Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con votos a favor una multa por 322.4 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por recibir aportaciones en especie por parte de legisladores y grupos parlamentarios del propio instituto político y violar así el principio de equidad en la contienda.
De acuerdo con el proyecto de la Comisión de Fiscalización del INE, la sanción que debe imponerse al PVEM debe ser superior al monto del beneficio obtenido en razón de la trascendencia de la norma trasgredida al haber recibido una aportación de ente prohibido por un monto de 109 millones 765 mil 199 pesos, por lo que procede sancionar a la fuerza política con una sanción económica equivalente al 200 por ciento del monto involucrado.
Sin embargo, señalaron, no debe obviarse que los recursos obtenidos ilícitamente por el partido se destinaron a un fin no permitido por la normatividad electoral: la realización de una campaña permanente y de sobreexposición en favor del Verde Ecologista, lo que que constituye una agravante que incrementa la sanción en un 100 por ciento del monto involucrado.
A propuesta del Consejero Benito Nacif Hernández se propuso reducir la cifra basa a 107 millones 485 mil 327 pesos debido a que dos millones fueron aportaciones de los legisladores, lo cual fue aprobado con diez votos a favor. Mientras que la sanción elevada al 300 por ciento se mantuvo con una mayoría de ocho votos.
En consecuencia, se concluyó que la sanción que se debía imponer consiste en una reducción del 40 por ciento de la ministración del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de 322 millones 455 mil 711 pesos.
En esa tesitura se consideró que al instituto político se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el 2015 un total de 323 millones 233 mil 851 pesos, de los cuales 26 millones 936 mil 154 pesos son para el sostenimiento de actividades ordinarias.
Durante la sesión, el Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello explicó que la Comisión de Fiscalización está proponiendo al Consejo General sancionar al Partido Verde Ecologista de México por dos aspectos: por haberse beneficiado de una aportación de 109.7 millones de pesos de la fracción parlamentaria de dicho partido en el Congreso de la Unión, y un grupo adicional de legisladores, y dos; porque esos recursos contribuyeron a la propaganda destinada a promocionar al partido en los medios de comunicación.
Agregó que en el proceso de investigación y auditoría, la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica, acreditan que el Partido Verde se benefició indebidamente con la difusión de 293, 321 promocionales a través de 42 concesionarios de televisión abierta, de 6 de televisión restringida y una radiodifusora.
"Pese a que el partido sostiene que fueron recursos destinados a informes de los legisladores involucrados, con base en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con las campañas publicitarias del Partido Verde, es claro que los promocionales en cuestión no cumplen con los requisitos de periodicidad, inmediatez, temporalidad, forma y contenido", dijo.
Por lo anterior, mencionó que el Partido Verde está afectando el principio de equidad dispuesto en la Constitución. "Si la equidad en el financiamiento electoral garantiza contiendas equitativas, los actos que las violentan deben ser sancionados con absoluta severidad, pues lastiman el acuerdo político plasmado en las reglas del juego y cuyo cumplimiento da sentido a la democracia", afirmó.
El representante del PVEM, Jorge Herrera, aseguró que le parece errónea la valoración, pero que van a acatar la decisión de la Comisión de Fiscalización.
Durante la mañana en conferencia de prensa previa a la sesión extraordinaria del Consejo General, legisladores del PVEM afirmaron que "no han hecho ningún acto ilegal"; y que no se compraron spots con prerrogativas de los grupos parlamentarios sino que lo que se contrató fue la obligación de hacer sus informes legislativos lo que está establecido en la ley electoral y se interpreta como un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía que le dio su voto.
El Senador Carlos Puente Salas expuso el posicionamiento a nombre de grupos parlamentarios de las Cámaras de Diputados y Senadores en el que lo que han hecho es ejercer su derecho a informar a los ciudadanos y que la difusión de los promocionales cumplen con requisitos de autoridad electoral y están apegados a derecho.
El legislador señaló que todo se debe a una campaña en su contra, por lo que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por considerar que la sanción impuesta y el modelo de comunicación política violan derechos humanos establecidos en la convención interamericana y relacionados con las garantías y el debido proceso, la libertad de expresión y los derechos políticos.
