Brasilia, 1 jul (dpa) - La Cámara de Diputados de Brasil rechazó en la madrugada de hoy la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos graves, en lo que representa una victoria, aunque no definitiva, del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
La propuesta, que conlleva enmendar la Constitución, recibió 303 votos a favor, 184 en contra y tres abstenciones. No consiguió la mayoría especial de 308 votos necesaria por tratarse de una enmienda constitucional.
Además de las mayorías especiales, la aprobación precisa de dos rondas de votación. En esta oportunidad se votó un texto que contenía alteraciones del texto original, que es el que se votará en la segunda vuelta.
El gobierno redobló esfuerzos en las horas previas a la votación para evitar que prosperara la propuesta presentada por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, un enemigo político de Rousseff pese a integrar la principal fuerza aliada del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
El triunfo relativo del gobierno, no obstante, puede tener vida breve. Según el portal del diario "Folha de Sao Paulo", Cunha ya avisó que intentará someter a votación otro texto, que contiene cambios con respecto al rechazado hoy y con el que espera obtener los cinco votos que le faltan para hacer avanzar la medida.
La propuesta original, que es la más dura de todas, prevé la reducción de la edad de imputabilidad penal para todos los delitos. La rechazada hoy, que fue alterada por el relator del proyecto, Laerte Bessa, en acuerdo con legisladores de varios partidos, prevé que la misma alcance únicamente a adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan delitos considerados graves, como violación, secuestro, tortura, asesinato y tráfico de drogas.
Ante el fracaso, Cunha propone una alteración al texto de Bessa: retirar el tráfico de drogas de la lista de delitos "graves" que abarca la medida rechazada. La idea del presidente de Diputados es que esta nuevo texto se vote en los próximos días.
La reducción de la edad de responsabilidad penal es un asunto polémico en Brasil.
Por un lado, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre otras Amnistía Internacional, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), sindicatos y varios grupos de izquierda, la rechazan con firmeza y se han movilizado para evitar su aprobación.
Por otro, la idea es apoyada por el 87 por ciento de los brasileños según una encuesta del instituto privado Datafolha, divulgada la semana pasada.
De prosperar definitivamente en la Cámara Baja, el proyecto pasará al Senado Nacional, en el que necesitará de dos vueltas de votación y el apoyo, en ambas instancias, del 60 por ciento de los senadores.
