Ciudad de México, 14 de marzo. (SinEmbargo).- Eran las 11 de la noche del martes 5 de marzo cuando tres agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) tocaron la puerta de la casa de doña Emma, la madre de Roberto Garza Iturbide.
Los agentes le entregaron la orden de alejamiento SDHPDSC/FEVIMTRA/CGT/2106/2013 que le prohibía a Garza acercarse a su ex pareja Rocío Rojo Becerra. Doña Emma recibió asustada el documento, tanto por la presencia de los agentes de la PGR como por la hora a la cual acudieron a su casa en Ciudad Satélite, Estado de México.
A Roberto Garza le cayó, más que todo el peso de la ley, todo el peso del amiguismo.
Porque a pesar de carecer de antecedentes penales y de violencia intrafamiliar, su ex pareja Rocío Rojo Becerra logró con las medidas de protección con que cuenta que Garza no se acerque a ella, pero sobre todo a la hija de ambos, Lucía, de un año de edad.
Se trata de un trámite casi imposible de conseguir para abogados de mujeres golpeadas por sus parejas, por ejemplo. Pero a Rojo Becerra se le concedió sin facultad, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, encabezada por Ricardo García Cervantes.
Garza tiene elementos para creer que detrás de la orden por parte de la Subprocuraduría está el funcionario, quien es amigo de su ex pareja.
García Cervantes es licenciado en Derecho, y de los escasos funcionarios militantes del Partido Acción Nacional que actualmente trabaja en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto. Ha sido Diputado federal en tres ocasiones y Senador de la República en dos. Ex Embajador de México en Costa Rica, también trabajó en Gobernación al frente de la subsecretaría de Normatividad de Medios. En 2010 fue designado presidente de los Capítulos México y Latinoamérica de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés) y en 2011 fue su vicepresidente. Ahora es Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la PGR, que encabeza Jesús Murillo Karam.
Además de la orden de alejamiento, Garza recibió el 13 de marzo un citatorio para presentarse ante un juez, acusado de violencia emocional, con lo que ya tiene abiertos dos frentes legales. Para el abogado Gonzalo Aguilar Zínser, del bufete Aguilar Zínser, se trata de una situación anormal y es un caso de influyentismo.
“El funcionario que haya ordenado la emisión de esta orden pudiera tener responsabilidad por exceso en el ejercicio de su función y por una impropia o inadecuada resolución violando los derechos de un ser humano”, dijo el abogado, quien asesora sin costo a Garza.
De acuerdo con Garza Iturbide, no es la primera vez que el ex Senador panista beneficia a su amiga con recursos públicos.
Lo mismo hizo mientras estuvo al frente de la Embajada mexicana en Costa Rica, donde vivió Rojo Becerra, y posteriormente en la Subsecretaría de Normatividad de Medios en Gobernación, ya en México, donde le concedió un puesto de aviadora en la agencia de noticias Notimex. Nuevamente la favoreció en el Senado al contratarla como fotógrafa para el Instituto Belisario Domínguez y lo repite ahora como Subprocurador en la PGR.
“¿Es esa la función de un Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR? Atentar contra los derechos fundamentales de un infante, de una niña inocente que ni siquiera tiene un año cumplido. ¿Su función, señor subprocurador, es hacerle favores personales a sus amigas?”, pregunta por su parte Garza.
El Subprocurador García Cervantes fue buscado vía telefónica por SinEmbargo, para responder a las acusaciones de abuso de poder y violación a los derechos humanos realizadas en su contra, pero al cierre de esta edición aún no respondía.
LEER AQUÍ RESPUESTA DE GARCÍA CERVANTES,
ENVIADA DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN
UN CASO DE SEPARACIÓN
Como muchas parejas, la conformada por Garza Iturbide y Rojo Becerra se separó. Iniciaron una vida compartida en junio de 2011 y en diciembre se fueron a vivir a Mérida, Yucatán. Su hija Lucía es el fruto de su relación. Pero al poco tiempo llegaron las diferencias y en noviembre de 2012 decidieron tomar caminos distintos.
Fue entonces que ella regresó al Distrito Federal y él se quedó sin ver a Lucía durante dos meses, ya que debió permanecer en Mérida durante noviembre y diciembre de 2012. Pero sin perder el contacto con Rojo Becerra.
Este año, en enero, al volver al DF la buscó para ver a su hija. Las vio en un parque, por 20 minutos. La comunicación entre Garza y Rojo Barrera fue cortés y sin contratiempos esa ocasión, que fue también la última que se encontraron. Porque desde entonces ella le impide ver a su hija.
“Sin embargo, por alguna razón que simplemente no entiendo, a partir de ese momento Rocío bloqueó de manera unilateral las vías de comunicación entre nosotros”, dice Garza.
Él la buscó vía electrónica y por teléfono y le expresaba su deseo de ver a su hija. Ante la negativa de Rojo Becerra, él en sus mensajes le explicaba que la sustracción de menores es un delito, más allá de las secuelas sicológicas para un niño por no ver a su padre. Pero ella le negó el contacto y lo acusó de haberle hecho algo “malo” a través de un blog. Garza se deslinda por completo de la acusación y reitera que a pesar de la situación que atraviesa con Rojo Becerra, la respeta y aún le guarda afecto y consideración.
Por eso le cayó de sorpresa que el 5 de marzo, tres agentes de la PGR se presentaron en el domicilio de su madre con la orden SDHPDSC/FEVIMTRA/CGT/2106/2013 firmada por la Ministerio Público Elsie Pérez Gomez. El documento incluye “medidas de protección a favor de la C. Rocío Rojo Barrera”.
“PRIMERO.- Se prohíbe al C. ROBERTO GARZA ITURBIDE: 1) Acercarse al domicilio donde habite la C. ROCÍO ROJO BECERRA y/o lugar de trabajo y/o lugar en donde desarrolle actividades; 2) Intimidar, molestar o acercarse a la C. ROCÍO ROJO BECERRA en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia; 3) Intimidar o molestar a la C. ROCÍO ROJO BECERRA haciendo uso de cualquier medio de comunicación, vía Internet o de difusión.”
“SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al C. ROBERTO GARZA ITURBIDE, haciéndole de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a las medidas de protección señaladas en los resolutivos que anteceden, se le impondrá la medida de apremio, consistente en arresto de treinta y seis horas, por las razones expuestas en el presente acuerdo…”, dice el documento.
GARCIA CERVANTES, “BENEFACTOR”
Esta no es la primera vez que García Cervantes, en su calidad de funcionario, interviene a favor de su amiga Rocío Rojo Becerra, afirma Garza.
De hecho la única vez que Garza coincidió con García Cervantes junto con ella, en un desayuno, atestiguó como el entonces Senador le decía a ella que contara con su ayuda, tal como ocurre actualmente
Garza recuerda que su ex pareja le contó que ella y García Cervantes se conocieron cuando él era Embajador de México en Costa Rica, durante el primer tramo del gobierno de Vicente Fox, y ella estaba en el país centroamericano abocada a su hobby de fotógrafa.
“Se hicieron amigos, amigos cercanos, y García Cervantes se puso el traje de promotor cultural y le organizó a Rocío Rojo una magna exposición fotográfica de autorretratos en la embajada”, refiere Garza.
García Cervantes regresó a México en 2004 y se hizo cargo de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. Ahí también aprovechó su puesto para apoyar a su amiga, quien se vino a México desesperada, huyendo de violencia intrafamiliar y recurrió al funcionario, quien la recibió en su oficina.
“García Cervantes tomó el teléfono y al día siguiente Rocío obtuvo un puesto de subdirección de área en la agencia Notimex, donde se tenía que presentar tan sólo una vez a la semana” y donde, en palabras de Rocío Rojo, “recibía un trato preferencial por ser la recomendada de García Cervantes”, dice su ahora ex pareja.
En 2005, Rojo Becerra regresó a Costa Rica de donde volvió por una ruptura amorosa. Nuevamente recurrió a García Cervantes, quien entre 2006 y 2012 despachaba en el Senado de la República. Ahí consiguió para su amiga un trabajo de fotógrafa ocasional en el Instituto Belisario Domínguez, afirma Garza.
“Cuando comencé a salir con Rocío Rojo, a principios de 2011, ella ya recibía un sueldo fijo de parte del Senador García Cervantes y durante el tiempo que Rocío y yo vivimos juntos en Mérida (de diciembre de 2011 a noviembre de 2012), ella siguió cobrando un sueldo a costa del erario, patrocinado por su amigo y protector Ricardo García Cervantes, que le transfería quincenalmente a la cuenta 0808749228 de Banorte a nombre de Rocío Rojo Becerra”, detalla.
Luego de la separación, ella vuelve a recurrir a su amigo para evitar que Garza se le acerque y evitar vea a su hija. García Cervantes desde la Subprocuraduría de Derechos Humanos que dirige entonces toma cartas en el asunto.
Además de la prohibición de acercarse a su hija y a Rocío, el 13 de marzo recibió un citatorio para presentarse ante un juez, acusado de violencia sicológica y económica. “Aprovechándose de su puesto me quiere hacer daño. Soy un ciudadano de a pie. No tengo poder ni influencias”.
Dice que el actuar de García Cervantes es “un atropello al derecho natural de la bebita a ver a su padre”.
RESPONSABILIDAD LEGAL
Antes de decidirse a exponer su caso ante los medios, Garza acudió al despacho Aguilar Zínser para recibir asesoría. Ahí, a través del sistema de ayuda social fue atendido por Gonzalo Aguilar Zínser, quien le recomendó a Garza escribir una carta pidiéndole perdón a Rojo Becerra y arreglar los problemas subsecuentes. La idea era buscar una posición conciliadora.
“En respuesta a esa carta de manera irregular se presentaron los agentes de la PGR, dejándole un oficio de la Subprocuraduría que no tiene que ver nada, no tiene competencia ni que adoptar una medida inmediata, ni dictar una medida extrema como si estuviera siendo calificada la parte afectada como un golpeador o que haya golpeado con extrema violencia a su ex pareja e hija”.
El abogado afirma que la PGR no tiene competencia para dictar esta orden de protección y que más bien la medida era con el fin de intimidar a Garza, hacerle pensar que será detenido.
Lo mismo puede decirse del citatorio recibido el 13 de marzo.
“Lo acusan sustancialmente de ejercer violencia sicológica la cual no describen con exactitud; de violencia física, pero no determinan si fueron golpes, y hostigamiento, lo hacen sin dar pruebas y alternamente a esa acusación emiten una resolución (el citatorio) como si fuera otro caso, que lo ameritaría si ella llegara con la cara destrozada, un brazo roto, o si él llegó a las 4 y media de la mañana y amenazó o golpeó a la puerta o hizo llamadas amenazantes. No, el único contacto que tuvo es por correo electrónico”, dice Aguilar Zínser.
De hecho, dice, es la primera vez que se entera de una orden de medidas de protección. “Ella está usando en exceso los beneficios que una ley proporciona en los casos de extrema violencia, para evitar a través de una solicitud como ésta que el padre tenga acceso a su hija y tener convivencia entre ambos. Es un derecho del padre y de su hija y está por encima el derecho de su hija”.
Dice que se entendería el uso de este recurso en caso de emergencia, pero no es así. “Es el típico caso de influencia”, concluye.
