El 18 de octubre de 2017, un grupo armado ingresó al municipio de Chalchihuitán y abrió fuego contra la población, ocasionando la muerte de una persona. Debido a esto, un total de cinco mil 266 indígenas se vieron obligados a salir de sus domicilios.
Las personas desplazadas provienen de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón, en Chalchihuitán; y Majompepentic, del municipio de Chenalhó.
Ciudad de México, 14 de enero (EFE/SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a autoridades de los tres niveles de Gobierno a atender los desplazamientos forzados internos de más de cinco mil indígenas en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas.
Mediante una recomendación formal solicita al Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que “se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzado y se les brinde atención médica y psicológica”.
A las presidencias municipales de Chalchihuitán y Chenalhó les solicita que coadyuven con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “en los trabajos de deslinde que realicen en los límites territoriales entre esos municipios”.
Además, insiste en el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas para los campamentos de las personas desplazadas, a las víctimas directas e indirectas de este desplazamiento y a quienes sufrieron daños en sus propiedades.
También solicita “que se corrobore que niñas, niños y adolescentes víctimas hayan concluido los estudios que cursaban”, así como “elaborar un programa de desarme en esas localidades”.
El órgano nacional pide se corrobore el número exacto de personas que salieron de su domicilio y se evalúe su situación, además de proporcionarles a los indígenas información acerca de sus derechos y asistencia de todo tipo que garantice su correcto desarrollo.
“Las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria, y a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia”, de las víctimas.
Al Ayuntamiento de Chalchihuitán le recomienda investigar “posibles actos de violencia que se suscitaron en las últimas semanas del mes de diciembre de 2018, presuntamente por el síndico municipal de ese lugar, contra las víctimas” y se tomen las medidas oportunas.
La CNDH pidió a la Fiscalía mexicana que se continúe “con la integración y perfeccionamiento de las respectivas carpetas de investigación, instrumentando medidas eficaces para esclarecer los hechos y, en su caso, lograr la identificación y detención de los probables responsables”.
ANTECEDENTES
El 18 de octubre de 2017, un grupo armado ingresó al municipio de Chalchihuitán y abrió fuego contra la población, ocasionando la muerte de una persona. Debido a esto, un total de cinco mil 266 indígenas se vieron obligados a salir de sus domicilios.
Las personas desplazadas provienen de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón, en Chalchihuitán; y Majompepentic, del municipio de Chenalhó.
Desde hace 40 años los municipios sostienen un conflicto agrario que culminó con el desplazamiento interno forzado.
Pese a que ya se ha registrado el regreso de unas tres mil 800 personas, aún continúan algunas viviendo en condiciones precarias en campamentos, pues afirman que en su comunidad continúan el acoso y los ataques de grupos armados.
