A la reducción del presupuesto del Conacyt para este año, se suman las posibles reformas legales que centralizarán todas sus operaciones a nivel local, estatal, regional y federal. Los cambios, no obstante, podrían generar una vorágine de retrocesos en innovación (científica y tecnológica), “gobernanza plural y democrática”, así como de “planeación participativa” entre los distintos niveles de Gobierno.
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Una espiral de retrocesos aguarda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), vaticinan desde dentro del organismo. Por un lado, el nuevo Gobierno busca cambios legales para centralizar su funcionamiento (lo que podría paralizar el desarrollo del sector, desincentivar la inversión y minar la libertad de investigación). Por el otro, el Consejo se enfrenta a una reducción de su presupuesto (que agrava las desventajas de México frente a sus competidores internacionales).
El 8 de febrero de 2019, la Senadora morenista Ana Lilia Rivera Rivera presentó una iniciativa para sustituir la Ley Federal de Ciencia y Tecnología (2002) con la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Entre los principales cambios están la consolidación de procesos en aras de una mayor “eficiencia” administrativa, y la definición de “principios y reglas sobre los cuales deberán desempeñarse las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el país” (Artículo 1, Base I).
El problema con la centralización radica en que desaparecerá a los “entes armonizadores” de la actividad del Conacyt, cuya labor es establecer y vincular las prioridades nacionales en materia de ciencia, innovación y tecnología.
Entre ellos se encuentran el Consejo General de Ciencia y Tecnología (máximo órgano que avala y determina las prioridades), la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (que coordina a los organismos del Conacyt en los 32 estados de la República Mexicana), el Consejo Consultivo de Ciencias (órgano asesor científico), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (que coordina y asesora a los integrantes del Conacyt), entre otros.
“El diseño actual –que contempla la Ley vigente– da participación a todos los integrantes del sector para que formen parte de los órganos de rectoría del sistema, establezcan mecanismos de consulta y de coordinación, […] y tomen decisiones acorde a las necesidades del país”, dijo el maestro Jose Alonso Huerta Cruz, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), en una entrevista con SinEmbargo.
Con la centralización, “se corre el riesgo de una desvinculación y desarticulación entre los sectores” público, privado, académico y social, que podría desdibujar el impacto de los proyectos para satisfacer las necesidades y las demandas nacionales, abundó. Ello debido a que las decisiones dejarán de ser tomadas por especialistas –como académicos, investigadores, secretarios de Estado, asesores y gobernadores– y pasarán a manos de burócratas y administrativos.
De acuerdo con la doctora María Brenda Valderrama Blanco, titular de la Academia de Ciencias de Morelos, la Ley “no es tan clara”. Aunque la Dirección General del Conacyt podría asumir todas las funciones de los órganos que desaparecerían y podría reducir “redundancias” operativas, no se sabe quién o cómo determinarán las prioridades nacionales.
Además de los secretarios de Estado, de científicos e investigadores, las entidades federativas “se van a quedar totalmente como espectadores, tanto de la administración como de la toma de las decisiones técnicas”, lo que impactará en el “ánimo de inversión de los gobernadores y de sus equipos de trabajo”, explicó.
En consecuencia, no habrá colaboración y acuerdo entre los gobiernos federal, estatal, regional –como el Bajío, donde los estados pueden actuar e invertir en conjunto para resolver temas en común– y sectorial; habrá un “retroceso” en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como estancamiento en el proceso de “gobernanza plural y democrática, con procesos de planeación participativa, según Huerta Cruz.
Por otro lado, los investigadores señalaron que la nueva Ley “atenta contra la libertad de investigación”.
“La versión anterior, como una Ley reglamentaria del tercero constitucional, establece “los lineamientos bajo los cuales operará Conacyt en su obligación de promoción y fomento de la investigación”. La nueva versión, en cambio, “propone emitir los lineamientos bajo los cuales deberán llevarse a cabo las investigaciones científicas y tecnológicas en México”.
Por eso, dijo Valderrama, la normatividad “pasa de ser una Ley que regula al Conacyt [y pasa] a transformarse en una Ley que regula a los investigadores”.
Dicha situación volverá “obsoletos” a los proyectos de investigación e impactará en la “poca” competitividad que tiene el sistema de ciencia, innovación y tecnología de México, en comparación con sus competidores globales “que sí tienen flujo de recursos”.
Tanto Huerta como Valderrama advirtieron que las modificaciones legales crearán un “círculo vicioso”, ya que sin dinero para que trabajen los investigadores, no habrá recursos para producir artículos. Y con la baja en la productividad, habrá investigadores que salgan del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que implica que no podrán competir por recursos, situación que propiciará una “espiral descendente” en el desarrollo nacional.
“La inversión en tecnología en México todavía está muy por debajo de lo que debería ser […]. Si aparte de eso le sumamos que los esfuerzos se dispersan, probablemente el impacto también se minimizará y reducirá los beneficios que pueda tener la sociedad”.
Huerta refirió que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invierten el 2.3 por ciento de su Producto Interno Bruto(PIB) en ciencia y tecnología.
Mientras que los países que más invierten (cuatro por ciento) han logrado un desarrollo “más acelerado”, México invierte alrededor del 0.5 por ciento de su PIB. Es decir, destina cuatro o cinco veces menos de lo que debería de invertir, considerando su magnitud económica.
Según un comunicado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, aunque “se requiere un cambio de raíz y de una renovación jurídico-institucional muy amplia”, la Ley vigente “tiene un sentido mucho más completo que el que se plantea y que, aunque es perfectible, responde a la necesidad de crear mecanismos que aseguren una participación incluyente del sector de [Ciencia, Tecnología e Innovación] en el diseño de la política pública”.
LA ESPIRAL DE RETROCESOS
Las medidas impulsadas por la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República se dan en un marco de críticas a los presuntos excesos en el gasto del Conacyt.
A mediados de enero de 2019, la titular de Conacyt, Maria Elena Álvarez-Buylla, indicó que durante la administración pasada hubo transferencias, fondos y becas por cerca de 50 mil millones de pesos, entre los que contó asignaciones millonarias (no justificadas) al sector privado, mientras hubo investigadores sin recursos para llevar al cabo sus proyectos.
Pese a las “buenas” intenciones, Valderrama y Huerta mencionaron que el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación depende de sus resultados.
En su opinión, al centralizar funciones, las prioridades nacionales dejarán de reflejar las necesidades locales y dejarán de producir resultados adecuados. De esa manera, la inversión privada y estatal se verán desincentivadas y agravarán la situación del Conacyt, cuyo presupuesto para 2019 es inferior al de 2018.
El año pasado, el Consejo tuvo un presupuesto aprobado de 27 mil 225.9 millones de pesos. Este año, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), su presupuesto asciende a 24 mil 664.7 millones. Es decir, 10.38 por ciento menos que en 2018.
La consolidación que propone la Senadora Rivera también plantea la posible extinción de los fondos mixtos que existen desde 2001. Se trata de 35 fideicomisos –32 estatales y tres municipales– para fomentar la ciencia y la tecnología, con recursos locales (44.5 por ciento) y federales (55.5 por ciento).
Entre 2013 y 2017, según datos del Conacyt, estos fideicomisos tuvieron un presupuesto promedio de 1 mil 117.8 millones de pesos. Entre 2017 y 2018, su presupuesto decreció en 26 por ciento (al pasar de 1 mil 138.40 a 847.32 mdp) y fue inferior a la media del último sexenio.
La decisión de consolidar en un solo fondo todos los fondos mixtos, que hasta la fecha son manejados por los gobiernos estatales y el área técnica del Conacyt, “puede llevar a la parálisis del sistema” ya que, además de que cada estado tiene su propia lógica de inversión, lo que hoy hacen 32 administraciones locales será realizado por un equipo técnico (federal) que desconoce los procesos y demandas locales, explicó Valderrama.
Para Huerta, los fondos mixtos han propiciado la inversión de los estados y de la Federación en conjunto. Si se quitan, los estados y la Federación “invertirían en cosas diferentes”, circunstancia que evitará esfuerzos conjuntos que potencien los resultados en materia de ciencia, innovación y tecnología (CTI).
Este año, inclusive, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, refirió que que aunque es necesario reducir los órganos colegiados que están de más, “hay que mantener a aquellos que tienen representación en el sector de CTI”.
En el marco de la celebración del Consejo Universitario en la Antigua Escuela de Medicina, Graue apuntó que la iniciativa de Ley de Morena propone una visión “corporativa y privada” que no responde a las necesidades nacionales.
En ese sentido, la doctora María Brenda Valderrama Blanco, titular de la Academia de Ciencias de Morelos, explicó que las prioridades del nuevo Gobierno (en materia de ciencia y tecnología) son las mismas que antes (formar cuadros de investigadores, generar becas para la investigación, impulsar la infraestructura de centros de investigación y de los subsistemas como el de la UNAM y el Politécnico).
Empero, señaló que lo que ahora hace falta es impulsar los recursos para la generación de “proyectos estratégicos” –como el telescopio milimétrico “Alfonso Serrano” en Puebla– que permitan a México competir con el resto del mundo y atraer inversión privada.
“En México creamos tecnología para PyMES [porque] tenemos pocas grandes industrias [en el sector]. Entonces, la vocación de México es hacer tecnología para PyMES y […] lo que necesitamos es incentivarlas para que inviertan en desarrollo tecnológico, que era justo el objetivo del Programa de Estímulos a la Innovación”.
Sin embargo, dijo, el problema es que en el actual presupuesto “se desaparece el tema de innovación”, tanto para Conacyt como para todo el ramo Federal, en un momento en que “apenas estábamos generando la cultura de la innovación en las PyMES y cuando apenas estábamos generando los cuadros que pudieran atender esos proyectos”.
EL RECORTE
En la última semana, la nueva administración ha sido criticada por incorporar a funcionarios no especializados a las filas del Conacyt. Tal fue el caso de Edith Arrieta Meza, subdirectora en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), y quien ostenta el título de modista o diseñadora.
Mientras tanto, en el caso particular del presupuesto 2019, “el área más afectada fue la innovación, que tuvo una reducción del 85 por ciento”, por lo que sólo se le asignaron recursos para el cierre de los proyectos de 2018, dijeron los investigadores.
El segundo presupuesto más afectado fue el que atiende a los estados y a las regiones, que son los fondos mixtos y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT). Estos fondos sectoriales “tuvieron una reducción mínima del 50 por ciento”.
Las áreas que no se tocaron son las de becas y el SNI, “que son irreductibles en el sistema de Conacyt”, abundaron. “Pero todo lo que es inversión tuvo una caída muy fuerte de entre 50 y 85 por ciento. Eso nos va a llevar a dos consecuencias. La primera es la parálisis en los laboratorios –que requieren dinero para equipo, muestras y materiales– y la segunda, la obsolescencia de equipos que ya no tengan refacciones” (y que no sean actualizados o sustituidos).
Lo anterior agravará el “gran problema estructural” del Conacyt, que es la falta de proyectos que reciben apoyos gubernamentales.
“Hay entre 25 y 27 mil investigadores en el SNI. Pero en la última convocatoria de ciencia básica se apoyaron 800 proyectos de 27 mil. Suponiendo que cada proyecto involucre a cuatro o cinco investigadores –entre 3 mil 200 y 4 mil personas–, habrá más de 20 mil fuera de la jugada que van a caer en la inanición académica”.
Esto, dijo Valderrama, “además de generar pérdidas de innovación, es una pérdida económica” (ya que los gobiernos invierten en al menos 30 años de estudios, por cada uno de los investigadores que forma).
