población privada de la libertad no tiene una sentencia, no se les ha demostrado culpabilidad: “de esas personas sin sentencia, el 50.2 por ciento se encuentra en prisión preventiva oficiosa, lo que quiere decir que entraron a la cárcel de forma automática. ¿Esto es justicia? Para nada”.
“Las propuestas que pretenden reforzar el sistema punitivo sólo refuerzan el sistema de desigualdades. Lo que ha pasado en los últimos años es que estas propuestas e iniciativas, al menos a nivel legislativo y ejecutivo, se han concentrado en crear nuevos delitos, incrementar las penas y (lo que me parece más preocupante) en darle más incentivos para acaparar el espacio público a las Fuerzas Armadas. Esto no va a funcionar porque no resuelve problemas estructurales. La cárcel no está diseñada para prevenir, sino para castigar. Y la apuesta en temas de seguridad es prevenir, no seguir reforzando instituciones basadas en la desigualdad: se convierte en un ciclo de injusticia sin fin”, escribió.
LAS CONSECUENCIAS
En la firma del Compromiso por la Paz, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al criticar la propuesta de Xóchitl Gálvez de construir una “mega cárcel”, dijo que de llegar a la Presidencia implementaría un Plan Nacional de Pacificación y entre su discurso mencionó que las prisiones, y en general las medidas punitivas, impactan en los grupos vulnerados.
Y si bien es cierto que generan desigualdad, es importante mencionar a todos los grupos que afecta, por ejemplo: ¿quiénes están detrás de las personas presas? MolRe sostuvo que son mujeres, que cuando el familiar de una mujer termina en prisión, la carga de trabajo para ella aumenta.
“El derecho penal lo único que puede hacer es algo cuando ya sucedió la violencia, es decir, a lo que nos está condenado el Estado es que hasta que no te violenten, ellos no pueden intervenir, el Estado le apuesta a no hacer nada hasta que suceda y no debería ser así, el derecho penal debería ser la última opción y significar que ya se agotaron todos los recursos para garantizar justicia”.
Y si las medidas punitivas no funcionan, el enfoque de las propuestas debería ser la parte preventiva, resolución de conflictos con la fuerza del Estado y medidas que se adapten a las necesidad de justicia y protección para las víctimas en el momento, es decir, escucharles, según la abogada.
“Espero que quede la reflexión, que entendamos como sociedad que este tipo de promesas no han solucionado la situación en la que estamos, ya pasamos por todos los partidos y no ha dado resultados. Son necesarias propuestas mucho más fructíferas, y que las personas también nos involucremos”.
En su texto, la politóloga coincidió que lo necesario es voltear a los procesos de construcción de paz y justicia transicional, “poner al centro a las víctimas y no a las necesidades del Estado para justificar su existencia”.
