Las cifras se vuelven lejanas cuando no tienen comparación o cuando de tanto mencionarlas se vuelven abstractas. A veces los números no dicen gran cosa y aunque de entrada los veamos como algo “escandaloso” somos incapaces de traducirlos en razón cuando no tienen un contexto que les dé vida.

La semana pasada, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas y la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, informaron que desde los años sesenta a la fecha, en México existen más de 61 mil personas desaparecidas (40por ciento más de lo que se tenía registrado a finales del 2018) y que solo en el primer año de Gobierno se registraron 5 mil 184 desapariciones. La cifra es escalofriante. Recordemos que aún en los periodos más espeluznantes de la historia reciente de la región, ningún otro país ha sido testigo del terror que de manera continua ha vivido México. En Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y durante la dictadura de Pinochet, desaparecieron a 2025 personas; y en Argentina, durante el terrorismo de Estado que trajo la última dictadura cívico militar de 1976 a 1983 se registraron 30 mil desapariciones. En México la cifra no se detiene y termina con puntos suspensivos; se perpetúa a través del tiempo de la mano con la impunidad casi total en estos casos, que ha significado un cheque en blanco para la comisión de más desapariciones.

Durante este año hemos tenido ante nosotros mensajes contradictorios por parte del Gobierno; por un lado, se ha dicho que es una prioridad del Gobierno conocer el paradero de las personas desaparecidas en nuestro país y se han creado espacios de memoria referentes al terrorismo de Estado; por otro, se cierra el acceso a los acervos históricos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que pueden dar información sobre el paradero de algunos de los que fueron sujetos de desaparición forzada en los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. En el mismo sentido, se reconocen miles de personas desaparecidas en el país y se habla de su búsqueda e identificación, pero no se habla sobre las acciones que se van a llevar a cabo para que este segundo año, la cifra de 5 mil 184 personas desaparecidas se reduzca a cero.

Es cierto, es importante sumar para saber de qué estamos hablando cuando decimos que la desaparición es un fenómeno sistemático y generalizado, pero ¿por qué quedarnos a medias? Ahora ¿a quién hacemos responsable de esas más de cinco mil desapariciones que ocurrieron ya en el marco de la llamada transformación?

Las cifras presentadas por el Subsecretario Encinas no son suficientes para que podamos entender el contexto en el que vivimos. No basta con que sepamos cuántas personas desaparecidas hay; necesitamos saber sobre el contexto de la desaparición, sobre quiénes son esas personas y sobre cómo se han actualizado dichas cifras en el tiempo. Para esto, los registros de fosas clandestinas, personas desaparecidas y personas no identificadas deben contar con una metodología robusta que permita comparar el fenómeno por su naturaleza, en el tiempo y el espacio.

Además, estos registros deben ser públicos; como sociedad tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando en nuestro país y las acciones que el gobierno está llevando a cabo para abatir el fenómeno. En este momento, como lo muestran las cifras, los esfuerzos de búsqueda, restitución, identificación y reparación integral están siendo insuficientes.

El horror que provoca la estadística nunca se va a comparar con el dolor de aquellxs que se encuentran detrás de la cifra. Miles de víctimas que buscan a sus padres, madres, abuelxs, hermanxs, hijxs. México se ha convertido en un país de buscadorxs, en el que cada región cuenta la historia de alguna persona que desapareció. Las cifras deben dejar de ser algo abstracto, para empezar a traducirse en miles de historias que debemos seguir nombrando y recordando. Hasta encontrarles.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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