Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Gómez Álvarez, consideró que la vocación “oficialista” de algunos consejeros electorales que integran la Comisión de Fiscalización permitirá que se salgan con la suya muchos de los candidatos que rebasaron los topes de gasto de campañas en el proceso electoral del 2015, entre ellos algunos de los partidos más señalados como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El perredista explicó que esta característica “oficialista” no sólo se presentaría al interior de la Comisión de Fiscalización sino que puede incidir también en el Consejo General, quien tendrá que validar los dictámenes que presenten tanto la Unidad Técnica de Fiscalización como la comisión del ramo.
“No es tanto él [el titular de la Unidad Técnica] el problema, además están sus jefes, los miembros de la Comisión de Fiscalización y luego la instancia donde se decide que es el Consejo General, que tiene una presencia oficialista durísima, muy fuerte, con mucha frecuencia mayoritaria”, expresó en entrevista para SinEmbargo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene como plazo el 13 de julio para entregar el informe de los ingresos y gastos de 12 mil 789 campañas electorales.
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización son Benito Nacif Harnández, Ciro Murayama Rendón, Enrique Andrade González, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, y Javier Santiago Castillo.
Los tres últimos han sido señalados de pertenecer al llamado G-5, un grupo presuntamente liderado por el consejero Marco Antonio Baños, del cual también es integrante Beatriz Galindo, para votar en bloque en el Consejo General del INE.
Entre las quejas que deberá atender la citada comisión está, por ejemplo, la interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) quien presentó una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contra los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PVEM y su coalición electoral, por el presunto rebase de tope de gastos de campaña.
En la denuncia se detalla que el PRI, el PVEM y sus candidatos realizaron la contratación masiva de espectaculares y propaganda fija que incluía mensajes institucionales y a favor de diversos candidatos.
Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE consideró, además, que el mal diseño institucional de la legislación permitirá proteger las acciones ilegales de aquellos candidatos que gastaron más dinero del permitido y por lo tanto incurrieron en uno de los supuestos establecidos en la Constitución para anular una elección.
El representante del PRD ante el INE se mostró escéptico sobre el nivel de confianza de los partidos de oposición en el trabajo imparcial del director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Eduardo Gurza Curiel, quien se encargará de presentar los informes de los gastos de casi 13 mil campañas electorales. “Ya veremos”, dijo Pablo Gómez.
“Nosotros no confiamos en él [Eduardo Gurza], en lo absoluto. No tenemos ningún elemento que nos lleve a otorgarle una confianza ciega. Sé muy bien que lo que puede hacer también está acotado, tiene limitación, porque carece de los instrumentos y además recibe órdenes”, dijo.
Sin embargo, el perredista consideró que su desempeño no podrá ser peor que el del pasado titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, quien fue despedido en medio de señalamientos de la oposición, porque su trabajo permitió deslindar al Presidente Enrique Peña Nieto del llamado Monexgate.
“Cristalinas se pasó de lanza, era un empleado del Gobierno, no del PRI, era un oficialista, es decir son empleados que están bajo la influencia gubernamental”, recordó.
Cuestionada sobre la posible influencia política externa sobre el llamado G-5 del INE, la ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván Laborde, consideró prudente esperar a conocer el sentido de su voto, y en determinado caso serán ellos quienes deban explicar al Consejo General y la ciudadanía en general los motivos que los llevan a votar en un sentido particular.
“Tendrán que explicarlo jurídicamente, creo que este grupo de cinco consejeros tendrán que explicar el razonamiento de su voto y ver qué es lo que deciden”, dijo la ahora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
¿PROCESO DE FISCALIZACIÓN AMAÑADO?
El INE tiene como plazo el 13 de julio para entregar el informe de los ingresos y gastos de 12 mil 789 campañas electorales, entre las que se encuentran 77 campañas de candidatos a una gubernatura estatal, aproximadamente seis mil de candidatos a presidentes municipales y un número similar de candidatos a una diputación local o federal.
La ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván Laborde, explicó que el modelo de fiscalización de las campañas electorales cambió radicalmente con la ley de 2014.
Anteriormente la fiscalización se hacía ya cerrado el proceso electoral. Los partidos políticos entregaban sus informes en octubre del año de la elección, es decir, cuando “ya se habían declarado todas las elecciones legales, ya se habían entregado las constancias de mayoría, y se habían acabado todas las impugnaciones y entonces venía el proceso de fiscalización”.
Ahora la fiscalización forma parte del proceso electoral y puede incidir en los resultados, con la consecuencia lógica de que se acortaran los tiempos.
“Para ello se generó un sistema de contabilidad y en el cual los partidos políticos y los candidatos, dependiendo cómo distribuyan entre ellos sus responsabilidades, están obligados a subir información durante el proceso electoral de manera cotidiana”, detalló.
Para Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE, sostuvo que el cambio a la legislación en 2014 no significó necesariamente una mejora para sancionar a los infractores de la Ley.
Recordó que el proceso inicia con el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización, pasa por su aprobación en la Comisión del Ramo, posteriormente debe ser aprobado por el Consejo General del INE y finalmente avalado por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.
Todo un proceso engorroso que pasa por demasiadas personal, algunas de las cuales no necesariamente están comprometidas con la imparcialidad.
“En este caso es la ley que está mal. El problema es que está mal no porque no nos iluminó el espíritu santo. Está mal a propósito, y el propósito es controlar a los órganos”, dijo.
“Muchos candidatos a gobernadores especialmente del PRI y del PAN que tiene relación con los ricos, se fueron de bruces con los gastos de campaña. El problema está en que es muy difícil comprobárselo, porque tienen una contabilidad paralela”, explicó.
Se refirió posteriormente al hecho de que en este momento el Tribunal Electoral tiene seis miembros en lugar de siete ya que el Senado de la República cerró su periodo de sesiones sin reunir los consensos necesarios para nombrar al magistrado faltante.
Para Pablo Gómez la omisión legislativa es una orden del Presidente de la República. “En otros países esto sería un escándalo, en México no pasa nada”, subrayó.
PRD PIDE INVESTIGAR AL PARTIDO VERDE EN CHIAPAS
Diputados del PRD presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente por el cual piden que se investigue la serie de irregularidades detectadas en el proceso electoral federal en Chiapas por parte del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre todo ahora que se observan nuevas trampas a la legislación durante el presente proceso de elección extraordinaria, que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Chiapas.
Los perredistas pidieron investigar el posible caso de afiliación colectiva y el uso electoral de programas sociales para favorecer la campaña electoral del PVEM en el estado de Chiapas.
Asimismo pidieron al Tribunal Electoral que anule las casillas atípicas denominadas “casillas zapato”, un fenómeno por el cual todos los votos en una urna coinciden a favor del candidato de un partido político, muchas de las cuales se registraron en Chiapas a favor del Partido Verde.
Además, se demanda a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue el posible desvío de recursos públicos federales destinados a la promoción turística de ese estado y para comunicación social con fines electorales, también a favor del PVEM.
Este punto de acuerdo se presentó en coincidencia con el anuncio que realizó la consejera del INE, Pamela San Martín, por el cual informó que iniciará una investigación a la organización Fuerza Ciudadana Comprometida, registrada como observadora electoral local del proceso, por su abierta promoción a favor del Partido Verde.
Y es que la asociación civil presentó fotos a través de sus redes sociales en las que sus integrantes posan a lado del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, mientras llaman a la afiliación de su partido político.
La consejera Pamela San Martin se pronunció por investigar a la organización, ya que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) prohíbe a los observadores ciudadanos hacer actos de proselitismo a favor de algún partido político.
