En el norte sinaloense, el fenómeno del desplazamiento siempre se ha explicado a través de la sombra deforme del narcotráfico; pero Sibajahui, una comunidad de indígenas mayos, ve que su despojo se debe a otro motivo: el progreso marcado desde el Gobierno federal con la Reforma Energética que ahí se materializó con una de sus obras estelares, el gasoducto El Encino-Topolobampo.
Ahí en Sibajahui ya se instaló el miedo. Pero no es al tradicional paso de células de traficantes rumbo al disputado Triángulo Dorado, situado algunos kilómetros arriba. Es a que vaya a suceder lo mismo que en Mazatlán, alrededor de la presa Picachos, donde 810 familias fueron despojadas y hoy ninguna estadística conoce dónde están. O que pase lo que en Choix, donde la Minera Paradox Global Resource intentó explotar la tierra fértil de hierro y sacó a otras 800 familias –también indígenas- de la comunidad de Potrero de Cancio. En el primer caso, el líder de los despojados, Atilano Román Tirado, murió de un balazo en la cara. En el segundo, el líder de los despojados, Ramón Corrales Vega, murió de varios tiros de rifle, que le dieron en el corazón.
A tres pesos el metro cuadrado, los indígenas mayos le rentaron el ejido a la Compañía Transportadora de Gas del Noroeste, propiedad de la empresa canadiense TransCanada Pipelines LTD. Pero en realidad, este abaratamiento de su tierra no es su problema. Con la llegada del Gasoducto, se descubrió que el ejido no era suyo, sino de Humberto Vargas Landeros, hermano del Secretario de Gobierno, Gerardo Octavio, quien lo compró casi en secreto. Y quiere que dos mil familias de mayos se vayan de Sibajahui para negociar él solo con la empresa transportadora de gas. Por eso los demandó. A ellos, que han estado ahí cientos de años. Y por eso el miedo.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Heliodoro Gaxiola repite: “¡Nos van a sacar!” “¡Nos van a sacar!” “¡Ya nos sacaron!”. Mire, ni el viento de huracán, ni la locura del río, ni los gavilleros lo habían hecho. Pero tuvo que llegar el gasoducto. Ese sí nos sacó a la desgracia porque resultó que Sibajahui no es de nosotros”. Cincuenta y ocho años, ejidatario, piscador de sorgo y ajonjolí, suelta esas palabras porque teme que una de las obras estelares de la Reforma Energética, el gasoducto El Encino-Topolobampo, termine por vaciar de gente a Sibajahui, su ejido; ahí donde vive la comunidad originaria de los Mayos y están enterrados sus abuelos y los padres de sus abuelos.
Sibajahui es una mancha de tierra en la cordillera de la Sierra Madre Occidental, atravesada por el Río Fuerte. Un rincón del planeta donde han habitado por siglos grupos de mayos, zoques y tehuecos, y que si la Organización Mundial de la Salud se propusiera un estudio lo declararía pandémico. Más de 5 mil muertos entre 2000 y 2015 en ese sitio desde donde puede verse bien el cerro de El Dedo, llamado así por la gigantesca piedra que tiene encajada con forma de pulgar. Cientos de miles de casquillos de bala regados sobre la carretera o en la ribera del río que al menor viento se revuelve. Y es extraño, pero en Sibajahui, la muerte no preocupa. Lo que pega es perder la tierra y tener que alistar las cosas para salir en estampida.
La explicación de los especialistas sobre el fenómeno del desplazamiento en Sinaloa jamás ha dejado fuera a la violencia porque como bacteria intentó en los últimos diez años infectar y dañar a través de los grupos de narcotraficantes y la impunidad del Gobierno del Estado. Sibajahui está justo en el camino hacia ese triángulo donde Sinaloa se une en sus vértices con Durango y Chihuahua, el territorio bajo la disputa de las células surgidas del desmembrado Cártel de los Beltrán Leyva y las células del desmembrado Cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
“¿Pero quién iba a pensar que la maldición sería otra, oiga? ¿Quién iba a pensar que la inversión lo sacara a uno? ¿Quién se imagina eso si el gas no va a pasar de contrabando? ¿Será posible eso? Ya de plano –repite Heliodoro. Está hablando del Gasoducto El Encino-Topolobampo, cuyo tubo están enterrándose en su ejido.
El gasoducto El Encino-Topolobampo implica excavar en unos 530 kilómetros por profundos barrancos y enormes montañas, desde Sinaloa hasta Chihuahua. Se trata de uno de los cinco que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en las primeras acciones permitidas por la nueva normativa que implicó la Reforma Energética, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, y que permite capital extranjero en yacimientos pétreos. Los otros son Ojinaga-El Encino; Sásabe-Guaymas, Guaymas-El Oro, El Oro-Mazatlán y Ramal-Tula.
La licitación de El Encino-Topolobampo la ganó la Compañía Transportadora de Gas del Noroeste S de RL de CV, propiedad de la empresa canadiense TransCanada Pipelines LTD. Para que la empresa iniciara los trabajos, los indígenas mayos le rentaron la tierra a tres pesos el metro cuadrado. Pero pronto, la directiva del Ejido se dio cuenta que los comuneros no podrían cobrar esa cantidad: la tierra ya no era suya. En 2011, Sibajahui había sido vendido completo por la directiva ejidal a Humberto Vargas Landeros, hermano del Secretario de Gobierno del Estado, Gerardo. Pero los sibajahuis no lo sabían.
Humberto Vargas Landeros quien sostiene que esa tierra es de su propiedad interpuso una demanda en contra de los mayos de Sibajahui. Quiere el dinero que pagó la empresa transportadora de gas y que los de ahí, dejen la tierra donde están enterrados sus abuelos y sus tatarabuelos y muchos ancestros que se encuentran en el tiempo en cuanto uno empieza a platicar en las noches de calor de Sibajahui (SinEmbargo tiene copias de los documentos).
Y por eso el miedo. Ahí se tiene miedo a que vaya a suceder lo mismo que en la tierra que rodeaba a la presa Picachos, entre los municipios de Mazatlán y Concordia, donde 810 familias fueron despojadas. O que pase lo que en Choix, donde la Minera Paradox Global Resource intentó explotar la tierra fértil de hierro y sacó a otras 800 familias –también indígenas– de la comunidad de Potrero de Cancio. En el primer caso, el líder de los despojados, Atilano Román, murió de un balazo en la cara. En el segundo, el líder de los despojados, Ramón Corrales Vega, murió de un disparo de rifle que le dio en el corazón.
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Por violencia, en los últimos doce años, 25 mil personas se desplazaron en Sinaloa de sus tierras, según la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado. Es una cantidad que supera al desplazamiento forzado en Honduras y en El Congo, de acuerdo con datos del Observatorio Interno del Consejo Noruego para Refugiados, compilados hasta finales de 2013.
Son estadísticas surgidas en el registro del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Son hombres, mujeres y niños aterrorizados por el sonido de bala o el paso loco de camioneta. No es para menos. Muchos traen en la memoria cómo mataron a familias enteras en las rancherías, en los poblados lejanos de la carretera. Vieron para no olvidar cómo el río traía cuerpos podridos. Otros perdieron a hermanos, amigos; padres o madres.
Pero el comisionado de Enlace con Instituciones de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), Óscar Loza Ochoa, estima en entrevista que en esos números faltan los otros, los despojados de la tierra.
“Por más que tengan cara de problemas agrícolas, el desplazamiento por conflictos en ejidos también es violencia. Los grupos económicos arriban a la región, el dinero se mueve, todos ganan, pero los ejidatarios indígenas que muchas veces no saben qué es lo que ocurre porque todo se contrapone con su cosmovisión, son los perdedores”, expone.
A los desplazados por narcotráfico, la misma comisión los ha ubicado en casas abandonadas o de parientes. Ahí están, respirando el aire ajeno; pero visibles. En cambio, a los desplazados de los megaproyectos no se les vuelve a ubicar. Se dispersan en la nada. No hay estudio que los haya localizado.
Abel Meza Sandoval, defensor de derechos humanos en esa región, ha investigado qué es el miedo en Sinaloa. Y dice que si bien las acciones vinculadas con el narcotráfico no pueden negarse como factor de un serio temor social, otros problemas se desgranan. “Los indígenas dueños de ejido son quienes más lo han incubado porque creen que los megaproyectos no son sinónimo de empleo ni de prosperidad; sino de despojo”.
Por lo pronto, el gasoducto en Sinaloa no ha activado los indicadores económicos. Según el cálculo del economista e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Leobardo Diez Martínez, el proyecto empezará a detonar la economía en unos cinco años más; es decir a mediados del próximo sexenio del gobierno estatal. Este experto en la región describe un estancamiento debido a la dependencia de las actividades primarias; es decir, la agricultura y la pesca.
Ese panorama lo refrenda Heliodoro, un sibajahui: “En nuestro Ejido nosotros levantamos sorgo y ajonjolí, o pescamos. A veces sí hay necesidad. Pero a veces uno siente que está en una tierra suya donde a veces todo va muy bien y a veces, todo va muy mal. Pero está uno en la tierra suya”.
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Los habitantes –todos indígenas– de Sibajahui, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, le escribieron una carta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que invalide los contratos de usufructo de su ejido a favor de Vargas Landeros. Heliodoro explica que debido a las elecciones no ha respondido; pero está seguro que en cuanto lleguen a sus manos, esas letras van a cambiar el destino. “Se lucha hasta que ya se muere la esperanza, pues”, sostiene.
En la carta, le dijeron al Primer Mandatario:
“… Arbitrariamente (se) tomó la decisión de ceder los derechos al Sr. Mario Humberto Vargas Landeros, (quien es hermano del actual Secretario de Gobierno del Estado de Sinaloa, el Señor Gerardo Vargas Landeros) quien en complicidad con la mesa directiva del Ejido Sibajahui que en ese momento estaba en funciones (2006) alteraron el contrato de usufructo en donde comprometieron a toda superficie del ejido Sibajahui incluida la zona urbana …”.
Le dicen también:
“Es justo decirle a usted que nuestro ejido Sibajahui está conformado en su mayoría por gente de origen indígena, noble y pobre”.
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La última hora de Atilano Román Tirado fue transmitida por radio. Como todos los sábados, conducía “Aquí es mi tierra”, un programa semanal emitido en la cadena ABC de Mazatlán. Sones con banda, el clima, la historia de Sinaloa, asuntos agrarios y el desplazamiento del ejido que rodeaba la presa Picachos eran los temas de Atilano. Pero esa plática suya fue interrumpida frente al micrófono. Los tres que sobrevivieron en la cabina gritaron: “Lo mataron”. Y eso fue lo último que escucharon los oyentes del programa; además de un balazo.
Luego, los sobrevivientes del atentado, revelaron que el balazo se lo dieron en la cara tres encapuchados que entraron a la estación de radio, después de violar todos los controles.
Atilano Román era el líder del movimiento de desplazados por la construcción de la presa Picachos, emprendida en 2006 por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada y cuyo cordón cortó el siguiente Primer Mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, en 2012. Sus últimos años los pasó en la lucha para que les cubrieran las liquidaciones a 800 familias por 594.4 hectáreas de las que fueron desalojadas, entre los municipios de Mazatlán y Concordia.
La bitácora de hechos del fenómeno del desplazamiento por tierra, en Sinaloa, arroja otra última hora, la de Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado ejidal del Cajón de Cancio, en el municipio de Choix. Fue asesinado con rifles automáticos en 2013 en un rancho de la comunidad de Huiyachapa. Se oponía a la pretensión del Gobierno del estado de entregar la veta de hierro a la minera Paradox Global Resources (hoy suspendidas sus labores).
No sólo fue la muerte. También la cárcel fue parada de quienes se opusieron a dejar sus tierras para que esa mina pudiera operar. 17 ejidatarios permanecieron en la prisión del ejido de Felipe Ángeles durante un año. Ya viven en libertad.
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En mayo de 2014, llegó al puerto de Topolobampo la tubería con la que se completaría el material requeridos para construir el gasoducto. En el mismo mes, cerca de Sibajahui aterrizaron cuatro helicópteros. Venían ahí el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el Gobernador Mario López Valdez; el coordinador de Proyectos Estratégicos, Francisco Labastida Gómez de la Torre; y su padre, Francisco Labastida Ochoa. Durante unos minutos caminaron sobre la tierra suelta. Firmaron sobre los tubos como símbolo del arranque de la construcción. No visitaron ningún ejido aledaño. Antes, ninguno había negado que este gasoducto detonaría el progreso de Sinaloa con el impulso a la economía.
Sinaloa de los desplazados no es Sinaloa del progreso.
