La próxima vez que usted pague con un billete de 100 pesos piénselo bien, podría pasar 5 años de prisión en las Islas Marías, máxime si es mujer y no cuenta con los recursos para pagar una defensa particular. Es el caso de Esperanza Reyes Aguillón quien desde hace un año y tres meses duerme lejos de sus dos hijos.

Una de las más notables características del sistema de procuración e impartición de justicia en México es que está diseñado para perseverar en los errores y no para corregir los abusos. Podemos pensar que en las etapas de un proceso penal las sentencias se revisan a fondo y solo van a prisión quienes son culpables.

Esto no es así porque en los hechos un ministerio público no corrige la puesta a disposición de un policía,  ya que al hacerlo le haría perder su bono de actuación. De la misma manera que el juez penal no corrige a ambos porque implicaría incidir negativamente en la estadística de consignaciones de la Procuraduría y finalmente,  los magistrados no corrigen a los anteriores porque entre otras causas, vendrían eventuales demandas de responsabilidad administrativa, patrimonial del Estado o daño moral.

Años después cuando los casos llegan a su última instancia, la verdad histórica poco importa y los voluminosos expedientes narran historias ininteligibles. Este es el caso de Esperanza, jefa de familia de 47 años, es de origen humilde y vivía en San Luis Potosí; ella estaba a cargo de una niña de 10 años y un niño de 7. Como muchísimas mujeres, su vida transcurría con dificultades económicas que sorteaba por la determinación de dar educación y sustento a quienes fueron abandonados por su padre a muy temprana edad.

En marzo de 2011 Esperanza fue a la papelería de su barrio a comprar un cuaderno para su hija. Pagó con un billete de 100 pesos sin saber que era falso. La encargada de la papelería llamó a la policía y Esperanza fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la capital potosina; el 12 de marzo fue consignada ante José Luis Cruz Álvarez, juez tercero de distrito en dicha entidad.

Al no contar con recursos para una defensa particular, Esperanza rindió su declaración preparatoria ante el juez asistida por un defensor de oficio, quien dentro del plazo constitucional no realizó actividad alguna de defensa más que acompañarle en su testimonio. El 14 de marzo de aquel año, el juez tercero abrió una causa penal dictando auto de formal prisión y otorgando libertad bajo caución.

Tiene razón José Mario de la Garza, actual abogado de Esperanza, cuando afirma que el derecho a una defensa adecuada es solo para quienes la puedan pagar. Con destacables excepciones, la defensoría pública genera más daño que el que busca reparar. Sin asesoría, sin actividad procesal, más que las impugnaciones de formato, Esperanza pensó que su caso estaba cerrado por la libertad provisional de la que gozaba.

No fue advertida de que en caso de perder los recursos contra el auto de formal prisión, el juicio principal, la apelación y el amparo, la sentencia del 22 de noviembre de 2011 que la condenó a cinco años de prisión debería ser cabalmente cumplida. La actividad procesal del defensor público, Víctor Reyes Díaz, se limitó a solicitar a la familia de Esperanza dos cartas de buena conducta y a exhibirlas en el juicio.

Durante el periodo probatorio no solicitó dictamen pericial alguno sobre el billete, nunca cuestionó algo fundamental para la comisión de este delito: que el uso del billete se haga “a sabiendas” que es falso. Nunca pidió la realización de inspecciones judiciales al domicilio de Esperanza, ni hizo las gestiones necesarias para que la evidencia fuera preservada. El billete que tiene a Esperanza en prisión ya no se encuentra en el expediente y por lo tanto no puede ser revisado judicialmente.

La evidencia base para la sentencia es el informe policial, un oficio del Banco de México y la convicción del juez Cruz Álvarez de que Esperanza mostró una “actitud sospechosa” es decir el juzgador argumenta no una conducta material, sino una interpretación extraída por él a partir de las declaraciones de los policías que se entrevistaron con la encargada de la papelería.

En  la trayectoria del juez federal cabe destacar una posición garantista frente al arraigo al declarar su inconvencionalidad en octubre de 2011; en junio de ese mismo año otorgó amparo a María Luisa Paulín, operadora del ex gobernador potosino Marcelo de los Santos. A pesar de que en su ficha curricular existen múltiples cursos sobre derechos humanos, estos no alcanzaron para valorar la nula evidencia contra Esperanza.

El caso llegó al conocimiento del prestigiado abogado José Mario de la Garza tiempo después de agotados los recursos legales para su liberación, y hasta que la familia de Esperanza no la encontraba por haber sido trasladada desde el penal de La Pila en San Luis Potosí a un destino desconocido. Tres meses tardaron en ubicarla, Esperanza estaba en las Islas Marías, tras una breve estancia en Nayarit. La petición del gobernador potosino bastó para que cientos de reos federales fueran enviados a las Islas Marías sin fundamentación alguna.

A pesar de que De la Garza ha estado frente a la pared ha logrado que sea la misma Barra Mexicana Colegio de Abogados, que pida al Ejecutivo Federal revise el caso y proceda al indulto de Esperanza. Un primer paso sería que fuera trasladada de regreso a San Luis Potosí, donde sus hijos y demás familia puedan visitarla, así se cumpliría en inicio el derecho humano a purgar la condena en un lugar cercano al propio domicilio, derecho ampliamente argumentado por María Amparo Hernández.

Esperanza cumplirá pronto un año tres meses lejos de sus hijos, en la colonia penitenciaria construida originalmente para 800 personas ahora habitada por más de  8 mil reclusos, en buena medida gracias a los delirios de Felipe Calderón.

Si Esperanza regresa a San Luis Potosí sería solo el inicio de una lucha por su libertad y cuando esta sea lograda será solo una victoria entre miles y miles de derrotas que vivimos sin enterarnos. El panorama es sombrío, tan solo el viernes pasado Mario González fue sentenciado a cinco años nueve meses de prisión, como un castigo no solo a él, sino a todos los presos políticos, a sus familias y a su defensa.

El miércoles pasado estuve en la capital potosina, caminé frente a la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En cuya fachada se lee “Ponciano Arriaga” quien en 1847 impulsara la Ley de Procuraduría de Pobres, convencido de que la justicia en un esquema de desigualdad económica y social se vuelve dominación. Caminando por las calles que este gran humanista recorriera más de un siglo y medio atrás, hoy recordé su frase, cierta más que nunca: “Se proclaman las ideas y se olvidan las cosas” o se proclaman los derechos y se olvidan las personas, yo diría.

Jesús Robles Maloof

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Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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