SinEmbargo dio a conocer, el pasado sábado 6 de junio, que el Gobernador Rafael Moreno Valle espiaba a opositores políticos. “El mito del espionaje en Puebla es como el de La Llorona. Hasta ahora. Dejó de ser un mito”, dijo en entrevista Fernando Maldonado, periodista poblano. Esa mañana reveló en su columna de e-Consulta un dossier sobre el trabajo de inteligencia que realiza el Gobernador panista. Anunció que tenía más información, entre otra, conversaciones de Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social; o de Alfredo del Mazo Maza, hombre de las confianzas del Presidente Enrique Peña Nieto.
Maldonado contó entonces que llegó un día a su oficina y encontró dos sobres tamaño oficio, cerrados, que decían: “Confidencial”. Adentro había fichas que “fueron trabajadas por alguien que estudió inteligencia: sin faltas de ortografía, bien redactadas”. Agregó que “las fichas no hicieron sino confirmarme lo que ya sospechábamos todos”.
Reveló que Joaquín Arenal, el supuesto cerebro de esta operación de inteligencia, trabajó con Elba Esther Gordillo; es, dijo, un hombre vinculado a trabajos de inteligencia contra Manlio Fabio Beltrones.
Ahora, el periodista da a conocer más información basada en el dossier. Concluye: no sólo son opositores priistas: el Gobernador también somete a escuchas a dirigentes y líderes de su partido, el PAN...
Por Fernando Maldonado, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Margarita Zavala, quien se destapó la semana pasada como aspirante a la Presidencia de la República, está en una lista de personajes del Partido Acción Nacional (PAN) que son víctimas de espionaje político por parte del equipo del Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, de acuerdo con un dossier entregado de manera anónima.
“Los pilares de su estrategia [de espionaje] son sumar al mayor número de adeptos panistas a fin de hacer segura la elección [sic] del candidato a la Presidencia por el PAN, ya sea por convencimiento o por presión”, establece una tarjeta informativa considerada de Alta Prioridad bajo el título: “Razones para operar en el DF”.
“Aquí es donde entra Eukid Castañón: en pos de no afectar el proyecto Presidencial de Rafael Moreno Valle, es que con su equipo de espionaje realizarán dicha tarea en contra de los panistas a nivel nacional, sobre todo las cabezas y líderes (incluyendo a Margarita Zavala) a fin de que en caso de que no apoyen al mandatario estatal, los obliguen a hacerlo con la información que recaben vía la intervención telefónica”, dice el documento. La sintaxis se mantiene íntegra.
Lo mismo sucede con Gustavo Madero Muñoz, el presidente del CEN del PAN y Ricardo Anaya, el coordinador del Grupo Parlamentario, quien aspira a suceder al actual jefe nacional, además de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón.
Apenas se divulgó la primera entrega del espionaje ordenado por el mandatario, el reportero recibió un mensaje de un ex “morenovallista”, el primer secretario de Gobernación en el gobierno del estado que hoy vive en una especie de auto exilio: Fernando Manzanilla Prieto.
El mensaje decía: “La fuerza de Eukid Castañón frente a Moreno Valle es la cantidad de información que posee”.
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El 22 de agosto, a las 9:57 horas, quedó registrado en el equipo de intervención telefónica la conversación entre una Senadora de la República y su hija, que es al mismo tiempo regidora priista en el municipio de Puebla.
Presidenta del Parlamento Latinoamericano y de la Comisión de Cultura senatorial, Blanca Alcalá Ruiz, lamentaba con su hija, Karina Romero Alcalá que su yerno Edgar Chumacero Hernández, el ex atleta que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas, “todo lo que le ofrecen le parece poquito”.
–… Me dijo Ivonne [Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN del PRI] que se fuera a Organización [Secretaría de Organización del PRI] y Edgar no quiere, bueno la verdad que ya ni le insistí […], además debe atender su carácter, porque además conmigo es súper grosero […]. Así no vamos a llegar a ningún lado, ni él ni yo. ¿No crees?
El 25 de noviembre de 2014, a las 20:05 horas, el representante del CEN del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, el Diputado federal Enrique Dóger Guerrero, habló con una persona a quien no se le pudo identificar. El hilo de la charla es evidente:
–¿Qué pasó Enrique?
–¿Qué pasó? ¿Qué hay?
–Nada más te comento rápido. El cuate este que te comenté que se había ido, Zeferino [Peña Vera, actual secretario de Juntas Auxiliares del PRI en el municipio de Puebla], de la gente de Enrique Agüera, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla y ex candidato a Edil de la capital por el PRI, empezó a trabajar él y mucha gente directa y abiertamente para Andrés Manuel López Obrador.
El resto de la conversación entre el legislador priista y su interlocutor tiene que ver con la sucesión gubernamental de 2016 en Puebla, de la que él mismo se dice dispuesto a volver a disputar como ocurrió en 2010, cuando perdió la nominación frente a Javier López Zavala, también Diputado federal.
“No tiene tanta fuerza un pendejo” revira Doger Guerrero cuando su interlocutor narra una conversación entre José Chedraui, dirigente municipal priista con Ivonne Ortega, secretaria general del PRI, en donde lo acusa de que “nos está partiendo la madre” por no haber hecho caso al Diputado federal.
El 28 de febrero a las 10:10 de la mañana, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, levanta personalmente el teléfono. Del otro lado de la línea se escucha la voz del subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós que dice:
–Bueno…
–Hola Juan Carlos –contesta la Secretaria de Estado.
–Secretaria, estoy aquí con Roberto (ininteligible). Le quiero consultar un tema y le pedí que nos ayudara a tomar un acuerdo en este momento para que la Comisión de Gasto y Financiamiento de todas las secretarías dé seguimiento al acuerdo que hubo en diciembre, se modificaran las reglas de operación para beneficiar la Cruzada (Contra el Hambre).
Son fragmentos de conversaciones telefónicas capturadas desde un sofisticado sistema de espionaje telefónico con propósitos políticos implementado por gente del primer círculo del Gobernador de Puebla.
En la bitácora de grabaciones cuyas transcripciones obran en poder del reportero está el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el ex director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza; Víctor Manuel Giorgana, Diputado federal electo; el delegado de Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet y una larga lista de personajes de menor rango, todos ellos inmersos directa o indirectamente en el proceso de selección del candidato del PRI a la gubernatura en 2016.
Y aunque en una primera entrega periodística del trabajo de espionaje del que se ha responsabilizado al Diputado local por el PAN, Eukid Castañón Herrera, el pasado 6 de junio, ninguno de los personajes convertidos en objetivos del trabajo de escrutinio sin consentimiento ha reportado haber presentado denuncia penal.
“Sería ilegal”, se limitó a responder en forma escueta el subsecretario de Sedesol, Juan Carlos Lastiri, cuando se le preguntó su postura respecto a la actividad furtiva a la que está dedicado el operador del Gobernador de Puebla.
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Se trata de un grueso expediente integrado por copias simples con las leyendas: “Seguimiento permanente de las llamadas telefónicas de …” y así, el nombre y cargo del personaje convertido en “objetivo” del espionaje telefónico descrito en otro legajo de tarjetas.
Diálogos con personajes de la política nacional como el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; con perfiles locales como la presidenta del PRI estatal, Ana Isabel Allende Cano; Víctor Manuel Giorgana Jiménez, actual candidato a Diputado federal; con el Delegado de Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet; y hasta Edgar Chumacero Hernández, yerno de Alcalá Ruiz.
Por ahí también están las conversaciones de Mónica Barrientos Sánchez, secretaria general del PRI municipal; Juan Carlos Natale, el Diputado local del Partido Verde y hasta Edgar Salomón Escorza además de un largo etcétera de personajes públicos.
Una “tarjeta informativa” de “prioridad alta” establece que a la cabeza del trabajo de espionaje está el Diputado local Eukid Castañón Herrera que pagaría a una veintena de personas “vía la Contraloría otorgando plazas de por lo menos 20 mil pesos al personal analista y operativo, triangulando su pago a través de terceras personas para evitar ser detectados”.
El personal al servicio del aparato entero al servicio del panista fue capacitado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (MOSSAD, por sus siglas en hebreo), a través de Joaquín Arenal Romero, ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), convaleciente de una intervención quirúrgica que lo tiene fuera de circulación.
El equipo funcionó detrás de una fachada ubicada Instituto Técnico de Comercio Exterior en la calle 1ª cerrada Cadete Vicente Suárez 2103 en la colonia Bella Vista, hasta que el Diputado federal Enrique Doger acusó directamente a Castañón Herrera del robo en sus oficinas en Chula Vista, el agosto de 2014.
Otra de las tarjetas informativas de “prioridad alta” narra que el búnker para el espionaje de los personajes incómodos al grupo del Gobernador Rafael Moreno Valle está en “proceso de mudanza” al Distrito Federal (…) Esto obedece a la necesidad del diputado local para espiar a los panistas de primer nivel (sic) en aras de hacerlos partícipes del proyecto presidencial del Gobernador Rafael Moreno Valle”.
Otros dos documentos similares hablan de la adquisición de equipo en dos momentos diferentes.
Uno por 17 millones 936 mil pesos; el otro por 14 millones 999 mil y cuenta con funciones propias de “un clonador a través del programa ‘Hunter’ el cual tiene la particularidad no sólo de clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, sino de extraer información tanto del SIM como de la memoria interna”.
Los contactos, mensajes de texto y archivos guardados son objeto de ser sustraídos, dice el texto de la tarjeta informativa.
Sin embargo, añade el informe, no puede interceptar o extraer mensajes vía WhatsApp por una razón: los diseñadores de esta plataforma de comunicación “no cuenta con un histórico acumulado, lo que significa que su temporalidad en bases no es mayor a dos días”.
