La Constitución Política mexicana contempla en su arquitectura institucional los contrapesos entre los poderes públicos y, estos, están en la separación de poderes, en el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, incluso, los estados de la federación.

Esto hay que tenerlo en cuenta porque es el juego virtuoso en nuestra democracia “vía elecciones” para que ninguno de ellos sea más poderoso y capaz de terminar imponiéndose uno sobre el otro o los otros.

Si uno de estos poderes somete a los otros poderes, como sucedía con aquel PRI omnipotente y omnicomprensivo, que gobernó el país por 71 años, estaríamos empezando por reeditar lo que definió Mario Vargas Llosa como la “Dictadura Perfecta”; Enrique Krauze como la “Presidencia Imperial” o, Giovanni Sartori, politológicamente hablando del “sistema de partido hegemónico” o, con una cierta dosis de ironía como lo que llamó Luis Javier Garrido: “El partido de la Revolución institucionalizada”.

Andrés Manuel López Obrador no es el primer Presidente del país que busca no sólo poner su sello personal a su Gobierno, sino trascender los límites de su mandato, sino de nuestro presidencialismo. 

Acaso, ya no olvidamos del maximato que ejerció Plutarco Elías Calles hasta que Lázaro Cárdenas lo echó del país o el intento de Luis Echeverría al dejar en la Presidencia a su “amigo del alma” y este también lo terminó enviando al extranjero como Embajador de México a las Islas Fidji; o, más cercanamente, Carlos Salinas, cuando habló de un proyecto transexenal de 25 años para “consolidar el proyecto” y al terminar su sexenio tuvo que salir huyendo con rumbo a Irlanda dejando detrás varios cadáveres y a su hermano “incómodo” en la prisión de Almoloyita. 

Más tímidamente, Enrique Peña Nieto cuando habló del “nuevo PRI”, la “nueva” generación de políticos mexicanos hoy varios de ellos presos por corrupción (los panistas Fox y Calderón, ni siquiera intentaron permanecer, creo, por su escasa visión de futuro y Calderón ha “decidido” cambiar de residencia a España en lo que se define el affaire García Luna), así, podría suceder, con López Obrador que podrá imponer a su partido y aliados a la candidata o candidato a la Presidencia, incluso, ganar la elección presidencial pero no tiene asegurado un renovado maximato y su permanencia en el país. Ya lo adelantó sutilmente Marcelo Ebrard cuando aseguró que la 4T seguiría, pero, con “sello personal”. En el detalle, está el diablo, nos ilustra la sabiduría popular. 

En democracia, no hay otra que nos salve de esos grandes proyectos transformadores, revolucionarios, personalizados, que no sea la creación y el fortalecimiento de las instituciones públicas, esa es la lógica y el pacto político, que ha dominado nuestra historia de los últimos cuarenta años.

Por eso, da gusto, lo ocurrido en la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Judicatura Federal, que en una votación en libertad, decidió que fuera la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, una mujer progresista por sus posiciones en temas como el aborto, el consumo recreativo de la mariguana, etc. aunque, también, está el polémico apoyo que dio a la militarización del país hasta 2028 pero, sus votos, están fuera de la órbita de control del Presidente López Obrador, que ya sabemos tenía como alfil a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y, basta un dato para saber el porqué de su preferencia, mientras la Ministra Piña Hernández ha votado a favor el 17 por ciento de las iniciativas del Presidente, Esquivel Mossa, lo ha hecho en el 67 por ciento.

No hay que dar muchas vueltas para darse cuenta por qué el interés del Presidente y la defensa de la Ministra Esquivel Masso, cuando el portal Latinus reveló que su tesis de licenciatura en Derecho era producto de un plagio y Enrique Grue, el Rector UNAM, lo ha confirmado, aun cuando están a salvo los derechos de la todavía Ministra. Quien, todavía, en la habilitación de la nueva presidenta de la Corte aseguró que su tesis era la original y no la que se defendió un año antes de su titulación. 

Si se confirma lo dicho por el Rector, se impondría la lógica y el principio básico del Derecho: primero en tiempo, primero en derecho.

Pero eso ya lo resolverán las autoridades universitarias, y políticamente el destino de la Ministra Esquivel se volverá paulatinamente irrelevante, simple materia administrativa, igual, si Guillermo Sheridan actuó motu proprio o movido por los intereses oscuros de los “conservadores, adversarios” del Presidente López Obrador.

Yasmín Esquivel no le sirve ya al Presidente López Obrador y, seguramente, languidecerá su defensa de quien pudo haber cometido un “error” de juventud y hoy se impone la narrativa de que como se respeta la separación de poderes fue que los ministros votaron en libertad y decidieron que fuera su presidenta la Ministra Piña Hernández.

No obstante, la decisión de la mayoría de los ministros genera una tensión adicional que no habrá de pasar mucho tiempo para que el Presidente acorde con su estilo provocador enderece la crítica contra las resoluciones de la Corte que tiene una agenda importante que resolver dada la gran cantidad de acciones y controversias constitucionales recibidas en el último año. A propósito ¿cuál será el orden de la agenda inmediata de la Corte? 

Ahí está el quid de la cuestión cuanto supone, para no ir más lejos, la constitucionalidad de las reformas del llamado Plan B que disminuye las competencias y recursos de Ley al INE en la antesala de una elección presidencial.

Sería un gran mensaje que la Corte entrara al fondo en dicho plan y, por razones más que obvias, se pronunciara a favor o en contra de este tema que pone en entredicho los principios rectores del INE: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.

Que, de asumirse y resolver en cualquier sentido, significaría que las reformas del llamado Plan B tendría que ser desechadas o consideradas constitucionales.

Y eso demostraría con mayor claridad, su autonomía, frente a los otros poderes.

Pero, no adelantemos vísperas, la votación de los ministros de la Corte ha dejado sólo claro, qué es mucho, que están más allá de un sexenio, de un personaje providencial y cualquier forma de pensar única, por lo tanto, alimenta la idea democrática de que las resoluciones futuras de la Corte estarán en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Nada más, nada menos.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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