Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Al tiempo que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anuncia que próximamente se dará a conocer la estrategia de las primeras contrataciones para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), éste es parte de un litigio interpuesto por pobladores de las comunidades que se verán afectadas por las obras del que se pretende sea un nuevo aeródromo para la zona central del país.
El caso incluso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si es que alguno de los cinco Ministros integrantes de su Primera Sala decide atraerlo. Apenas el pasado 10 de junio, esa Sala emitió un acuerdo en el que le pide al Segundo Tribunal Colegiado –donde se desahoga la demanda de amparo contra actos relacionados con el proyecto del nuevo aeropuerto– que suspenda el procedimiento en curso en tanto no defina si atraerá el caso o no, de acuerdo con el abogado de los pobladores inconformes, Ricardo Lagunes.
En entrevista con SinEmbargo, el defensor explicó que son más de 70 pobladores de ocho comunidades que serían afectadas por las obras del NAICM quienes interpusieron un juicio de amparo el pasado 8 de enero ante el Juzgado Noveno de Distrito en Nezahualcóyotl, Estado de México. Entre ellas se encuentran los poblados de San Salvador Atenco y San Cristóbal Nexquipayac, en el municipio de Atenco, y San Miguel Tocuila, y de Texcoco.
La demanda de amparo se interpuso en contra de 23 actos de autoridad, entre ellos la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del NAICM, concedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la asignación de recursos públicos por parte de la Cámara de Diputados a dicho proyecto, como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Lagunes expuso que se impugnó la resolución de la MIA porque no se realizó una consulta a todas las comunidades que serán afectadas, y considera que con su aprobación se vulneran los derechos a la salud, a un ambiente sano y al acceso al agua de los pobladores de los municipios en los que el proyecto tendrá impacto. Además, el amparo busca defender el reconocimiento de esas comunidades como pueblos originarios, descendientes de los pueblos acolhuas y chichimecas. Tal reconocimiento supondría la obligación del Estado mexicano de consultarles de forma previa, libre e informada sobre el proyecto, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
El proyecto del NAICM fue dado a conocer el pasado 2 de septiembre de 2014 por el Presidente Enrique Peña Nieto y se trató de la primera propuesta planteada tras el fracaso de construir un nuevo aeropuerto durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) en los municipios de Atenco y Texcoco, ante la oposición de pobladores de esas demarcaciones a que sus tierras fueran expropiadas.
El proyecto de Peña Nieto modificó el área donde se pretende desarrollar el nuevo aeródromo y lo limitó a terrenos dentro de la zona federal del ex Lago de Texcoco. Sin embargo, pobladores de San Salvador Atenco, que han mantenido su oposición a un proyecto de aeropuerto en la zona, han señalado que la nueva propuesta abarca sus terrenos. Además, tanto ellos como habitantes de comunidades aledañas, como San Miguel Tocuila y San Cristóbal Nexquipayac, temen por las afectaciones que la construcción y operación de un aeropuerto conllevará, particularmente en cuanto al acceso a servicios y afectaciones medioambientales.
El nuevo aeropuerto, como toda obra, requiere de una evaluación de impacto ambiental a fin de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, y regular las obras o actividades a realizar para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y la salud humana, de acuerdo con lo asentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El objetivo de la evaluación de impacto ambiental es la sustentabilidad de un proyecto, para lo cual debe considerar además de la factibilidad económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales.
Parte del proceso de evaluación de impacto ambiental es la consulta ciudadana, que se realiza a petición de parte. En el caso del proyecto del NAICM, ésta se realizó el pasado mes de octubre, pero en lugar de hacerse en Atenco o Texcoco, que serán los municipios donde se pretende construir el nuevo aeropuerto, se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec.
A la consulta acudieron lo mismo académicos que empleados del municipio. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) –organización que congrega a los pobladores de Atenco opositores a un proyecto de aeropuerto y quienes también asistieron a la consulta– consideraron que se trató de una “simulación”, pues no buscó convocar a los ciudadanos que realmente resultarán afectados.
La MIA finalmente fue aprobada por la Semarnat el 16 de diciembre de 2014.
DETENER EL PROYECTO, LA PRIORIDAD
El 8 de enero de 2015, los más de 70 inconformes con el proyecto del NAICM presentaron un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México. El juicio de amparo, registrado bajo el folio 14/2015, no procedió. El argumento para declararlo improcedente, recordó Lagunes, fue que la solicitud era extemporánea.
Sin embargo, los representados por Lagunes se inconformaron con esa resolución e interpusieron un recurso de queja ante el Segundo Tribunal Colegiado, que ordenó que se admitiera la demanda de amparo.
El trámite de la demanda comenzó el 13 de marzo. Lagunes refirió que solicitaron la suspensión de todos los actos de autoridad relacionados con la implementación del proyecto. El propósito era que hasta que no se resolviera el juicio de amparo no iniciara ninguna obra relacionada con el nuevo aeropuerto. Pero el juez negó, primero, la suspensión provisional, y luego la suspensión definitiva.
El argumento para negar la suspensión, dijo Lagunes, fue que una obra pública de esa dimensión estaba por encima de los intereses de los quejosos.
Lo siguiente para el abogado y sus representados fue interponer un recurso de revisión contra la negativa de la suspensión, el cual se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado bajo el expediente 177/2015.
Pero los inconformes solicitaron también a la Primera Sala de la SCJN –máximo órgano del Poder Judicial en el país– que atrajera el caso dada su relevancia.
“No solamente por la relevancia social o política que pueda tener uno de los proyectos más importantes del sexenio, sino porque nos están negando la suspensión a pesar de que nuestra intención es proteger derechos constitucionales”, expuso Lagunes.
El defensor explicó así cuál es la esencia del litigio que han emprendido contra el proyecto más importante del Gobierno federal:
“Lo que le pedimos a la Corte es qué pasa cuando alguien pide la protección de un derecho constitucional frente al interés del Estado de imponer una obra pública. Ambos, tanto la obra pública como el derecho constitucional que se quiere proteger es de orden público y de interés social, o sea en una balanza tendrían el mismo peso pero en la vida real, legalmente hablando, ¿cuál debería tener mayor valor o a cuál debería prevalecer sobre el otro?”.
El pasado 10 de junio, la Primera Sala de la Corte emitió un acuerdo pidiendo al Segundo Tribunal Colegiado que suspendiera el procedimiento del recurso de revisión y que no lo resolviera hasta que esa instancia definiera si atrae el caso o no.
No hay una fecha límite ni un plazo para que la Primera Sala emita su resolución, pero para Lagunes la petición hecha al Segundo Tribunal Colegiado si bien no es una garantía, sí es una señal positiva.
“Por lo menos está dando señales de que tiene un interés en el caso, si no ya nos hubieran desechado inmediatamente el asunto”, valoró.
Lagunes explicó que lo que se busca es suspender las acciones o trámites relacionados con la implementación del proyecto del NAICM, pero como hasta ahora no ha habido ninguna orden judicial en ese sentido, la obra puede seguir avanzando.
“Para nosotros es importante lo que vaya a resolver la Corte o el Tribunal Colegiado sobre esa suspensión, porque eso definirá mucho el rumbo que vaya a tomar no solamente lo legal, sino también en lo social la implementación del proyecto”, dijo.
Aunado al proceso jurídico que siguen, los inconformes con el proyecto del NAICM también han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para las comunidades que serían las afectadas.
El pasado 25 de marzo, la CIDH les informó que había recibido la petición, pero aún están a la espera de que les comunique si le dará entrada a la solicitud y ya sea que pida información al Estado mexicano o le solicite que proteja los derechos de las comunidades.
“Para nosotros sí es importante elevar el nivel de deliberación del caso, llevarlo a las máximas instancias del Estado por si tenemos que llegar a la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] u otras instancias internacionales”, explicó el abogado. “Siempre al Estado se le dio la oportunidad de proteger los derechos de las comunidades. Si ellos en su momento llegaran a desechar o a no ejercer la facultad de atracción por la razón que sea, nosotros estamos agotando todas las vías posibles para que haya una decisión de una instancia del Estado que intervenga sobre estos megaproyectos, porque no es posible que no haya ningún contrapeso al poder”, dijo el defensor.
SCT ALISTA PAQUETES DE LICITACIONES
El mismo día que la Primera Sala de la SCJN emitió el acuerdo para que el Segundo Tribunal Colegiado suspendiera el procedimiento respecto al recurso de revisión interpuesto por los posibles afectados por el NAICM, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, anunciaba que entre la última semana de este mes y la primera de julio se dará a conocer la estrategia de contratación de los primeros paquetes de obra para la construcción del nuevo aeropuerto.
El funcionario refirió que se buscará que los paquetes de licitaciones se hagan por especialidad y aseguró que cada uno de los procesos de contratación estará sometido a medidas para garantizar su transparencia y legalidad. Parte de esas medidas será contar con un portal de transparencia especifico que permita hacer públicas todas las contrataciones desde el inicio.
De acuerdo con la información disponible en el portal electrónico del proyecto del NAICM, éste tendrá un costo de 169 mil millones de pesos tan sólo en su fase inicial; de ese monto, a la fecha se han gastado 5 mil 362 millones 24 mil 27 pesos.
La mayor parte de esos recursos (99 por ciento) se han erogado en servicios relacionados con la obra, como la gerencia del proyecto integrador, que estuvo en manos de Parsons International Limited, CH2M Hill y FOA Consultores, y el proyecto de diseño y arquitectura del nuevo aeropuerto, que fue hecho por Foster and Partners Limited y FP-Free, Servicios Smart Free A Tu Nivel, por un monto de mil 841 millones 753 mil 116 pesos.
En cuanto a la obra pública, la información disponible únicamente refiere contrataciones para la construcción de caminos de acceso a la zona del edificio terminal de la primera etapa y la construcción de accesos y plataformas para la exploración geotérmica para la Pista 2, así como el servicio de extracción de ademes (tablones) y la restitución del terreno que éstos ocupan.
