Organizaciones alertaron de la sumisión del poder civil al militar de ser aprobada la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. La propuesta hecha por el PRI, dijeron, brinda al Ejército de facultades hasta ahora exclusivas de las policías del país. Y recordaron, que a la fecha, la guerra contra el narcotráfico sólo arreció la violencia y acentuó el crimen organizado que pretendía combatir.
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia mexicana rechazaron hoy la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que permitirá al Ejército tomar las labores de la policía cuando el mandatario así lo decida.
Este martes se tenía programada la discusión del dictamen de Seguridad Interior en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; sin embargo, legisladores de oposición pidieron no dar paso a la discusión.
“En este contexto el mando militar pareciera tratar de imponerse sobre el mando civil, y pocos respingan. Décadas de tradición y práctica Constitucional para evitar la militarización ahora son amenazadas por un Ejército empoderado”, dijo la politóloga Denise Dresser.
La iniciativa, propuesta el 27 de octubre por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, pretende dejar en manos del Presidente de la República la declaratoria de Seguridad Interior en un lugar y tiempo determinado.
Las organizaciones apuntaron que la guerra contra las drogas, que inició el ex Presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, ha acentuado el poder del narcotráfico y la violencia en México, en vez de acabarlo.
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En la última década han sido desplegados 52 mil elementos; alrededor de 84 operaciones regionales han pretendido reducir la violencia; ha habido unos 213 mil muertos, y un índice de letalidad en el que el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere, apuntaron las organizaciones como la evidencia de una estrategia contraproducente.
“El Presidente ha permitido esto, quizá, por debilidad, por el temor que tiene al Ejército sino lo apuntala”, añadió Dresser.
Algunas de las organizaciones presentes fueron el Colectivo #seguridadnomilitarizada, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
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Alejandro Madrazo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apuntó que la propuesta presenta deficiencias técnicas.
"Se han dado a conocer una multiplicidad de estudios, en los últimos 10 años, en los cuales la militarización ha sido la política pública. La misma que conocemos, llevamos diez años viviéndola. Y toda la información que tenemos […] nos dicen que es preocupante lo que está ocurriendo”, alertó Madrazo.
Las organizaciones pidieron a los legisladores no dejarse influenciar por objetivos electorales e hicieron un llamado a que se atienda la evidencia científica de la violencia provocada por la estrategia del choque frontal contra el narcotráfico.
Hasta hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) registra 37 células delictivas en el país, cuyas operaciones responden a nueve cárteles.
“Tenemos evidencia de causalidad entre los operativos conjuntos durante el periodo de Felipe Calderón y el incremento de los homicidios a nivel municipal. Llevó a México a pasar de una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a una de 24 por cada 100 mil”, dijo el profesor.
Más aún, con ejercicios estadísticos, el CIDE determinó que cada combate contra el narcotráfico incrementó la tasa de homicidios en un 6 por ciento, pero si era la Secretaría de la Defensa Nacional la implicada en el enfrentamiento, el porcentaje subía a 9.
